Alerta Mundial por el Coronavirus

El vacío legal deja en el limbo el aplazamiento de las elecciones del 5-A

Ni el lehendakari ni la Junta Electoral están facultados para suspender los comicios por el coronavirus

12.03.2020 | 07:55
Juan Luis Ibarra, presidente de la Junta Electoral vasca, junto al resto de miembros de este organismo, en la reunión celebrada ayer en el Parlamento Vasco.

La epidemia del coronavirus ha generado una situación sin precedentes hasta el punto de que no hay en el ordenamiento jurídico español, y concretamente en la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), una previsión sobre a quién le correspondería aplazar o suspender unas elecciones por una emergencia de salud pública. Por ello ayer, ya con la posibilidad cierta de que sea perentoria la necesidad de posponer los comicios del próximo 5 de abril, la confusión reinaba entre las instituciones.

Todas las miradas estaban puestas en la reunión que la Junta Electoral iba a celebrar por la tarde en el Parlamento Vasco, y más después de que el lehendakari Urkullu dijera por la mañana que las decisiones en torno a las elecciones le "corresponde" adoptarlas a este órgano. Sin embargo, antes de entrar a la reunión vespertina, el presidente de la Junta Electoral y también del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, aseguraba que "estamos en este tema ante una laguna del Derecho" y sentenciaba que, por tanto, no tomarían ninguna decisión no relacionada con el orden del día. El mismo versaba sobre las medidas de seguridad que se debían adoptar para garantizar la salud pública en la campaña electoral, la votación y el escrutinio del día 5 de abril.

"En el actual contexto jurídico vigente la Junta Electoral no conoce de ninguna norma que le habilite para el ejercicio de la atribución de la suspensión de proceso electoral. No podemos plantearnos un horizonte que no nos corresponde a nosotros; trataremos de resolver los problemas cuando se nos planteen, pero no se nos han planteado", afirmó. Así, la Junta Electoral no analizó otro escenario que no fuera el de la celebración de los comicios en condiciones de seguridad, "ni debemos plantearlo mientras la autoridad sanitaria no nos diga otra cosa". El próximo martes se celebrará una nueva reunión de la Junta, ya muy cerca de la fecha de inicio de la campaña, y mientras tanto existe un canal abierto con la consejería de Salud, señaló Ibarra, para seguir la evolución de la epidemia y valorar posibles medidas adaptadas a la situación.

Escasas horas antes de la reunión del Parlamento, y muy cerca del mismo, en el parque de La Florida de Gasteiz, Iñigo Urkullu subrayaba que no estamos "ante un tema político, sino de salud pública", y por tanto afirmaba que la decisión que se adopte sobre las elecciones deberá basarse en "criterios técnicos", con las mismas medidas para la campaña electoral que se adoptarán en "eventos sociales, culturales o deportivos". El lehendakari Urkullu pidió además a los partidos "no especular" con esta cuestión y a la población en general que cumpla "estrictamente" las instrucciones de las autoridades sanitarias.

A la espera de que la evolución de la ya declarada pandemia por la OMS convierta la campaña y, sobre todo, la cita electoral del día 5, en un peligro para la salud pública, pocas soluciones ofrece el ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, Ibarra, sin querer ir más allá en sus opiniones por su calidad de presidente de la Junta Electoral, cuyo cometido se restringe a la gestión de unas elecciones ya convocadas, sí afirmó que "los juristas con el lenguaje del Derecho llegamos a soluciones; las lagunas del Derecho se rellenan con los principios y las normas generales". Incluso admitió la posibilidad de que "de aquí al 5 de abril cambie la situación jurídica".

No descartó, además, que la solución llegue fruto del diálogo entre la Junta Electoral y el lehendakari, pero no aclaró a qué soporte legal podrían agarrarse para garantizar la seguridad jurídica.

la vía contencioso-administrativa Con la legislación actual en la mano, solo cabría repetir las elecciones, en un plazo máximo de tres meses, en aquellas mesas -habrá 2.667 en todo Euskadi- en las que los censados no hayan podido ejercer su derecho al voto por encontrarse enfermos o en cuarentena. La vía para forzar dicha repetición sería la contencioso-administrativa, en la que un juez decidiría si la votación fue válida o no y si cabe repetirla.

Por su parte, fuentes del Gobierno vasco explicaban a DEIA que además de no existir anclaje legal alguno para que el lehendakari aplace las elecciones, incluso con el consenso de todos los partidos, de tomar la decisión habría que responder a preguntas como a cuándo posponerlas, o cómo gobernar sin un Parlamento que controle al Ejecutivo.

Por otro lado, la Junta Electoral del País Vasco sí trató las medidas para el día de la votación y el escrutinio facilitadas por el Departamento de Seguridad. Así, se limpiarán con desinfectante los cerca de 800 colegios electorales vascos antes y durante las votaciones, se facilitará el lavado de manos, y se proporcionará guantes de nitrito a presidentes de mesa, vocales, interventores, apoderados o miembros de la Administración presentes en los colegios electorales.

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