Comienzan los contactos, aunque sea de manera incipiente, para desbrozar la primera transferencia de la legislatura. El Gobierno vasco se encuentra manteniendo ya conversaciones con el equipo de la ministra Carolina Darias para garantizar que el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital se materialice en este mes de octubre, un asunto que es imperativo porque así se pactó entre el PNV y el Gobierno español en el contexto de las prórrogas del estado de alarma. Sería esta la primera transferencia y el punto de arranque para dar un nuevo empujón al calendario de competencias, que además se tiene que actualizar tras los meses de parón provocados por el coronavirus. La consejería de Autogobierno de Olatz Garamendi tiene por delante varios meses para completar la treintena de materias pendientes en el Estatuto de Gernika en una gestión colegiada con el vicelehendakari Josu Erkoreka.El calendario contemplaba para este año otro paquete de traspasos entre los que brillaba con luz propia por su trascendencia política la gestión de las prisiones (no afecta a la política penitenciaria, que queda sujeta a la ley estatal, pero sí permite un margen de actuación propio en las Juntas de Tratamiento de las cárceles con un enfoque destinado a la reinserción). En cuanto al Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno español, el PNV pactó con el Estado que fuera gestionado desde la comunidad autónoma vasca y Nafarroa, es decir, que en el caso de la CAV se pagara desde la ventanilla de Lanbide. El IMV actuaría como base que sería complementada con la renta de garantía de ingresos vasca, que en general ofrece una cobertura mayor. Hasta ahora, se actúa con un convenio con el Estado.

déficit

La gestión de las transferencias, los fondos europeos y el acuerdo sobre el déficit y la deuda con el Gobierno español son los grandes asuntos que han estado estos días en vías de negociación y, en el último caso, ya han encontrado una solución satisfactoria. Las diputaciones forales han visto reconocida por primera vez en su historia una capacidad de endeudamiento al margen de las entidades locales estatales, y esta capacidad es permanente y no se ha reconocido como parche coyuntural por el embate del coronavirus. El Estado, con carácter general, ha suspedido el techo de gasto, pero fijará unas tasas de referencia. Euskadi tiene sus propias cifras.

Las diputaciones tienen intención de compartir ese margen de déficit con los ayuntamientos porque les corresponde su tutela financiera. La oferta la lanzó anteayer el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria. Las fuentes consultadas por este periódico aseguraban ayer que las negociaciones con los municipios en Eudel continúan, y que probablemente habrá que esperar hasta el Consejo Vasco de Finanzas de mediados de este mes para afinar la previsión de caída de la recaudación fiscal, hacer un reparto con los municipios, y ratificarlo después en el Consejo Territorial de Finanzas. Las diputaciones tendrán un 0,9% de déficit este año (lo tendrán que compartir entre los tres territorios), y un 0,8% el siguiente, lo que se va a traducir en unos 600 millones entre las tres este año y otros 600 el próximo.