La justicia rescata el 14-F y retuerce el conflicto

ERC acusa a Moncloa de promover un 155 tras el fallo que mantiene esa fecha provisionalmente frente al 30 de mayo

19.01.2021 | 12:46
Salvador Illa, ministro de Sanidad y candidato del PSC a presidir la Generalitat.

"Felicidades, Salvador Illa, ya tienes lo que querías. En las urnas, cuando sean las elecciones, no dejaremos que te salgas con la tuya". La contundente respuesta de Esquerra a la decisión judicial de mantener en vigor cautelarmente los comicios del 14-F coloca otra piedra en el camino de la desescalada del conflicto catalán, al dejar otro asunto de enjundia en manos de los tribunales, y podría resquebrajar el intento de acercamiento entre los republicanos y el Gobierno de Pedro Sánchez. La Sección 5 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) emitió el martes sendos autos donde suspendió de forma provisional el retraso de la cita con las urnas al 30 de mayo, en respuesta como medida cautelarísima a los recursos de un particular y de la plataforma Izquierda en Positivo, impugnaciones que se unen, entre otras, a las promovidas por Lliga Democràtica y Federalistes d'Esquerres, próximas al PSC. El Govern presentará alegaciones con una "sólida base jurídica" y basando su decisión en un criterio sanitario avalado por los datos epidemiológicos, que predicen un horizonte nefasto en el territorio en la primera quincena del próximo mes. Más aún cuando el candidato de los socialistas a presidir la Generalitat es el ministro de Sanidad. Un informe de la dirección general catalana de Procesos Electorales cuestiona la "legitimidad" del resultado que pueda derivarse de las elecciones si se celebran el próximo 14 de febrero en un contexto de "grave impacto" de la pandemia sobre las "garantías democráticas".

ERC responsabiliza al Ejecutivo de Sánchez y al partido de Miquel Iceta, que se hizo a un lado para tratar de encumbrar a Illa aprovechando el efecto de su cargo, de un hecho que supone otro botón en la "judicialización de la política". Su portavoz, Marta Vilalta, fue taxativa en el reproche: "El PSC apunta, la Moncloa maniobra y la justicia ejecuta, y todo a costa de la salud de la ciudadanía", señaló. O lo que es igual, lo que para Oriol Junqueras supone "un 155 encubierto". El presidente de Esquerra, encarcelado por el 1-O, ve en la posición del TSJC a "jueces y régimen del 78 dando un nuevo golpe a la democracia". "Al candidato Illa le ganaremos otra vez en las urnas, como hemos hecho siempre con el PSOE, pero el ministro Illa tendría que valorar qué pone por delante, si la salud o los cálculos electorales", censuró. El vicepresident Pere Aragonès añadió que "judicializar la lucha contra la pandemia es inadmisible". "No es el momento de jugar con la salud de la ciudadanía. Desde el Govern defendemos la soberanía política y los criterios epidemiológicos y de máxima participación democrática, un acuerdo de la gran mayoría de partidos", valoró el aspirante republicano a regir el Palau.

Para ello, el Ejecutivo catalán exige "claridad a todas las partes dejando los intereses al margen" y actuará en pro de "proteger la vida de la gente, los derechos democráticos y la soberanía de Catalunya". Roger Torrent fue al grano: "Deberíamos mirar la trazabilidad de los recursos, quién hay detrás. Lo que contrasta paradójicamente es la actitud de Illa y del PSC: nos dicen que es mejor que no haya movilidad y, al mismo tiempo, insisten en que sí o sí se debe poder votar", reseñó el president del Parlament.

El TSJC aduce que la adopción de esta medida cautelarísima "no anticipa el posicionamiento sobre el fondo del asunto", que los magistrados aún tienen que abordar. De momento, precisan en su dictamen que, de no tomar esta medida de forma urgente, se llegaría a "una situación prácticamente irreversible en cuanto a la posibilidad de celebrar las elecciones en la fecha inicialmente prevista" teniendo en cuenta los plazos legales para preparar unos comicios. La Sala deliberará desde mañana y puede pronunciarse ya o más adelante, con el peligro de que lo haga justo a punto de arrancar la campaña o en su transcurso.

Satisfacción en el PSC


Los demandantes entienden que el decreto de convocatoria electoral no preveía el aplazamiento sino la anulación de los comicios, lo que a su parecer implicaría reiniciar los trámites y la posibilidad de nuevas listas. Lo que para el PSC significa "cambiar las reglas de juego". De ahí que el martes Iceta se congratulara de la postura judicial. Es más, abogó por "acatar la resolución y seguir con los preparativos de las elecciones", remarcando que ellos ya alertaron de "graves dudas jurídicas sobre lo que estaba haciendo el Govern y de que las cosas se tenían que hacer de otra manera". Las acusaciones de que han utilizado a esas fuerzas y movimientos extraparlamentarios para generar este escenario se multiplican, extremo que niega el PSC, que renuncia a mover su propia impugnación una vez que ha visto reseteado el proceso electoral.

La portavoz en el Govern, Meritxell Budó, salió a escena para anunciar que han ordenado reactivar todos los mecanismos y procedimientos necesarios en caso de que haya finalmente urnas el 14-F hasta que se resuelvan todos los recursos, aunque advirtiendo de la situación sanitaria que se puede provocar. "Las circunstancias sanitarias impiden garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de unas elecciones en libertad, dificultando la campaña y la jornada de votaciones", sostuvo. Y puntualizó: "La única inseguridad jurídica es la que está creando el TSJC", a quien pidió celeridad. Está descartado que el Govern fije una tercera fecha electoral como vía intermedia o como quería el PSC, en marzo.

Y mientras, el arco parlamentario reparte culpas. La candidata de JxCat, Laura Borràs, cargó contra una "nueva injerencia judicial del TSJC en la normalidad democrática y en la política catalana", equiparable a la "suspensión de los derechos" de los líderes soberanistas y a la inhabilitación de Quim Torra. De hecho, el expresident arremetió contra el tribunal por su obstinación de querer "gobernar Catalunya al margen de las urnas, la democracia, los derechos fundamentales y la voluntad de los ciudadanos".

El PDeCAT solicitó una reunión urgente de la mesa de partidos, mientras que la CUP avisó de que se "pone en riesgo la salud pública y la democracia obligando a 200.000 personas a decidir entre votar o romper las medidas sanitarias básicas". Más por interés partidista, C's se alinea en este punto porque es "evidente" que toca aplazar los comicios, instando al Govern a "llevar a cabo las formalidades que sean necesarias para que al final los ciudadanos puedan votar con tranquilidad". La candidata de En Comú Podem, Jéssica Albiach, lamentó que el Ejecutivo catalán "no sepa hacer decretos" porque debería de haber plasmado uno "de aplazamiento y no de suspensión". La líder del PNC, Marta Pascal, definió el mismo como "chapuza jurídica". El PP se limitó a apuntar que hay que "cuidar la salud y seguir los pasos de los expertos". El conflicto se enquista y las elecciones quedan en el limbo.

Noticias relacionadas