Moncloa irrita a los jeltzales al persistir el bloqueo para reformar la 'Ley Mordaza'

PSOE y Podemos se dan otra semana para negociar las enmiendas de su reformulación

26.10.2021 | 15:23
Aitor Esteban, con gesto de pedir explicaciones desde su escaño en el Congreso.

"Y una vez más se prorrogan los plazos de enmienda a nuestra reforma de la Ley Mordaza. ¿Pero no habían dicho que se desbloqueaba? En fin". Las palabras de Aitor Esteban denotan el malestar en el seno del PNV después de que ayer martes PSOE y Unidas Podemos acordaran darse otra semana más para intentar negociar las enmiendas para su reformulación en un clima de creciente desconfianza entre los socios del Ejecutivo. Aunque fuentes parlamentarias indican que ya no se volverá a ampliar el plazo, hasta la fecha se ha extendido hasta en 40 ocasiones. La tramitación parlamentaria encalló en septiembre de 2020 tras el respaldo de la mayoría de grupos a la propuesta jeltzale, impulsor de la revisión que se vio truncada en 2019 por las elecciones generales. Pero el propio Pedro Sánchez se comprometió recientemente a reactivar la reforma, tal y como anunció en la clausura del Congreso Federal del PSOE.

El anuncio ha irritado a la formación jeltzale después de que la pasada semana, en medio de la tempestad por las declaraciones de Arnaldo Otegi que vinculaban las Cuentas a la salida de los presos de ETA, hasta dos ministros del Gobierno garantizaran a modo de gesto que este martes se iba a desbloquear la proposición de ley de los nacionalistas. Finalmente, los socialistas han acabado pidiendo una nueva prórroga con el fin de aclarar aspectos de la reforma, sobre todo lo relacionado con las devoluciones en caliente de los inmigrantes. Desde la dirección de Podemos accedieron con una confianza bastante limitada ya que el escenario en que se mueven ambos partidos raya la zozobra, con varios frentes abiertos, pese a reconducir el tema de la reforma laboral. Además, si la tramitación se reactiva en la Mesa de la próxima semana, eso no implica que vayan a alcanzar un acuerdo para registrar conjuntamente los cambios pretendidos en la ley.

Discrepancias


En cuanto al elemento central donde más chocan, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quiere mantener las devoluciones en caliente en la nueva formulación de la Ley de Seguridad Ciudadana, mientras que la marca morada exige su eliminación de la norma. Desde Unidas Podemos recalcan que hay que crear un nuevo marco que no vulnere el derecho a la manifestación y que acabe con esas devoluciones, una práctica que a su juicio atenta contra los derechos de las personas como ya han denunciado las organizaciones sociales. Pero hay otras cuestiones controvertidas: entre ellas, la regulación de las manifestaciones y las protestas ante el Congreso, el tiempo de retención de una persona para su identificación, los registros corporales, las sanciones por el consumo de drogas en la vía pública, las grabaciones a policías o la elevada cuantía de las sanciones por faltas leves y graves.

La Ley Mordaza fue aprobada por el PP en 2015 cuando mantenía la mayoría absoluta en el Congreso. En ese momento, la oposición, liderada por el PSOE, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra muchos de los preceptos de la ley, pero el Tribunal Constitucional avaló el pasado noviembre casi todos los aspectos más polémicos. Desde el bando socialista han proclamado su intención de tumbarla numerosas veces pero la pretensión sigue sin llegar a buen puerto. Para más inri, con un dato no poco curioso, y es el importante incremento en su utilización durante el confinamiento para la interposición de multas.

Dos legislaturas fallidas, un adelanto electoral y la emergencia sanitaria han contribuido a retrasar la reforma integral de la ley. El PNV siempre ha considerado que una normativa de seguridad ciudadana debe fijar un equilibrio entre la seguridad y los derechos fundamentales de las personas "que siga la suerte de los tiempos", como afirmó el jeltzale Mikel Legarda. Y es que tal y como está en vigor, ni se respeta el derecho a la manifestación, a la reunión y a la intimidad de la persona, ni el derecho a la información; además de contemplar un régimen sancionador excesivamente exacerbado y no atender suficientemente las condiciones particulares del infractor, es decir, el principio de culpabilidad. El desaire al PNV llega además en un momento donde sigue sin estar despejado del todo su respaldo a los Presupuestos de Sánchez.

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