El Gobierno vasco sigue trabajando en transferir a la CAV la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que debía haberse materializado a finales de octubre pero que por "dificultades técnicas" llegará con un ligero retraso. Así lo confirmó a Iñigo Urkullu, quien señaló que la comunicación es "constante" con representantes del Gobierno de Pedro Sánchez para analizar las transferencias pendientes, aunque todavía no hay fecha prevista para una próxima reunión.
Sin temor a una recentralización por la crisis sanitaria y abogando por la adopción de medidas por parte de las autonomías en base a la legislación ordinaria, el lehendakari recordó que existía "un compromiso político desde Moncloa para que a finales del pasado mes se procediera a transferir lo relativo al Ingreso Mínimo Vital". "Pero somos conscientes de las dificultades técnicas que están siendo objeto de negociación todavía sobre esa materia y se trabaja en ello. No pongo, por lo tanto, ningún pero al hecho de que no haya sido posible el ejercitarlo a finales de octubre como estaba establecido. El compromiso existe y se trabaja en ello", incidió el jefe del Ejecutivo vasco.
Urkullu reseñó en Radio Euskadi que se debe "concretar el cronograma de traspaso de transferencias con una demora de cuatro o cinco meses como consecuencia de la pandemia", aunque se está "en vías de concretarlo ya inmediatamente". De hecho, el primer bloque -de once competencias entre las que se hallan Prisiones, Transporte por carretera u Ordenación del litoral- se empezaría previsiblemente a negociar en diciembre y debería culminarse en marzo, lo que supone un retraso de tres meses respecto a lo que marcaba el calendario original de febrero. El segundo bloque, que consta de 17 traspasos como Aeropuertos y Puertos, Inmigración, Transporte ferroviario o Salvamento marítimo, iría con cuatro meses de retraso y se completaría en octubre de 2021, siempre que la negociación de las transferencias no conlleve más demoras, como ha sucedido con el IMV.
El tercero, dedicado en exclusiva a iniciar el estudio del traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, debería tener lugar entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, cinco meses más tarde de lo previsto inicialmente. Se trata de la transferencia más compleja del calendario ya que, aunque está recogida en diversos estatutos autonómicos, nunca se ha puesto en práctica.
Tanto desde Lakua como desde el Ejecutivo español, y así lo ha venido refrendando el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, no hay "ninguna duda" de que se avanzará en los próximos meses hacia el pleno cumplimiento del Estatuto de Gernika, porque es "un objetivo compartido" entre los respectivos gabinetes. Es más, se trata de uno de los retos de la presente legislatura. La propia consejera de Autogobierno y Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, se comprometió a que se culminen las transferencias pendientes.
Visión sobre ETA. Iñigo Urkullu consideró "absolutamente incomprensible" que quien fuera párroco de Lemoa restara gravedad a las acciones de ETA y las situara en un contexto de represión al pueblo vasco. "No puedo entender cómo desde un ejercicio pastoral se puede llegar a ese tipo expresiones. O ha sido que le ha superado la entrevista o no sé cuáles han sido las razones, pero desde luego que es absolutamente incomprensible", manifestó el lehendakari. El Obispado de Bilbao retiró de los oficios eclesiásticos al cura, que pidió perdón a las víctimas por sus "desafortunadas" palabras.
"La comunicación entre gobiernos es constante, el compromiso existe y se trabaja en ello"
Lehendakari
