- El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha fracturado a la derecha en el Congreso de los Diputados. Vox se opone frontalmente a la renta básica pese a que un primer momento apoyó la iniciativa, mientras que el PP no aclara si lo apoyará o se abstendrá. Por su parte, Ciudadanos sigue su viraje y se decanta claramente por el apoyo.

Desde el PP, la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, aseguró ayer que su partido va a pedir que se tramite como proyecto de ley el real decreto ley del IMV cuando llegue al Congreso, en el que quiere hacer varios cambios, pero no votará en contra. En rueda de prensa, explicó que su partido no está en contra de este decreto, aunque quiere analizar su contenido para ver si su voto es finalmente a favor o una abstención.

Aunque el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, dijo por la mañana que iban a votar que sí a esta renta, Gamarra aclaró que eso se ha producido cuando el decreto ha sido publicado en el BOE, pero aún es necesario analizarlo “en profundidad” para decidir el sentido de su voto. El PP reclamará que esta renta mínima sea gestionada por las comunidades autónomas “en igualdad de condiciones”, y no solo en la CAV y Nafarroa, como ha acordado el Gobierno, así como que esta renta se vincule a la búsqueda activa de empleo de los perceptores.

Vox mostró su “rechazo” al Ingreso Mínimo Vital porque, ha generado un “efecto llamada a gritos” a la “immigración ilegal”. Sin embargo, el decreto que regula esta prestación indica que solo pueden acceder a ella los extranjeros con residencia legal en España de al menos un año en el momento de la solicitud, así para víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género extranjeras, aunque no tengan residencia legal en España.

Por su parte, Ciudadanos apoya la creación de un ingreso mínimo vital (IMV) para “no dejar a nadie por el camino” durante la crisis económica generada por el coronavirus, pero pedirá que el real decreto ley del Gobierno se tramite como proyecto de ley en el Congreso para poder resolver sus “carencias” antes de que se apruebe. El portavoz parlamentario, Edmundo Bal, explicó que están de acuerdo porque lo consideran “absolutamente necesario” para “no dejar a nadie atrás” y que las personas empobrecidas no tengan que pedir ayuda alimentaria.