Pedro Sánchez ha desatado otro incendio con el Gobierno vasco y, por extensión, con sus socios del PNV. El Ejecutivo español dio ayer la sorpresa al aprobar en Consejo de Ministros, de manera unilateral, sus criterios para repartir entre las comunidades autónomas el fondo de 16.000 millones para combatir las consecuencias del coronavirus. Lo hizo sin pactarlo de manera específica y por su propio carril con la comunidad autónoma vasca, lo que supone saltarse la relación bilateral con los territorios forales cuando este asunto tendría que haberse cerrado en una reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico (en la CAV) y del Convenio (en Nafarroa). El movimiento del Estado supone incumplir su propia ley, una norma española como lo es la Ley Quinquenal del Cupo aprobada por el Congreso de los Diputados, que establece en su artículo 11.4 que la participación vasca en los nuevos compromisos de financiación que pudieran surgir y que afecten a competencias ejecutadas por las autonomías debe pactarse en la Comisión Mixta. Para añadir más sal a las heridas, el Gobierno español ha decidido excluir de manera específica a los territorios forales del tramo de los 5.000 millones para compensar la caída de la recaudación y de los viajeros en el transporte público.

La dura reacción que tuvo ayer el Gobierno vasco acredita que para el gabinete de Iñigo Urkullu se ha cruzado una línea roja y se ha roto un pacto sacrosanto, el modelo de relación bilateral y paccionada del Concierto Económico que impide que ninguna de las dos partes tome decisiones unilaterales en sus relaciones financieras.

Son palabras mayores para el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, quien exige que se reconduzca este desencuentro con una reunión de la Comisión Mixta en la primera semana de julio, ya en plena campaña para las elecciones vascas del día 12. En una nota contundente, el departamento de Azpiazu mostró su "rotunda disconformidad con el planteamiento unilateral" y la "flagrante vulneración de la vigente Ley de Cupo". Criticó la exclusión "arbitraria" del cuarto tramo "bajo la excusa de que los sistemas forales son poco homologables al resto", una motivación "falaz" porque los criterios de ese reparto en general no distinguen sistemas.

Sánchez abre otro fuego con el PNV tras haber reconducido la relación con acuerdos de trascendencia política como la gestión vasca del Ingreso Mínimo Vital, la próxima reunión de la Comisión de Transferencias y la prórroga del estado de alarma que cedió todo el control al lehendakari. El presidente de la ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, ya se había lamentado recientemente de que la confianza en Sánchez se empieza a parecer a la luz intermitente de un coche, y ahora el presidente español vuelve a crear un problema político de primer orden con sus socios de investidura. Fuentes de la ejecutiva del PNV consultadas por este periódico avisan de que el decreto se debe convalidar en el Congreso y Sánchez no tendrá el apoyo jeltzale si no reconduce lo sucedido. Al igual que han podido negociar otros decretos, el PNV confía en que se resuelva lo sucedido con este "disparate".

El consejero Azpiazu espera reconducir este encontronazo en las próximas horas con la ministra María Jesús Montero, con quien lleva negociando tres semanas. El Gobierno vasco es de coalición con los propios socialistas. La ministra portavoz y de Hacienda fue precisamente la encargada de presentar ayer el fondo y de excluir con criterios de apariencia discrecional y arbitraria a la comunidad autónoma del tramo cuarto, del reparto de 4.200 millones para compensar la pérdida de ingresos tributarios y de 800 millones para amortiguar el impacto que ha tenido la caída de viajeros en el transporte público, unos fondos que se van a liberar en diciembre. Montero trató de justificarlo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros asegurando que la comunidad autónoma vasca y Nafarroa recaudan casi todos los impuestos, y citó en concreto el IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades, pero el documento que mostró a la prensa sobre ese tramo apostaba por compensar la caída recaudatoria por otros impuestos diferentes que no eran esos, sino impuestos cedidos no sujetos a liquidación como los del juego, matriculación, y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. "Nos han querido sacar de ese tramo con criterios arbitrarios. Entendemos las prisas, pero se debe reconducir por imperativo legal", explican a DEIA fuentes del departamento de Azpiazu.

