Label vasco para las matiné de Moncloa

21.06.2020 | 09:13
El lehendakari, Iñigo Urkullu, en una de las 14 reuniones telemáticas de los presidentes autonómicos celebradas en los tres útimos meses.

Pedro Sánchez ha ido asumiendo los postulados ofrecidos por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en las videoconferencias con los presidentes autonómicos

Salvaguardar a la economía de un parón del que, según los expertos, hubiera sido muy complicado recuperarse; petición de ayudas a pequeñas empresas y trabajadores; regulación de los ERTE; franja horaria para que los niños vieran aliviado el confinamiento y pudieran salir a la calle; apertura de pequeños comercios; permiso de actividad física; y por último, y quizá la más importante a nivel político, dar carta de naturaleza y soporte jurídico a la cogobernanza de las comunidades autónomas en la fase final de la desescalada de cara a lo que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez denomina "nueva normalidad".

Esta es la contribución del lehendakari, Iñigo Urkullu, en las catorce reuniones matinales de los domingos por videoconferencia que ha mantenido el máximo responsable del Ejecutivo español con los presidentes de las comunidades autónomas. Los encuentros han pasado por diversas fases y altibajos, desde el enfado inicial de líderes como Iñigo Urkullu o Quim Torra a una última fase más tranquila, una vez que se alcanzaron acuerdos para compartir la toma de decisiones entre el Estado y las comunidades, poniendo fin así al polémico mando único que Moncloa se arrogó al inicio de la crisis del covid-19.

Ayudas a autónomos, ERTE e IMV

En la primera de las reuniones de Sánchez con los dirigentes autonómicos, el 15 de marzo, Urkullu presentó una batería de cuestiones de un marcado cariz económico. Así, las propuestas del lehendakari fueron aprobar un paquete denominado Propuestas y medidas extraordinarias firmado por los agentes empresariales y sindicales que estaba sobre la mesa del Consejo de Ministros; priorizar las medidas de apoyo a autónomos y comercios, especialmente afectados por las restricciones impuestas; subsidiar a las empresas que mantengan el empleo; y solicitar a la Unión Europea la puesta en marcha de un ambicioso plan de estímulo económico.

Además, el jefe del Ejecutivo vasco pidió en esa reunión de presidentes que se reconociera a las y los profesionales de la sanidad y los servicios esenciales por el plus de esfuerzo, entrega y compromiso que estaban demostrando ante la crisis.

La respuesta del Ejecutivo Sánchez llegó apenas dos días después ya que el 17 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley en el que se contemplaba la concesión de la prestación por desempleo para autónomos y trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporales de Empleo (ERTE), además de ayudas para las empresas.

En total, el Ejecutivo español anunció la movilización de 200.000 millones de euros, casi un 20% del Producto Interior Bruto (PIB). La mayor parte de esta partida estaba destinada a proteger el empleo y a las empresas ya que, según aseguró entonces Pedro Sánchez, "lo importante es no dejar a nadie atrás". Además, se flexibilizó la adopción de los ERTE por "fuerza mayor" a las empresas.

En lo referente al Ingreso Mínimo Vital (IMV), en la reunión del 3 de mayo, el lehendakari mostró su malestar por el hecho de que llevaba semanas recibiendo información a través de los medios de comunicación sobre el IMV, pero los ministerios que se habían puesto en contacto con el Ejecutivo vasco no habían concretado nada. Urkullu reclamó la puesta en marcha de la prestación, pero atendiendo a la realidad de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta siempre los modelos de asistencia existentes en las comunidades, en el caso vasco, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Hubo que esperar casi un mes para que el Consejo de Ministros aprobara el 29 de mayo el IMV que fijó un mínimo garantizado que parte de los 461,5 euros al mes en doce pagas para un adulto solo, el equivalente a una pensión no contributiva. Esta cantidad mínima se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulto o niño, hasta un máximo de 1.015,3 euros.

Tal como había pedido Urkullu, tanto la CAV como Nafarroa tendrán la capacidad de gestionar el IMV, por lo que serán los órganos de los dos territorios quienes realicen toda la gestión de la renta mínima sin la participación de la Seguridad Social. El IMV complementará a la RGI en las dos comunidades. En la reunión con los presidentes autonómicos, y ante el enfado de alguno de ellos por los "privilegios" de la CAV y Nafarroa, Sánchez reconoció que ambas comunidades "han sido referencia y han desarrollado, de manera innovadora y novedosa, políticas de similares características al IMV". Así, el presidente español consideró a la CAV y Nafarroa referentes en esta materia por su gestión desde hace décadas de la Renta de Garantía de Ingresos.

