LA concesión de los indultos aprobada el pasado martes abre numerosas incógnitas en el escenario del conflicto catalán pero, a la par, permite tanto al Ejecutivo de Pedro Sánchez como al Govern de Pere Aragonès ganar tiempo y, sobre todo, dar oxígeno a un diálogo entre ambas partes que hasta el momento había sido muy frágil y se había interrumpido con la llegada de la pandemia en marzo del año pasado.

Y es que la única reunión de la mesa de diálogo que acordó Sánchez con ERC a cambio de los votos en su investidura tuvo lugar apenas un mes antes de que se aprobara el primer estado de alarma. El covid-19 relegó todo lo relacionado con este proceso de negociación a un segundo o incluso tercer plano y no ha sido hasta ahora, con la nueva Generalitat de Aragonès en marcha y con la concesión de la medida de gracia, cuando se ha perfilado el escenario idóneo para volver a la mesa.

La nueva fecha para una cumbre entre las dos administraciones no está clara, pero todo apunta a que será ya después de las vacaciones estivales, a finales del verano o principios de otoño. Lo que sí que está fijado es la primera reunión en persona entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, que tendrá lugar mañana martes en Moncloa y servirá para contrastar posiciones tras los indultos e ir desbrozando el camino para la reanudación de la mesa de diálogo.

Así, el encuentro de mañana será una suerte de previa de la mesa de negociación y podrá comprobarse si hay realmente sintonía entre los dos mandatarios. Sánchez ha mostrado su disposición a buscar una salida al conflicto catalán, pero parece difícil que esta apuesta pueda cuajar siempre y cuando Moncloa siga negándose a abordar cuestiones clave para los soberanistas como la autodeterminación o la amnistía.

Otra incógnita que se abre tras los indultos es con qué Ejecutivo llegará Sánchez a la próxima reunión de la mesa con la Generalitat, ya que el presidente español planea acometer una remodelación de su gabinete durante el verano. En las quinielas suenan para abandonar el Gobierno la ministra de Exteriores, Arancha González Laya -hay descontento con su gestión de la crisis con Marruecos-, o Alberto Garzón -al frente de un Ministerio de Consumo sin apenas competencias-; mientras que Miquel Iceta gana enteros y podría aspirar a ocupar una vicepresidencia o la portavocía del Ejecutivo. Así, Iceta estaría llamado a convertirse en el interlocutor de Moncloa con Catalunya y en pieza clave de la negociación con el Govern.

Más allá de la reanudación del diálogo, hay otras cuantas cuestiones abiertas relativas al procés y a las consecuencias políticas y judiciales de los hechos de otoño de 2017 en Catalunya. La principal de ellas, la situación de los exdirigentes de la Generalitat refugiados en el extranjero, sobre quienes siguen pesando las euroórdenes y no hay visos de que puedan pisar territorio del Estado español hasta que no prescriban los delitos por los que el Supremo les reclama.

Una posible salida, muy verde todavía, puede ser la reforma del delito de sedición que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ha dejado entrever que podría acometer en un futuro. Los morados buscan derogar este tipo penal, mientras que los socialistas defienden rebajar las condenas.

La otra solución para dirigentes independentistas como Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín o Marta Rovira puede venir de Estrasburgo, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha recibido algunas de las solicitudes de los condenados por el procés que vieron denegados sus recursos de amparo en la Justicia española y que han optado por la vía europea para ser resarcidos. En caso de que el TEDH enmiende la plana al Supremo y tumbe la sentencia del juicio del 1-O, esto podría allanar sustancialmente el camino para el regreso a Catalunya del expresident y los exconsellers.

¿dos años como límite?

Lo que sí parece evidente es que el tiempo para la distensión y las conversaciones entre Moncloa y el Govern está cronometrado. "Dos años de plazo para el diálogo", repiten los dos socios de Aragonès, uno interno (Junts) y otro externo (CUP). No es una cifra baladí, ya que al término de este período, a mitad de la legislatura catalana, está acordada una moción de confianza para el president en la que se jugará culminar o no su mandato.

Iceta gana enteros y podría ocupar una vicepresidencia o la portavocía del Ejecutivo, para ejercer de interlocutor de Moncloa con el Govern