Pedro Sánchez ha pisado un charco más profundo de lo que pensaba y todo apunta a que tendrá que rectificar. Se enfrenta a un motín de los ayuntamientos estatales, muchos de los cuales denuncian una expropiación por la intención del Gobierno español de tomar prestados los remanentes de los municipios y que se los cedan a cambio de una aportación de 2.000 millones para este año y 3.000 para el próximo, y de recuperar las cantidades en 15 años. En el caso vasco, acaba de recibir dos avisos: los tres diputados generales han firmado un comunicado conjunto para avisarle de que ese acuerdo no es de aplicación en Euskadi por su régimen foral y porque la tutela de los municipios corresponde a las diputaciones; y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, según ha podido confirmar DEIA, estará presente hoy en una reunión de los ayuntamientos estatales descontentos para hacer llegar esta idea, la oposición del PNV al decreto y la exigencia de convocar cuanto antes la Comisión Mixta del Concierto Económico.
El acuerdo de los remanentes se firmó entre el Gobierno español y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tras una votación por la mínima en la plataforma municipal, donde el presidente socialista Abel Caballero ejerció el voto de calidad para romper el empate. Los ayuntamientos que no están de acuerdo comienzan a mover los hilos para que Sánchez rectifique su decreto. El alcalde de Zaragoza y portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, ha convocado para hoy una reunión telemática de los regidores descontentos, a la que acudirán responsables del PP, C’s, ERC, PDeCAT, BNG, Coalición Canaria, Podemos, y también el PNV. Aunque el acuerdo no afecta a Euskadi porque no forma parte de las comunidades de régimen común, tiene su propio régimen foral y la tutela de los ayuntamientos corresponde a las diputaciones forales y no al Estado, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, participará en la reunión precisamente para hacer llegar esta advertencia al Gobierno español y la FEMP, y dejar ver que el PNV votará en contra de la tramitación parlamentaria. La posición de Aburto es la que ya había trasladado el presidente de Eudel, el jeltzale Gorka Urtaran, alcalde de Gasteiz: la tutela corresponde a las diputaciones, y lo que tiene que hacerse en todo caso es reunir cuanto antes la Comisión del Concierto para aclarar los límites de deuda y déficit de manera bilateral con el Estado, además de abordar el reparto de los fondos extraordinarios; y que después las Juntas Generales o las diputaciones bajen al detalle regulando el uso del superávit en los ayuntamientos. El acuerdo, insisten desde el ayuntamiento de Bilbao y Eudel, “no afecta” a los remanentes de los ayuntamientos vascos.
El PNV ha lanzado una ofensiva institucional. Los diputados generales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba firmaron ayer un comunicado conjunto para avisar de que el acuerdo “no es de aplicación para las entidades locales” de la comunidad autónoma, porque la tutela financiera de los ayuntamientos corresponde a los territorios históricos. “Cualquier decisión o acuerdo relativo a la financiación y sostenibilidad de las instituciones vascas, incluidas las entidades locales, deberá ser adoptada, bajo el principio de bilateralidad, en el seno de la Comisión Mixta de Concierto Económico”, añaden Unai Rementeria, Markel Olano y Ramiro González. Son las normas forales reguladoras de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales las que regulan cómo se usa el superávit de los ayuntamientos.
Sánchez ha logrado un milagro, unir a ayuntamientos de distintas ideologías en diferentes situaciones (algunos no quieren prestar su superávit, y otros no lo tienen y piden fondos). Caballero trató de aclarar ayer que el plazo de devolución es de diez años, y que los quince son una opción para quien lo desee.