Montero, por el contrario, había defendido su criterio en la rueda de prensa. "Quiero advertir de que en este último tramo no participan las comunidades forales del País Vasco y Navarra, que como saben tienen un sistema particular, recaudan la práctica totalidad de los impuestos, incluidos el IRPF, el IVA o Sociedades, y son poco homologables en este tramo al resto de comunidades. Se decidirá en el marco de la Comisión Mixta la compensación en términos de déficit y deuda", dijo.

La coletilla sobre la compensación en déficit y deuda tampoco es un consuelo ni una concesión graciosa. No es una novedad. En realidad, ya estaba acordado desde la reunión de la Comisión Mixta celebrada en marzo, cuando ambos gobiernos pactaron un objetivo de déficit del 0% para los próximos años, pero dejaron la puerta abierta a que se revisara al alza en el caso de que hubiera un cataclismo a nivel internacional, como así ha sucedido con el coronavirus. Ya por la tarde, Montero respondió en el Senado a Geroa Bai que la CAV y Nafarroa tienen un volumen extraordinario de ingresos, pero la coalición navarra le recordó que las haciendas forales pagan solidariamente a través del Cupo o la aportación para compensar a los territorios menos favorecidos.

Montero presentó los criterios del reparto sin llegar a concretar cuánto dinero va a recibir cada comunidad. En una comparecencia donde se deshizo en elogios para este fondo y lo presentó en términos casi históricos, dijo que las comunidades más afectadas por el virus van a ser las que más dinero reciban, porque los criterios del reparto serán el número de hospitalizaciones, los enfermos en la UCI, las pruebas PCR y la población protegida equivalente. Dijo que este fondo servirá para pagar a los proveedores, y que ha escuchado "a todas las comunidades y gran parte de los grupos políticos", y por la tarde dijo que la más beneficiada será Madrid, en un guiño al PP. Es un fondo que las comunidades no tendrán que devolver. De los 16.000 millones, se van a dedicar 9.000 al gasto sanitario (6.000 en julio y 3.000 en noviembre), 2.000 a la educación en septiembre, y 5.000 a la pérdida de ingresos tributarios y por el transporte, que se liberarán en diciembre. Confirmó que las comunidades con superávit en 2019 podrán gastarlo.

La Ley del Cupo de 2017 a 2021 establece que los nuevos compromisos de financiación que asuma el Estado se deben pactar en la Comisión Mixta. No hacerlo también incumple el pacto de investidura con el PNV, que en su punto 9 aboga por encauzar las discrepancias en el ámbito financiero en esa Comisión.

Reparto

Los 16.000 millones para las comunidades, que no tendrán que ser devueltos, se dividen en los 9.000 para sanidad, 2.000 para educación y 5.000 para compensar las pérdidas tributarias y en el transporte público. En la sanidad, se dotará un primer tramo de 6.000 millones en cuyo reparto la población protegida equivalente pesará el 35%, los ingresos en UCI el 30%, las hospitalizaciones el 25% y las PCR el 10%. Este primer tramo se pagará en julio. Otro tamo de de 3.000 se pagará en noviembre y los porcentajes de los criterios anteriores varían. Para el fondo educativo, la población de 0 a 16 años pesará el 80%, y la de 17 a 24 años lo hará en un 20%. Los 4.200 millones para la caída fiscal tendrán en cuenta los ingresos de cada comunidad por ITPAJD, IEMDT y juego no online.

"Urge convocar la Comisión Mixta para reconducir la flagrante vulneración del Cupo"

Nota de prensa

"Quiero advertir de que en el último tramo del fondo no participan las comunidades forales"

Ministra de Hacienda y portavoz