Roger Torrent activará la cuenta atrás hacia las elecciones si Quim Torra resulta inhabilitado en firme por el Tribunal Supremo tras la vista de ayer y no hay ningún candidato a la investidura para sustituirlo. "Es lo que marca la ley y el reglamento del Parlament", considera el president de la Cámara catalana en tanto que el Jefe del Govern recalca que no tiene intención de llamar a las urnas. "No seré yo quien en este momento tan crítico aboque a Catalunya a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración", aseguró el president en una declaración institucional. Por contra, Torrent entiende que el independentismo debe procurar no debilitar las instituciones en un contexto "tan grave" como el actual y avisa de que sería "muy poco responsable" que no se acordaran conjuntamente los pasos a seguir hasta el final de la legislatura.
Si ello no es posible y no hay candidato alternativo, la investidura se declararía fallida y empezaría a correr el plazo hacia las elecciones. Concretamente, serían dos meses hasta la convocatoria de las mismas, que se celebrarían 54 días después, previsiblemente en febrero. "Tenemos que ser útiles a la ciudadanía", defiende el líder de ERC en una entrevista en el programa L'Hemicicle que emite hoy Catalunya Informació, señalando que la ley de la Presidencia y el reglamento del Parlament son muy "claros y diáfanos" sobre el calendario. Lo cierto es que la previsible sentencia contra Torra, que el Supremo prevé anunciar en breve, engrasa la maquinaria electoral en Catalunya, cuyo Govern quedaría en funciones al mando de Pere Aragonès, lo que paralelamente tensionará el pulso entre las dos principales fuerzas soberanistas, que plantean estrategias diferentes respecto al procés, la solución al conflicto y a la relación con el Estado español.
Por de pronto, ley de la Presidencia estipula que un president cesa de su cargo si hay "condena penal firme que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos", lo que comportaría a su vez que el resto de miembros de su gabinete quedaran desde ese momento en funciones. Por ello, Aragonès asumiría las que dejaría vacantes Torra, salvo tres de las atribuciones presidenciales: plantear una cuestión de confianza, designar o destituir consellers y convocar elecciones. El coordinador nacional de ERC se perfila como candidato efectivo de su formación, más allá de si el número uno de la lista lo acaba ocupando simbólicamente Marta Rovira, exiliada en Ginebra, en una pugna con el líder de Junts, el expresident Carles Puigdemont, con una gran ascendencia dentro del mundo independentista aunque librando su propia batalla en el espacio posconvergente.
Una vez inhabilitado Torra, se abriría un periodo de diez días -según marca la ley- en el que Torrent, tras consultar a los grupos parlamentarios, debe proponer un candidato a la investidura. Torra ha pedido explícitamente a su grupo que no proponga ningún sustituto, porque eso significaría a su juicio agachar la cabeza ante el Supremo, pero esa postura, sumada a su negativa a convocar elecciones, dejaría al Govern en una situación de interinidad durante meses, con un bloqueo institucional temido por ERC. La investidura de un presidente alternativo desencallaría la situación e incluso una investidura fallida, en la que el candidato no obtuviese los apoyos suficientes, también permitiría un desbloqueo porque activaría la cuenta atrás de dos meses.
el polémico informe
Ahora bien, el escenario es otro si no hay investidura, ni efectiva ni fallida. El 9 de febrero de 2018, frustrada la investidura a distancia que buscaba Puigdemont desde Bélgica, los letrados del Parlament emitieron un informe, firmado con polémica por el secretario general, Xavier Muro, en el que concluían que, si la legislatura seguía atorada, Torrent podía activar la andadura electoral. Los letrados aludían al precedente de un dictamen del Consejo de Estado sobre el llamado tamayazo en la Asamblea de Madrid en 2003. Desde ERC ven "perfectamente aplicable" ahora ese informe si el president del Parlament constata que no hay candidato, ya que "nadie entendería que se permitiese un bloqueo institucional" que alargase la provisionalidad de este Govern en plena pandemia. Pero desde JxCat subrayan que el informe de 2018, elaborado durante la aplicación del artículo 155, no es vinculante y advierten de que la activación del reloj de arena no puede ser decisión personal de Torrent.
ERC y la CUP han urgido a Torra a pactar la fecha electoral, pero el president ignora las presiones amparándose es que toca plantar cara a la crisis sanitaria. JxCat buscará que la inhabilitación no sea efectiva de inmediato y agotará todas las vías: incidente de nulidad ante el Supremo, recurso ante el Constitucional y petición de suspensión de la condena mientras no se resuelva este recurso. Si se hace efectiva a finales de mes o principios de octubre, se abriría el plazo de diez días para que Torrent explorara un candidato y, si no lo hay, podría activar la cuenta atrás de dos meses, tras la cual, si persiste el bloqueo, se convocarían elecciones para 54 días más tarde, en febrero, o más adelante si la efectividad de la condena se retrasa.
