- El problema de los interinos es grave en Euskadi, pero no es exclusivo ni específico de las instituciones vascas. El Gobierno español de Pedro Sánchez también siente en el cogote el aliento de los interinos, sobre todo en el campo de la sanidad, con un nivel elevado de precariedad. El Estado recibió en marzo del año pasado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en respuesta a la demanda de varios interinos, y los magistrados dejaron ver entonces que se debe buscar una solución, pero su sentencia no convierte a los interinos en fijos y deja en manos de los jueces autóctonos la respuesta a esta situación o las posibles sanciones, un matiz al que se aferra como un clavo ardiendo el Estado y que ha provocado que no haya avances. El PNV también promovió una propuesta en el Congreso de los Diputados para abordar la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, mientras los interinos se quejan de que, habiendo acumulado años de experiencia y conocimiento, no tengan ningún tipo de prioridad cuando esa plaza sale a concurso.
La consejería de Autogobierno decía la semana pasada tras la sentencia del Tribunal Constitucional que tumba la disposición de la Ley vasca de Policía que la resolución del tribunal europeo “admitió que la falta de procesos selectivos no justifica la perpetuación del personal interino y reclamaba al Estado español que resolviera esta situación”. “Tanto en la ley ahora parcialmente anulada como en el proyecto de ley de Cuerpos y Escalas, recientemente presentado ante el Parlamento Vasco, se buscan soluciones realistas y ajustadas a las normativas para encauzar el problema de la interinidad”, defendía Garamendi.
Hay otros sectores que esgrimen una propuesta de máximos: que esos interinos pasen a ser fijos automáticamente cuando pasen unos años, aunque no es eso lo que se plantea en la normativa vasca. Se plantea que quienes atesoren ocho años de experiencia en áreas con un 40% de interinidad puedan acceder por un turno diferenciado en la oferta pública de empleo, y se sometan a una prueba práctica donde puedan acreditar sus conocimientos en el día a día en el desempeño de su trabajo. De esa forma se da cumplimiento al requisito del mérito, aunque el Gobierno español lo pone en duda.
Garamendi pide al Gobierno español una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público o, en su defecto, algún cauce legal para poder estabilizar a los interinos, que en el caso vasco superan el 50% solo teniendo en cuenta la Administración general vasca y no servicios como Osakidetza. Este es un debate que ha surgido en varias ocasiones en el Congreso y que preocupa a otras autonomías como la catalana.
