- El Comité sobre Desapariciones Forzosas de la ONU ha emitido un informe en el que arremete contra la Ley de Amnistía de 1977, que considera un “obstáculo” para investigar las desapariciones forzadas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y pide que se juzgue a los autores de los delitos en ese periodo “conforme a la gravedad de sus actos”.
En el último informe emitido por el comité el pasado 27 de septiembre, reclama además que se habiliten “indemnizaciones” en el Proyecto de Ley de Memoria Democrática -que está llamado a sustituir a la actual Ley de Memoria Histórica- para las víctimas de desapariciones forzosas. A lo largo de sus páginas, también aboga por crear un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, como el que ya existe desde hace años en Euskadi, así como un banco de ADN para investigar los bebés robados.
Este Comité de la ONU reconoce las medidas adoptadas por España tras sus anteriores observaciones pero considera que el marco normativo en vigor, así como su aplicación, “aún no se ajustan a la Convención” de Naciones Unidas. Reclama por ello al Estado que “adopte las medidas necesarias con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir las investigaciones”, entre los que incluye la Ley de Amnistía de 1977.
En una larga enumeración de críticas al ordenamiento jurídico español, advierte de que “aún no prevé un sistema de reparación integral” de las víctimas de desaparición forzada al margen de su fecha de inicio. A ello añade la necesidad de crear un mecanismo encargado de “determinar la verdad” sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado, así como excluir de la jurisdicción militar la investigación y el enjuiciamiento de las desapariciones forzadas.
La ONU también se hace eco de una de las mayores reivindicaciones en materia de memoria histórica y alienta al Estado español a diseñar e implementar estrategias integrales de búsqueda de personas desaparecidas. Reclama por ello que “a la mayor brevedad posible” las busque, localice y libere, y en caso de fallecimiento, las identifique y restituya sus restos “en condiciones dignas”.
En esta línea, pide acelerar la creación de un Banco Nacional de ADN de Víctimas, garantizando que su contenido pueda ser cotejado con otras bases de datos genéticos existentes o que puedan crearse en el futuro. El listado de exigencias de la ONU incluye intensificar los esfuerzos para “buscar e identificar” a los niños y niñas que fueron víctimas de desaparición forzada o apropiación; garantizar su derecho a la identidad; e investigar a los presuntos responsables.
