Los gobiernos autonómicos podrán recurrir en casación al Tribunal Supremo si los tribunales superiores de justicia tumban sus restricciones, algo que hasta ahora no era posible, según un decreto que aprobará este martes el Congreso de los Diputados. Así, el Alto Tribunal unificará los criterios respecto a las medidas restrictivas que impongan las Comunidades Autónomas y podrá haber jurisprudencia que establezca qué medidas se pueden tomar o no. Además, será de manera inmediata, no como sucede en la actualmente, que los recursos al Supremo suelen tardar meses en resolverse.
Esta medida se incluye dentro del decreto por el que extenderá algunas medidas de carácter social más allá del estado de alarma que acaba el próximo domingo, entre ellas la moratoria del alquiler y la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables.
En el apartado de medidas sociales, el Consejo ampliará tres meses más las políticas de moratoria de alquiler y suspensión de desahucios de colectivos vulnerables.
La suspensión estaba vigente hasta el 9 de mayo, jornada en la que acabará el estado de alarma, y, con su decisión, el Gobierno la amplía hasta el 9 de agosto.
Fue el propio presidente del Gobierno quien en su comparecencia del pasado 14 de abril ante el pleno del Congreso para informar de la evolución del estado de alarma anunció esa ampliación de tres meses que se va a hacer efectiva ahora.
En concreto, según explicó en esa comparecencia, se ampliará la posibilidad de solicitar moratoria o condonación parcial de la renta de alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública, así como los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses en los mismos términos que se venía haciendo.
También se ampliará tres meses la suspensión de desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos aspectos de hogares afectados por lanzamiento de su vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamientos en casos de dependientes, menores o víctimas de violencia contra la mujer previa valoración del juez.
