La exhumación y traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos, que tuvo lugar el 24 de octubre del año pasado, fue el inicio de un proceso que se prevé largo y de una gran complejidad. No en vano, en el mausoleo de Cuelgamuros yacen aún más de 33.000 restos humanos, de los que más de 1.300 corresponden a ciudadanos vascos que fueron llevados allí desde Euskadi y otros puntos del Estado, 300 de ellos sin identificar. Unas cifras terribles en las que sin embargo empieza a surgir un atisbo de esperanza para los familiares de los fallecidos que permanecen en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Y es que la consejera de Igualdad y Justicia del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, desveló ayer que 20 familias vascas han obtenido ya el certificado de reconocimiento de su derecho a la exhumación de los restos de sus parientes enterrados en el Valle de los Caídos. Durante el pleno de control que se celebró en el Parlamento Vasco, y en respuesta a una pregunta del grupo del PNV, explicó que un total de 54 familias han obtenido este reconocimiento en el conjunto del Estado español, de las que 20 son de Euskadi.

Afirmó que el Instituto Vasco de la Memoria, Gogora, ha asesorado y acompañado a 23 familias que han iniciado el proceso para solicitar ese certificado, y que el porcentaje de permisos conseguidos del total de 54 da la “medida del apoyo que han recibido por parte” del Ejecutivo vasco, primero para asegurar que su familiar estaba inhumado en el Valle de los Caídos y después para solicitar su exhumación. Tal y como recordó, en la mayoría de los casos el régimen de Franco no contó con el consentimiento de las familias de cara a proceder al traslado de los restos al Valle de los Caídos.

Artolazabal agregó que la Secretaría de Estado de Memoria Histórica está diseñando “la inminente entrada de equipos forenses en las criptas”. Tras hacerlo, equipos técnicos estudiarán la viabilidad de la inhumación de cada uno de los 54 restos humanos solicitados. Precisó que aunque se sabe dónde están ubicados los 20 vascos, se trata de un proceso complejo que en algunos casos puede ser inviable debido al mal estado de las criptas y las cajas, o por la imposibilidad de identificarlos. Llamó por ello a no generar falsas esperanzas pero indicó que el intento “merece la pena”.

La consejera añadió que el siguiente paso que se va a dar es la recogida de muestras de ADN a los familiares más cercanos y que Gogora se encargará de realizar esas pruebas a las familias vascas para un futuro cotejo. Según ha podido saber este medio, la previsión es que el equipo liderado por el médico forense Paco Etxeberria entre en el Valle a lo largo de enero para realizar las labores de comprobación del estado en que se encuentran los restos.

Deber institucional

Beatriz Artolazabal explicó en el pleno que esta semana se ha reunido con las familias afectadas en la sede de Gogora y que ha comprendido mejor su ansia por querer recuperar los restos de sus allegados para darles sepultura y un adiós “que no han podido ofrecer en todos estos años”. Un anhelo que, indicó, es un “deber institucional” que asume el Gobierno vasco. “Acompañaremos a todas las familias hasta el final del proceso. Trataremos de reconstruir también las historias de aquellos jóvenes que vieron truncados sus proyectos de vida por aquella guerra injusta”, aseveró, e hizo hincapié en que todavía sigue habiendo miles de familias que no han podido recuperar a sus allegados desaparecidos en la Guerra Civil (1936-1939).

Por otra parte, el parlamentario del PNV Joseba Díez afirmó que en otros lugares de Europa sería impensable que existiera un mausoleo como el Valle de los Caídos y apeló al derecho a la justicia y reparación que tienen los familiares de todos aquellos que perdieron la Guerra Civil. Algo que, añadió, no será posible hasta que no se exhume a quienes están allí enterrados cuando así lo soliciten sus allegados.

“Todavía en 2020 hay miles de familias que no han podido recuperar a su allegado y cerrar su duelo”

Consejera de Igualdad y Justicia