Proposición de ley

Vox lleva al Congreso la ilegalización de los soberanistas vascos y catalanes

Abascal vuelve a amenazar con dejar fuera de la legalidad al PNV y EH Bildu, así como a ERC, JxCAT y la CUP

21.01.2020 | 06:26
Santiago Abascal, junto a dirigentes de su partido en la presentación de la iniciativa parlamentaria ayer en el Congreso.

bilbao - Tras la puesta en marcha del nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, la derecha ha entrado en una competición para ver quién esgrime más dureza a nivel discursivo y propositivo, en la que Vox marca por ahora el paso y arrastra a su terreno tanto al PP como a Ciudadanos. En esa carrera sin frenos en la que las tres formaciones siguen elevando cada día el tono, los de Santiago Abascal volvieron a sacar ayer a la palestra la ilegalización de los partidos que a su juicio atentan contra "la unidad de España", es decir, los soberanistas vascos y catalanes, cuestión que llevarán al Congreso próximamente.

El propio Abascal procedió a registrar en sede parlamentaria una proposición de ley para proceder a la ilegalización de los partidos que en su programa cuestionen "el marco constitucional" y la "unidad" del Estado español. Vox plantea hacerlo mediante una reforma de la vigente Ley de Partidos Políticos, norma que ya se empleó en el año 2002 para proceder a la ilegalización de las marcas electorales de la izquierda abertzale Herri Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok.

Ahora, la formación ultra quiere dejar fuera de la ley a partidos independentistas como ERC, JxCat, la CUP y EH Bildu, pero también a todas las formaciones soberanistas en general, entre las que incluye al PNV y al BNG. Sobre estos dos últimos, Abascal argumentó que si buscan "destruir la unidad y la soberanía de España" serán incluidos en la lista, que no excluye a "ninguna fuerza separatista".

No es la primera vez que la formación ultraderechista pone encima de la mesa la ilegalización de los partidos soberanistas; ya lo hizo el pasado de noviembre durante la campaña electoral, cuando su dirigente Javier Ortega Smith llegó a amenazar directamente en un debate televisivo al jeltzale Aitor Esteban con la prohibición del PNV y de independentistas vascos y catalanes. Sin embargo, en esta ocasión Vox prevé llevar su propuesta a la Cámara Baja y añade además que, si la iniciativa prospera, las formaciones ilegalizadas tendrán que devolver los fondos públicos que hayan recibido.

Aunque la iniciativa parlamentaria de Vox no tiene ningún viso de prosperar -Abascal reconoció que ni siquiera han hablado con ningún otro partido para buscar su apoyo a la propuesta-, sí tiene relevancia a nivel simbólico, ya que será la primera vez que el Congreso debata la ilegalización en bloque de los soberanistas. El partido ultra justifica su iniciativa haciendo referencia a una supuesta "degradación progresiva de los partidos y sus funciones" relacionada con el ataque "constante" a España y la Constitución.

Dice asimismo sobre las formaciones soberanistas que en sus estatutos expresan su voluntad de "romper España", así como de incitar "a la violencia, a la desobediencia de los tribunales, al incumplimiento de las leyes, al abuso de poder y a la justificación del terrorismo". Aunque no aportó nada que atestigüe dichas acusaciones, Abascal se comprometió a poner "límites claros" para que los partidos políticos dejen de ser "un peligro para la unidad y la convivencia entre españoles".

C's tiene su propia propuesta

Por su parte, Ciudadanos tiene su propio camino para dejar fuera de juego a los soberanistas. La estrategia de la menguante formación naranja es la de establecer una barrera del 3% del voto estatal para poder tener representación en el Congreso, requisito que dejaría fuera a todos los partidos vascos y catalanes salvo a ERC, que obtuvo el 3,61% de los sufragios el 10-N.

C's, que no aclara si respaldará o no las ilegalizaciones que propone Vox, opta por dicha barrera, que "garantizaría que el Parlamento trabaja en base a criterios de ámbito nacional y de interés común, y no a pequeños intereses que acaban coartando el principio" de que "todos los ciudadanos son iguales independientemente del territorio donde estén".

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