Juez Tapia: "Los derechos de las víctimas no se satisfacen con una justicia más vindicativa"

El asesor del Gobierno vasco sobre las prisiones plantea la reinserción desde la "exigencia de cambio" al preso

16.05.2021 | 01:17
La consejera Beatriz Artolazabal, con el asesor del modelo vasco, Jaime Tapia, ayer en Gasteiz

El Gobierno vasco busca un efecto dominó. Quiere una política penitenciaria que beneficie a toda la sociedad: un preso reinsertado podrá cumplir la ley, es menos probable que reincida y, con ello, se verán beneficiadas sus propias víctimas y la sociedad en general, porque el índice de delincuencia será menor y aumentará la seguridad. El juez Jaime Tapia, el asesor del Gobierno para desplegar el modelo una vez sea efectiva la transferencia de prisiones el 1 de octubre, puso voz ayer a estos principios en su primera intervención pública desde su designación.

En las jornadas organizadas en Gasteiz por la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige Beatriz Artolazabal, Tapia defendió la reinserción y la justicia restaurativa porque "beneficiará no solo a las personas privadas de libertad, sino también, y en ello también reside la singularidad del modelo, a las víctimas de los delitos y, en fin, a toda la ciudadanía". Tapia pide a los presos que asuman un pacto con la sociedad, una "exigencia de cambio" como contrapartida para este "esfuerzo colectivo", y cree que "los derechos de las víctimas (verdad, justicia, memoria, reparación y solidaridad) no se satisfacen mediante una justicia más vindicativa o rigurosa".

Tapia procede de la Audiencia de Araba y es un gran conocedor de la situación de los presos, por su participación como voluntario en las actividades de la pastoral penitenciaria en la cárcel de Zaballa. Recalcó, como hace la consejera en las líneas enviadas al Parlamento, que la idea es potenciar los regímenes en semilibertad (el tercer grado y la libertad condicional), por ser los que favorecen la reinserción.

No citó a los presos de ETA, y solo se refirió a las condenas de larga duración como un "reto" que es necesario abordar con la idea de que la reinserción sea posible también en ese caso, es decir, en las condenas de más de 20 años y en la prisión permanente revisable. Esgrimió que el Consejo de Europa ha reflejado que España está por encima de la media europea en número de presos y tiempo que pasan en la cárcel, con datos de 2019. La consejera, en una intervención más política, sí aludió a ETA y volvió a aclarar que ningún preso obtendrá "un trato diferenciado". Matizó, además, que los traslados y los indultos siguen siendo potestad del Gobierno español, y que estos presos solo son por ahora unos 40 del total de un millar que se ubican en centros vascos.

Tapia y la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, serán los pilares del nuevo modelo. Se desplegará en dos tiempos (el 1 de octubre, y el 1 de enero de 2022 para el Trabajo Penitenciario y la Formación para el Empleo). Las ponencias de Tapia y de Artolazabal se expusieron a puerta abierta, además de sendas comunicaciones de la experta del Instituto Vasco de Criminología Gema Varona sobre la justicia restaurativa, y de la profesora de la UPV/EHU María Ruiz Torrado sobre la situación de las mujeres, donde destacan datos como que no hay ningún módulo de mujeres en toda Bizkaia y ninguna unidad de madres en toda la comunidad autónoma, lo que provoca que las mujeres sufran más el alejamiento y el desarraigo. La consejera ha marcado en rojo en su agenda abordar esta problemática. A puerta cerrada hubo un proceso de escucha con una veintena de organizaciones del tercer sector social.

Tapia dejó ver que la apuesta por residenciar el modelo penitenciario en la Consejería de Políticas Sociales y no en la de Seguridad da una muestra de hacia dónde se quiere avanzar. Tras esgrimir los marcos internacionales en los que se ampara, remarcó que el "esfuerzo político, social y comunitario que implica esa progresiva mejora ha de venir acompañado por el compromiso y la exigencia de cambio" del preso, "una responsabilización por parte de las personas privadas de libertad".

Habló de un "pacto" entre la sociedad y la persona presa. Reiteró como "objetivo fundamental" proteger los derechos y la atención a las víctimas con la justicia restaurativa post-sentencia. Esgrimió que un modelo vengativo no va a satisfacer mejor a las víctimas. Una persona reinsertada respetará las normas, lo que beneficiará a los damnificados.

crear una entidad

Mostró su inquietud por la situación de las mujeres, los menores con sus progenitores en prisión, las personas con enfermedades graves e incurables y los mayores de 70 años. Además de ensalzar la labor de los funcionarios, elogió la "esencial" función de la Fiscalía y el juzgado de vigilancia, el control en última instancia. Apostó por programas individualizados de tratamiento, los PIT; y por crear una entidad para la inserción laboral y potenciar la formación. Citó al Papa Francisco: "Una pena sin esperanza no sirve; hay que conseguir siempre que haya esperanza y ayudar siempre a mirar más allá de la ventana, esperando en la reinserción". Precisó que el suyo no es solo un modelo penitenciario, sino que combina medidas de cárcel y medio abierto.

beatriz artolazabal

sin trato distinto a eta y mirando a las víctimas

El plan del Gobierno. La consejera Beatriz Artolazabal expuso ayer su apuesta por un modelo penitencario que no requiere cambios en la ley, sino "una interpretación progresista y resocializadora", un modelo más humano "que ayudará a quien quiera ser ayudado". Recalcó que "no perderá de vista los derechos y las necesidades de las víctimas", porque trabajar con los presos no debe entenderse "como un agravio" hacia ellas sino, al contrario, un beneficio porque se intentará que quienes un día cometieron un delito "no reincidan". "Esto generará un efecto dominó. Cuanta menor reincidencia haya, la ciudadanía tendrá una mayor sensación de seguridad y, por ende, aumentará la satisfacción", defendió. Artolazabal recalcó que "resarcir el daño a la víctima es prioritario" y para ello está la justicia restaurativa, y repitió que no habrá trato diferenciado para los reclusos de ETA. Pidió no "frivolizar" con este asunto ni decir que las cárceles serán resorts. Constató que la gestión de las cárceles de Basauri, Zaballa y Martutene supondrá el control de un millar de presos, y también de los 40 condenados por terrorismo, pero aclaró que "nadie obtendrá un trato diferenciado" porque "sería una ilegalidad" tanto favorecer como discriminar. Anunció la creación de una entidad pública de reinserción. Se reunirá con sindicatos y asociaciones de víctimas.

"Las personas que cumplen condenas de larga duración son un reto y tendremos que abordar su situación"

"Pretendemos una mayor seguridad, porque una persona insertada respetará las normas"

JAIME TAPIA

Juez asesor del Gobierno vasco


 
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