La Audiencia de Bizkaia sentará en el banquillo a dos exalcaldes del PNV de Alonsotegi, junto a otras cuatro personas, por presunta malversación, fraude y tráfico de influencias, entre otros delitos. Esta causa se abrió en 2014 a raíz de una denuncia presentada por EH Bildu por supuestas irregularidades urbanísticas. La coalición abertzale consideró ayer una “buena noticia” este anuncio y exigió “tolerancia cero con la corrupción”.
En un auto fechado el 26 de mayo, la Audiencia confirma la resolución del Juzgado de Instrucción de Barakaldo de julio de 2018, que determinaba que un tribunal con jurado resolviera sobre la culpabilidad de los seis acusados. El auto desestima los recursos que reclamaban el sobreseimiento de las imputaciones. Los dos exalcaldes, Aitor Santisteban y Gabino Martínez de Arenaza, habían esgrimido la falta de indicios para su acusación y lo inapropiado del procedimiento con jurado popular, argumentos que han sido rechazados.
Junto a ellos continúa el procesamiento de tres asesores legales y un arquitecto, todos ellos en relación con la presunta gestión opaca de una sociedad municipal, Alonsotegi Eraikiz, a través de la cual el Ayuntamiento de Alonsotegi podría haber gastado unos 7,3 millones de euros sin justificar su destino. “La Sala estima que no hay norma alguna” que impida juzgar esos hechos con un jurado popular y destaca “la verosimilitud de los delitos y de su imputación provisional a los investigados”. Admite, eso sí, la dificultad de concretar la participación de cada uno de los imputados en los hechos.
Según el relato de la Audiencia vizcaina, Alonsotegi Eraikiz fue constituida en 2002 por acuerdo del Consistorio para realizar obras públicas, proyectos de urbanización y la conservación de inmuebles. Los investigados tuvieron cargos de responsabilidad en la sociedad, formando parte de sus órganos de decisión y, por ello, “las acciones reprochables que se describen primero en la denuncia y luego en la querella, en la medida que se han visto indiciariamente confirmadas en la investigación, son atribuibles a dichas personas”.
Esa sociedad “prescindió de modo absoluto de los principios de publicidad y concurrencia” en las contrataciones que realizaba. El auto cita la venta de unos terrenos por valor de 4,3 millones de euros, que “fueron cobrados por la sociedad pública”, sin que se conozca el destino de dichas cantidades. Alonsotegi Eraizkiz se disolvió en abril de 2011 y cedió sus activos al Ayuntamiento.
La cabeza de lista de EH Bildu por Bizkaia para el 12-J, Jasone Agirre, opinó ayer que “es una buena noticia que se juzgue a excargos públicos que, según indican todas las evidencias, se valieron de su posición para llenar los bolsillos, los suyos y los de sus socios”.
