La inminente asunción de la competencia de prisiones por el Gobierno vasco, a partir del 1 de octubre, es saludada por Sare como una oportunidad para aplicar “una nueva política penitenciaria de carácter humanista”, tal y como ha avanzado que hará el gabinete de Iñigo Urkullu, una “filosofía” que la red ciudadana por los derechos de los presos y exiliados dijo “compartir”. Sare pidió ayer que la política de dispersión llegue a su fin definitivo con el traslado a Euskadi del último preso de ETA, para que puedan ser objeto de esta nueva política.
La red ciudadana abogó por ir sustituyendo, de forma paulatina, “las penas privativas de libertad por otras más acordes a la nueva situación”. Y apostó por hacerlo de forma individual, “con el estudio previo de cada uno de los casos” y en función de las circunstancias procesales de cada recluso. Es decir, emplazó a no hacer distinciones entre los presos y a no dar un trato diferenciado a los de ETA, una posición en la que coincide, de nuevo, con el Ejecutivo de Gasteiz. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, encargada de recibir y gestionar la política penitenciaria, ha llegado a asegurar que obrar en sentido contrario sería igual a “prevaricar”. En su comparecencia del miércoles en comisión parlamentaria abogó, en referencia a los presos de la banda, por “no favorecer, pero tampoco perjudicar”.
Representantes de Sare protagonizaron una rueda de prensa ayer jueves frente al Palacio Miramar de Donostia para informar del rumbo que adoptarán “en esta nueva fase que se acerca al fin de la política de dispersión”. Sus portavoces, Joseba Azkarraga y Bego Atxa, celebraron que la actual es una “situación diferente” en la que esperan que, “en las próximas semanas”, deje de haber presos vascos en cárceles de Levante y Andalucía, así como aquellos que “continúan dispersados por la mitad norte de la Península”. Su ubicación en las cárceles de Zaballa, Basauri, Martutene e Iruñea es un “objetivo irrenunciable”, y solo cuando culmine se podrá hablar de “normalizar la convivencia en nuestro país”.
Fin de la dispersión
En este contexto, Sare presentó la iniciativa Etxerako Bidean, dirigida a “amortizar la política penitenciaria de excepción y sustituirla por otra basada en la ley ordinaria”. Defendió la “necesidad de recorrer el camino de regreso a casa” y, más allá del acercamiento de los reclusos a Euskadi, reivindicó la excarcelación de los que a su juicio cumplen los requisitos legales para ello. En resumen, dijo que, de no haberse aplicado una política penitenciaria de excepción, muchos habrían accedido ya a la libertad condicional o estarían en el umbral del tercer grado y cumpliendo las penas en semilibertad.
