Libertad de expresión: un cambio electoralista pero necesario

14.02.2021 | 01:12
Manifestantes portan carteles en defensa del derecho a la libertad de expresión. Foto: Efe

Los juristas urgen a despenalizar los delitos relacionados con la libertad de expresión, como proyecta Moncloa, aplicando "ponderación y proporcionalidad". "No basta con proclamar los derechos, hay que hacerlos efectivos"

PONDERACIÓN y proporcionalidad. Estas son las coordenadas que definen la actitud legislativa y jurisprudencial en la definición de los tipos penales y en su aplicación, y que según el juez emérito del Tribunal Supremo (TS), Joaquín Giménez, deben regir cuando se juzguen casos que afectan a la libertad de expresión. De ahí que los juristas consultados por DEIA coincidan en la necesidad de liberar del castigo con prisión a acciones relacionadas con los excesos verbales, enaltecimiento del terrorismo o las injurias a la Corona. Otra historia es que el objetivo embrionario expuesto desde Moncloa o la proposición de ley de Unidas Podemos se hayan trasladado al calor de la campaña electoral catalana. Pero expertos como Carlos Boye, abogado de Carles Puigdemont, o Javier Pérez Royo, catedrático en Derecho Constitucional, coinciden también en que "es hora de ponerse las pilas, enterrar este anacronismo" y responder a las indicaciones desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de restringir delitos cometidos en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales y que no supongan cárcel. Asunto que ha explotado a raíz de que la Audiencia Nacional ordenara el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél, y de que más de 200 artistas, entre ellos Pedro Almodóvar o Joan Manuel Serrat, pidieran en público su libertad.

"La urgencia de ver quién llega primero con la reforma no resulta edificante pero estos delitos, cuyo límite es difuso, chocan contra un derecho fundamental. La divisa de una sociedad democrática es no tener que ser perseguido por tener y exteriorizar opiniones. Y no basta con proclamar los derechos, también hay que hacerlos efectivos", señala Giménez. Por su parte, Boye prefiere esperar a que "haya un proyecto concreto que lo haga creíble porque las cosas de periodo electoral me producen cautela". Eso sí, "Europa ya le ha dicho a España lo que tiene que hacer. Basta revisar la memoria de la Fiscalía y del Poder Judicial para comprobar que la persecución de estos delitos ha aumentado", censura. "Es todo muy confuso y el tema es lo suficientemente serio como para hacerlo bien. Llevamos tiempo viendo sentencias que carecen de sentido", reseña el letrado.

"¿Que hay límites? Obvio. El Código Penal lo prevé hasta para el derecho a la vida cuando uno se defiende de un agresor. El problema es que estos derechos tienen unas definiciones tan amplias que no son respetuosas con el principio de taxatividad. Los delitos penales deben contar con perfiles redondos o, de lo contrario, se genera inseguridad", explica Giménez. Pérez Royo evoca los fallos europeos "que nos han dicho, ¿dónde van ustedes?". "Ocurre que ha sido una manera de hacer política de la derecha española, que usa sus valores para convertirlos en norma jurídica", censura.

A este respecto, Boye considera que en el Estado "hay un problema estructural, se precisa higiene democrática, una suerte de revisar todo, con temas rancios que se dejan pudrir, y eso es peligroso". "Prima la improvisación, no es serio que no haya un proyecto de país", zanja el abogado. Ahora bien, Giménez advierte de que el Código Penal "no es el código de circulación". "La política criminal de un Estado no puede pasar exclusivamente a través del Código Penal, pero no se debe estar cada dos por tres modificándolo por impulsos irresistibles. Requiere de unanimidad, no basta la mitad más uno", matiza el magistrado. "No es la vanguardia, es nuestra retaguardia. Cuando haya que sacrificar el derecho a la libertad de expresión en beneficio de otros , hay que medir la pena, pero la de prisión tiene que quedar descartada", ahonda Giménez, quien percibe una excesiva restricción a las manifestaciones verbales en las respuestas jurisprudenciales. También en expresiones referidas a sentimientos religiosos. "España es un país constitucionalmente laico, y hasta Estrasburgo ha dicho que la religión no queda al margen de la crítica", constata.

Como describe, "para que sea real, la libertad de expresión no puede ser cortesana, almibarada o aduladora", sino que incluye "la capacidad de ofender y a veces de forma grosera". Al revés, "sería alabanza". Aludiendo a los tuits del rapero Hasél, entiende que "no tienen capacidad de incendiar a la sociedad".

Los 'ongi etorris' 

Y luego está, como dice Boye, que "se mezclan "churras con merinas". Sobre todo en un arista que afecta a Euskadi, el recibimiento a presos de ETA. Para Giménez, "no se puede confundir enaltecimiento del terrorismo con la alegría de una familia de un recluso que sale de la cárcel. Una cosa es un homenaje en la plaza mayor con todas las autoridades, y otra recibirle en un entorno íntimo". "No tiene sentido que este delito fuera más reducido cuando ETA mataba que cuando ha dejado de existir como máquina de matar, que de repente afloran. Sirve para alimentar muchos debates políticos", razona. Por su lado, Pérez Royo indica que es un tema que sirve como mensaje para obtener réditos en el Estado. "Terrorismo hoy es que exista una policía patriótica", apostilla. Una forma de "anormalidad democrática" en el Estado, término acuñado por Pablo Iglesias esta semana. Boye pone ejemplos: "la política de dispersión, presos y exiliados catalanes, jueces que intermedian como Enrique López...". Pérez Royo dice que "Iglesias dice cosas que están bien pero las compara mal".

Pero en tanto que el Código Penal es el inverso de la Constitución española, "el negativo de las conductas que atentan contra el plan de convivencia plural de una sociedad democrática", según Giménez, hay que cuidar su necesaria reforma. Porque el delito de libertad de expresión merece la proporcionalidad "que no se le dio a la sentencia del procés". "Quisieron confundir el 1-O con el 23-F". Otro sinsentido.

"No es razonable que el delito de enaltecimiento del terrorismo fuera más reducido cuando mataba ETA que en la actualidad"

joaquín giménez

Juez emérito del Tribunal Supremo

"Estos delitos son una forma de hacer política de la derecha, que usa sus valores para convertirlos en norma jurídica"

javier pérez royo

Catedrático de Derecho Constitucional

"Lo que se promete en periodo electoral me genera cautela, mejor esperar a que haya un proyecto que sea creíble"

gonzalo boye

Abogado de Carles Puigdemont


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