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Una vocal del CGPJ denuncia los privilegios de la Fundación Franco

Defiende que la nueva Ley de Memoria Democrática supone un "avance notable en el reconocimiento de los derechos" de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo

08.06.2021 | 19:11
Manifestación en Madrid en favor de la República y en contra del franquismo

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática "merece una valoración positiva" y supone "un avance notable en el reconocimiento de los derechos" de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Así lo afirma una vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su voto particular discrepante al informe aprobado ayer por este órgano y que supone un duro varapalo a la iniciativa que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica de 2007.

En su Pleno de ayer, el CGPJ sometió a votación el informe elaborado por dos de sus miembros sobre el anteproyecto de ley, y que prácticamente lo tumba punto por punto. Fue aprobado por 15 votos a favor y seis en contra, lo que supuso media docena de votos particulares discrepantes cuyo contenido se empieza a conocer. Es el caso de María Concepción Sáez Rodríguez, que se muestra a favor de las causas de extinción de las fundaciones franquistas.


DEFENDER A LAS VÍCTIMAS


En su escrito, esta vocal progresista denuncia que entidades como la Fundación Francisco Franco "disfrutan de un estatuto jurídico singular y privilegiado cuya única justificación es el servicio a un interés general". Sáez considera que la autorización o extinción de una fundación "son ajenas al derecho individual de sus patronos o cargos directivos a la libertad de conciencia y a la libre expresión de sus opiniones".

Protesta de grupos memorialistas frente al Congreso en 2018. Efe

En su voto discrepante, defiende que el embrión de la Ley de Memoria Democrática "ni es impreciso ni afecta a la libertad ideológica y de expresión". Expresa por ello su "disconformidad" con el informe del CGPJ, que no tiene un carácter vinculante, por lo que Moncloa puede seguir adelante con la tramitación de la nueva ley. Sáez sigue cargando contra el escrito y expresa su "perplejidad" por el hecho de que afirme que la redacción del anteproyecto puede dar lugar a una "tutela asimétrica" entre las víctimas. Alega que "de eso se trata precisamente, de proteger a las víctimas y sus familiares reforzadamente frente a quienes no requieren de tal amparo sencillamente porque no son víctimas".


EL ESTADO SE IMPLICA EN LAS EXHUMACIONES


La propia elaboración del informe del CGPJ ha sido accidentada, ya que solo ha sido posible tras sustituir a los dos vocales designados inicialmente para esta función, ya que sus diferencias paralizaron el pronunciamiento del Poder Judicial. Concepción Sáez enumera una serie de aspectos positivos del anteproyecto, como la atribución de un rol activo al Estado en materia de exhumaciones; la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos y de un Banco Estatal de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura; y la retirada de elementos contrarios a la memoria democrática, salvo cuando "concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por ley".

La previsión del Gobierno español es aprobar este mismo mes el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que incorporá algunos "ajustes" al anteproyecto presentado hace nueve meses. Al mismo se han presentado más de un millar de alegaciones y ya cuenta con los informes del Consejo Fiscal (a favor, por la mínima) y del CGPJ (en contra).

 
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