BILBAO - Quim Torra sitúa el futuro de la legislatura catalana en manos del Parlament en tanto que si una sentencia firme del Tribunal Supremo le inhabilita como president y la Cámara acata ese fallo, “habría elecciones”. La ley de Presidència de la Generalitat establece que el presidente del Parlament, en este caso Roger Torrent, debe proponer a un nuevo máximo dirigente del Ejecutivo en el plazo de 10 días en caso de condena penal firme que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, y Torra adelantó ayer en Ràdio 4 que “si el Parlament me desautoriza y sostiene que no soy diputado estaríamos unos meses con un president en funciones y se convocarían elecciones”.
La portavoz del Govern, Meritxell Budó, explicó que, de momento, preparan un recurso de casación para presentar ante el Supremo, pero hasta que este no decida, no habrá sentencia firme. En ese momento, el alto tribunal transmitirá al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la orden de cumplimiento del fallo y el tribunal catalán dictará una instrucción al Parlament para que ejecute. Ahí es donde el Govern y Torra reclaman a la Cámara catalana que “se posicione”, sin aclarar si habría margen para la desobediencia. En cualquier caso, el president recordó que la legislatura acaba en 2021 y que le gustaría agotarla “si soy útil para avanzar”. “Si llego a la conclusión de que no es posible y no hay mayorías, me lo plantearía”, pero “si veo una oportunidad, seguiré”, recalcó el Jefe del Govern.
Torra subrayó que el Parlament ya ha votado en pleno reafirmándole como diputado y president, algo a lo que otorga “mucha importancia” porque “por encima de las decisiones judiciales están las políticas”. Si el Parlament le retira la confianza, “dejo de ser president”, reiteró, pero si la Cámara se reafirma en la decisión de que la Junta Electoral Central (JEC) no le puede retirar la condición de diputado, seguirá en el cargo. Ahí cuenta con el aval de los letrados del Parlament, que en un informe difundido al respecto inciden en que al autoridad electoral no tiene las competencias para inhabilitar a parlamentarios. El líder posconvergente, eso sí, eludió hablar de desobediencia al Supremo: “No es tanto obedecer al Supremo o no, sino al Parlament, que es donde está la soberanía”. “Estamos hablando de que, en defensa de la libertad de expresión, mantuve una pancarta, y se pretende inhabilitar al president por parte de los poderes del Estado. Mi decisión es obedecer al Parlament de Catalunya, creo que soy claro”, zanjó.
autodeterminación Paralelamente, Torra advirtió a Pedro Sánchez de que el “objeto central de la negociación” que abrirán sus gobiernos debe ser “el ejercicio del derecho a la autodeterminación, y por lo tanto un referéndum”, así como “una ley de amnistía”. Tras “alegrarse” del cambio de actitud del presidente español, que en campaña electoral “se confundía en medio de las voces de las derechas españolas”, el president le instó a que “cuando entremos en los contenidos”, todos tengan el “coraje” de “abordar lo que hay que abordar”. “Nosotros vamos a defender un referéndum de independencia y una ley de amnistía” para los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo, explicó Torra, censurando al Gobierno español por no haber planteado aún “ninguna propuesta”.
sin consenso Además, en la tarde de ayer, los partidos y entidades independentistas exhibieronsus diferencias estratégicas en la cumbre convocada por el presidente catalán, Quim Torra, en la que hubo solo un consenso de mínimos para reclamar al Gobierno español el derecho a la autodeterminación y el “fin de la represión”. La cumbre independentista, celebrada en el Palau de la Generalitat y que duró cerca de dos horas, había sido convocada por Torra para perfilar, de manera consensuada, la posición del Govern de cara a la apertura de negociaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en busca de una solución política para el conflicto catalán. Hubo un mínimo consenso en que el Govern debe ir a la mesa negociadora con Sánchez solo a defender la autodeterminación y el “fin de la represión”, pero se constató el “escepticismo” de CUP y ANC y la “cautela” con la que JxCat afronta este diálogo previsto en el acuerdo de investidura de PSOE y ERC.
