La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo inadmitió ayer martes los recursos del PP y Vox contra el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado al entender que hay una falta de legitimidad activa de ambas formaciones. La votación de la Sala se resolvió por cinco votos contra dos, y los magistrados que abogaban por la legitimidad para presentar recurso anunciaron votos particulares.
De esta forma, el Supremo no entró a valorar la idoneidad o imparcialidad del nombramiento de Delgado por Real Decreto del 25 de febrero de 2020 dado que zanja el asunto en un paso previo, la legitimidad de los denunciantes para recurrir el nombramiento. La sentencia se hará pública en los próximos días, y el PP ya ha adelantado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
La decisión llega después de que el tribunal optara por mantener el asunto sobre la mesa tras inadmitir en un primer momento la pretensión de la Abogacía del Estado para que los recursos fueran declarados inadmisibles. Alegaba la falta de legitimación activa de ambos partidos para recurrir el nombramiento instado por Moncloa. Ahora, la postura de los servicios jurídicos del Estado se ve respaldada por la decisión de la Sala.
Ante el argumento de la Abogacía, el PP respondió que debería tenerse en cuenta que la labor de Delgado es susceptible de afectarle "respecto de los diferentes procedimientos judiciales en curso" en los que los populares son parte. Añadió que además, como primer partido de la oposición, debía ejercer control sobre los "actos de Gobierno, tanto parlamentariamente como también mediante la interposición de los oportunos recursos ante la jurisdicción ordinaria y la constitucional".
En la demanda que presentó en el verano de 2020, el PP solicitaba la anulación del real decreto por el que se nombró a Delgado al entender que no cumple con los criterios de idoneidad e imparcialidad exigibles para dirigir la Fiscalía, debido a que en la anterior legislatura fue ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez.
El partido que lidera Santiago Abascal, por su parte, fundamentó su recurso en que el informe emitido por el CGPJ para el nombramiento de Delgado "no era válido". Alegaba que "expresamente se ha excluido del juicio de los vocales del Consejo el requisito subjetivo, el atinente a tratarse de una jurista de reconocido prestigio, pues, sobre dicho requisito, pivota el juicio de idoneidad". Solicitaba por ello la nulidad del acuerdo impugnado por infracción del principio de imparcialidad, contenido en el artículo 124.2 de la Constitución, al considerar que Delgado pasó de ser ministra de Justicia y diputada del PSOE a ser propuesta y nombrada fiscal general.
El PP recurrirá
El PP reaccionó de inmediato y anunció que recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional la decisión del Supremo de inadmitir su recurso contra el nombramiento de Delgado. La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, alegó que su formación tiene "plena legitimación" para recurrir esa designación y "su absoluta falta de imagen de independencia".
Pilar LlopRespeto de la legalidad.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró ayer tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez nombró a Dolores Delgado fiscal general del Estado "con escrupuloso respeto de la legalidad y dentro del marco reglado". Preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, añadió que el Gobierno español "respeta escrupulosamente la decisión del Tribunal Supremo".
