El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha advertido de la necesidad de tomar en el futuro "decisiones presupuestarias" en aras a solucionar el previsible retraso en la Administración de Justicia, ocasionado por el parón de la actividad de los juzgados durante el estado de alarma y la entrada de procedimientos relacionados con la crisis.

En una entrevista a Efe, Ibarra ha reflexionado sobre las consecuencias de la crisis sanitaria en la Justicia, justo ahora que empezaba a coger ritmo una vez superada la crisis económica y en puertas a tener que afrontar "otra, aún peor", y la probable multiplicación de expedientes de regulación de empleo, reclamaciones de trabajadores y concursos de empresas, que volverán a multiplicar la carga de trabajo en las jurisdicciones de lo Social y de Mercantil.

Según ha contado, "jueces, fiscales, letrados y funcionarios trabajan desde que comenzó el estado de alarma con el lema 'el Estado de Derecho no está en cuarentena' y aunque es verdad que está afectado por esa situación", sus profesionales han afrontado "con gran esfuerzo y con tensión" su labor "para tratar de ofrecer el servicio público de la Justicia en la mayor medida que sea posible".

"Mientras mantengamos esa tensión, creo que podemos tener esperanza" en que la Administración de Justicia no llegue a colapsarse, "aunque sea sin mucho optimismo", porque por lo menos hasta el 12 de mayo seguirá el parón de la actividad y los juzgados no volverán a la normalidad, ha dicho.

Ibarra ha expuesto que la Administración de Justicia "se estaba recuperando de los efectos de la crisis de 2008, que generó un aumento importante de la actividad de las jurisdicciones de lo Social y Mercantil", y por lo tanto retrasos en los señalamientos y en la resolución de los procedimientos, "y hay que pensar que en esta ocasión las consecuencias de la crisis sanitaria van a ser todavía mayores".

"Sin perder el marco de referencia que supone el equilibrio entre el derecho a la salud y el derecho de todas las personas a tener una tutela judicial efectiva de sus intereses y de sus derechos legítimos, es evidente que en estos momentos la balanza se debe inclinar más hacia la protección del derecho a la salud", ha sentenciado.

Sin embargo, ha confiado en que "más adelante la balanza se incline hacia el Derecho", cuando haya que sopesar "entre el derecho a la tutela judicial efectiva y las restricciones presupuestarias".

Hasta que lleguen refuerzos, "nos tenemos que apañar con lo que tenemos" y como presidente del TSJPV planteará la posibilidad "repartir el trabajo" para paliar esa situación, de manera que, como ya se hizo hace dos años cuando llegaron a los Palacios de Justicia una gran cantidad de reclamaciones por las cláusulas suelo, se planteará si de manera voluntaria jueces vascos de jurisdicciones con menos carga de trabajo se ofrecen de manera voluntaria a acudir en comisión de servicios a reforzar esas áreas más saturadas.

Probablemente también se soliciten refuerzos de jueces de la escuela judicial, entre otras medidas para evitar el atasco, mientras aguarda que el Gobierno dictamine otras encaminadas a celebrar los miles de actos judiciales suspendidos durante el estado de alarma, como podría ser la apertura de juzgados por la tarde o la posibilidad de que agosto deje de ser un mes inhábil, iniciativa que Ibarra considera que, en la práctica, no ayudaría a resolver el problema.