El Gobierno español ha pulsado el botón. El Ministerio de Sanidad de Carolina Darias envió ayer a las comunidades autónomas la controvertida orden con las medidas aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud el pasado miércoles, medidas que Euskadi ve como una imposición y pretende ignorar. El Gobierno español avisa en ese documento de que son de obligado cumplimiento con independencia de lo que haya votado cada comunidad en esa reunión aunque, al mismo tiempo, parece dejar un margen para "adaptar" y "contextualizar" las medidas en los territorios en lo que se refiere a la hostelería. Este punto es difícil de interpretar y de casar con que las medidas sean obligatorias, y desde el Gobierno vasco rechazaban elucubrar con que sea un resquicio. Pase lo que pase, el lehendakari seguirá ciñéndose a su propio plan, a las medidas del LABI, aprobadas con una vigencia de veinte días, porque entiende que tiene la competencia en la crisis.El miércoles se había hablado de que las comunidades con más de 150 casos de coronavirus de incidencia acumulada en las dos últimas semanas tendrían que cerrar el interior de los bares, como la CAV (204) y La Rioja, pero ahora no queda claro si hay margen para modularlo. El Gobierno español insiste en que las normas son obligatorias y, de viva voz, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró por la mañana que hará que se cumplan. El cierre del interior de los bares es la medida más peliaguda que afecta claramente a Euskadi. Se espera que la orden se publique hoy en el Boletín Oficial del Estado, pero se aclara que no habrá que esperar hasta entonces para que entre en vigor, sino que está operativa desde que se notifica a las comunidades, es decir, desde ayer a la tarde. El Gobierno vasco, que no acudió a la cita del miércoles, mantiene que la competencia es suya y no cerrará.

La orden de ayer añade que las comunidades pueden recurrir en reposición ante la ministra Darias o acudir a la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Finalmente, no se ha esperado hasta el lunes para la entrada en vigor de la orden y para dar margen a que los contagios bajen en la CAV o La Rioja y el conflicto pierda razón de ser. Pero la orden no cita qué represalias o instrumentos podría tener el Estado para hacer cumplir las medidas. La ministra Darias dijo por la mañana en la cadena Ser que los servicios jurídicos están estudiándolo, y no se descarta llevar a las comunidades a los tribunales. La clave podría radicar en si se piden o no medidas cautelares que corten de raíz la acción de los territorios. La novedad que introduce la orden radica en que ya no estará en vigor hasta que la vacunación llegue al 70%, sino hasta que la ministra le ponga fin "previo acuerdo" del Consejo Interterritorial y previa audiencia "de todas las comunidades", lo que abre la puerta a que su duración sea más corta y se pueda reconducir. Las comunidades de Madrid, Galicia, Murcia, Andalucía y Catalunya votaron en contra el miércoles y Euskadi se ausentó.

Al Gobierno español se le reprocha la marcha atrás, que quiera mantener su control a pesar de que se negó a prorrogar el estado de alarma el 9 de mayo, y a pesar de haber lanzado un mensaje de puertas abiertas al turismo. El giro ha sido desconcertante para Urkullu, que había reclamado una prórroga de la alarma.

El Gobierno español se apoya en el artículo 151 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público que menciona que, cuando el Ejecutivo ejerza funciones de coordinación, de acuerdo "con el orden constitucional de distribución de competencias", el pacto será "de obligado cumplimiento para todas las administraciones ", y lo será "con independencia de su sentido de voto".

Pero no es una verdad tan incontestable y, de entrada, el reglamento del propio Consejo Interterritorial que congrega al Gobierno español y a los consejeros autonómicos no habla de obligaciones, sino de recomendaciones. Menciona en su artículo 14 que los acuerdos en relación con las materias de la Ley 6/2003 de cohesión y calidad del sistema de salud "se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso". "Los acuerdos de cooperación" para acciones "conjuntas" se formalizarán mediante convenios. El Gobierno vasco denunciaba a la mañana por boca de Bingen Zupiria en ETB-1 que el Ejecutivo español ha quebrado la "lealtad", las reglas y el sistema de relación bilateral con el pretexto de la gestión sanitaria. Darias seguía defendiendo que no hay imposición y que todo ha sido fruto de un trabajo con trece comunidades, de las cuales once apoyaron la decisión.

medidas

En el Consejo Interterritorial se aprobó un plan que contempla ampliar el ocio nocturno hasta las 3.00 (podrán abrir los que se encuentren en fuera de riesgo o en nivel 1), y cerrar el interior de los bares en zonas afectadas. El Gobierno vasco mantiene cerrado el ocio nocturno y esa parte no le atañe, pero sí la del interior de los bares. Aunque el secretario general del PSE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, aseguró que "no habrá otro remedio que acatar" si es obligatorio, fuentes socialistas aclaran que se trata de una especulación y no contradice el mensaje del partido, que pide modular la orden a través del diálogo con la idea de que se atienda la casuística vasca: no es lo mismo el interior de un bar en Baleares que en una zona menos turística y, además, el tribunal superior vasco descartó cerrar la hostelería incluso con un estado de alarma. El PSE, además, gestiona la hostelería con el consejero Hurtado.

"Si las comunidades no lo cumplen, tendremos que hacer cumplir los acuerdos del Consejo Interterritorial"

Ministra de Sanidad

"La salud no puede ser una excusa para que la bilateralidad quede patas arriba porque una de las partes lo decide"

Portavoz del Gobierno vasco

"Si las decisiones que se han tomado son de obligado cumplimiento, no habrá otro remedio que acatarlo"

Presidente del PSE de Gipuzkoa