Hibernación de la economía

Un momento clave a lo largo de estos meses de estado de alarma se produjo el 28 de marzo cuando Pedro Sánchez anunció la clausura de industrias y empresas que no fueran fundamentales para garantizar los servicios básicos durante 11 días, desde el 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril, ambos incluidos. "Vivimos las horas más duras; estamos afrontando las horas más tristes, más duras, más amargas. A medida que nos estamos acercando a la cresta de la ola, el virus nos está golpeando con una violencia despiadada", afirmó el presidente español para justificar la drástica medida.

La hibernación empresarial encontró contestación por parte de sectores económicos que auguraban que este parón iba a suponer la defunción de muchas empresas. En estos parámetros se situó el lehendakari Urkullu, quien señaló que la hibernación de la economía iba a poner en una grave tesitura a muchas empresas vascas que no podrían competir con industrias europeas que no iban a acometer ese cierre.

Apenas tres días después de que el BOE publicara el Decreto sobre la hibernación de la economía, la vicepresidenta tercera del Gobierno español, Nadia Calviño, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, dejaron abierta la posibilidad de que pudieran seguir operando las empresas del sector electrointensivo, las que se dedicaran a actividades de importación y exportación, y las que corrían el riesgo de una pérdida importante de su cartera de clientes. Eso sí, se debía garantizar la salud de los trabajadores de esas empresas. Las dos ministras dejaron en papel mojado el decreto-ley emitido tres días antes y desautorizaron las palabras de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que, en respuesta a las críticas del lehendakari Urkullu, aseguró que no iba a haber diferencias entre las comunidades autónomas y que solo seguirían funcionando las empresas esenciales.

El Gobierno vasco, y acogiéndose a las aclaraciones de las ministras Calviño y Montero, explicitaron una relación de actividades imprescindibles para las actividades catalogadas esenciales para la industria vasca. Además, para asegurar el transporte de viajeros y mercancías se consideró imprescindible la fabricación de vehículos de motor. Por último, entró en esa categoría esencial la industria electrointensiva necesaria para garantizar el suministro y la estabilidad del sistema eléctrico.

A posteriori, la actuación del Gobierno vasco se mostró eficaz para, mal que bien, mantener, aunque sea al ralentí, la economía vasca.

Niños, pequeños comercios, deportistas

El 19 de abril, cuando la ciudadanía llevaba más de un mes confinada en sus casas, el lehendakari Urkullu llevó tres peticiones concretas a la reunión de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo vasco solicitó posibilitar salidas a la calle de menores, en condiciones limitadas de tiempo, distanciamiento y no agrupación; preparar la apertura limitada y regulada de comercios y pequeños negocios, con estrictas medidas de seguridad; y, por último, autorizar la actividad física individual, en espacio abierto y sin agrupación de personas.

En la reunión, Sánchez se comprometió a que a partir del 27 de abril los niños menores de 12 años pudieran acompañar a sus padres "a hacer los recados al supermercado o al estanco". Sin embargo, y ante el chaparrón de críticas, muchas de ellas provenientes de asociaciones de pediatras, 48 horas después el presidente español, en lo que ha sido una constante en estos meses, rectificó. La edad se subió a los 14 años y se establecieron franjas horarias, tanto para que pudieran salir los niños a la calle, como para que las personas pudieran practicar deporte de manera individual.

Asimismo, a partir del 4 de mayo, la hostelería pudo levantar la persiana para servir comida para llevar y comenzaron a funcionar locales comerciales con cita previa y aforo muy reducido.

Del mando único a la cogobernanza

Desde el inicio de la crisis, el Gobierno español no se apeó de una premisa que consideró básica, que la pandemia se debía combatir bajo un mando único que corría a cargo del Ejecutivo español. Era curioso observar la presencia de uniformes cargados de medallas en las primeras ruedas de prensa, una tendencia que ya ha desaparecido.

A lo largo de estos meses, tanto el lehendakari Urkullu como el president catalán Quim Torra han reclamado que se cumpla lo establecido en los estatutos de autonomía, y si Euskadi y Catalunya tienen competencias tanto en Sanidad como Seguridad, se deberían respetar esas competencias estableciéndose una cogobernanza para encarar la crisis. Una petición a la que se han ido sumando más presidentes, entre ellos Alberto Núñez Feijóo, que reclamó que se respetarán también las competencias de Galicia.

Poco a poco se han ido imponiendo las tesis de Urkullu. Es claro exponente del cambio de actitud del Ejecutivo español en cuanto a la decisión de abandonar el mando único, y de la influencia de Euskadi en este proceso, que Sánchez haya terminado por aceptar la mayor parte de las peticiones que el lehendakari ha realizado en el foro de presidentes. De esta manera, se ha producido un proceso de progresiva devolución de competencias a las comunidades en lo que se ha llamado "cogobernanza" y, por último, la gestión total de la desescalada por parte de las comunidades autónomas que llega con la fase 3. Todo ello ha sido impulsado y negociado por el Gobierno vasco, que ha jugado un papel decisivo en el devenir del plan de desconfinamiento.

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