Bilbao - Cuatro días después de que casi 70.000 personas se dieran cita en las calles de Bilbao y Baiona reclamando una nueva política penitenciaria, y apenas 24 horas después de que el nuevo Gobierno español celebrara su primer Consejo de Ministros, el Ejecutivo vasco anunció ayer que trasladará al presidente español, Pedro Sánchez, una propuesta actualizada para acercar a cárceles de la CAV y Nafarroa y a centros próximos a los 210 presos de ETA. La propuesta que ayer desveló en ETB Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del gabinete de Urkullu, es la misma que se trasladó hace casi tres años al entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y que el líder del PP rehusó llevar a cabo.
Hace tres años, el Gobierno vasco propuso el traslado incondicional de los presos de ETA a diez cárceles que se encontraban a un radio de 250 kilómetros de Euskadi. La propuesta realizada al presidente Rajoy cayó en saco roto. El entonces líder del PP señaló que "la única política de futuro en materia antiterrorista es aplicar la ley", al tiempo que rechazó la posibilidad de que el Gobierno pudiera plantearse un acercamiento de los presos a Euskadi.
La diferencia entre la propuesta planteada a Rajoy y la que ahora se va a hacer llegar a Sánchez es que los presos sean trasladados a siete cárceles en lugar de diez. Se trata de las cuatro de Euskadi -Basauri, Martutene, Zaballa e Iruñea- y las de El Dueso, en Cantabria, Logroño y Burgos. El cambio viene motivado por el descenso de presos, que en la actualidad son alrededor de 210, cifra en la que están incluidos los reclusos del EPPK, los que están fuera de este colectivo y quienes se encuentran en prisión domiciliaria debido a padecer enfermedades graves.
Según Fernández, el acercamiento de los presos no debe ser contemplado como un premio a los reclusos de ETA, sino como una forma de "hacer justicia a sus familiares y evitarles un sufrimiento que no deben pasar". Señala que para quien se encuentra privado de libertad, da lo mismo estar preso en la cárcel de Algeciras que en la de Basauri o Martutene, pero la diferencia es para sus familiares y allegados, que se ahorran los 1.000 kilómetros del viaje. Además, desde el Ejecutivo de Gasteiz se recuerda que la ley contempla que el recluso cumpla condena en cárceles próximas a su entorno familiar y social.
Asimismo, según Fernández, "ahora hay un Gobierno tras mucho tiempo en estado de interinididad, por lo que se da la oportunidad y las condiciones para cumplir el espíritu de la ley". El secretario vasco de Derechos Humanos y Convivencia subraya que una cosa es el acercamiento de los presos y otra el proceso de resocialización y reinserción de los reclusos. En esta cuestión, Jonan Fernández considera que es el preso quien debe dar los pasos necesarios de cara al cambio de grado o para la obtención de los beneficios penitenciarios. Así, de cara a la política penitenciaria y con el fin de lograr la resocialización de los reclusos, considera que "se requieren estrategias e instrumentos". El hecho de que estén más cerca de su entorno familiar puede ayudar a que los reclusos de ETA den los pasos encaminados a su reinserción en la sociedad.
Rechazo de Covite y Pp Las palabras de Jonan Fernández sobre el acercamiento de los presos a Euskadi concitó el rechazo del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que acusó al Gobierno vasco de "ceder ante las pretensiones del colectivo de presos de ETA".
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, aseguró que la izquierda abertzale "siempre ha tenido en su mano el fin de la dispersión", pero, según señaló, "prefiere seguir sacando rédito político culpando al Estado y a las víctimas de que haya una política penitenciaria de dispersión en vez de permitir a los presos de ETA que puedan desvincularse de la banda terrorista y así ser acercados a cárceles vascas".
A juicio de Covite, "es importante lograr que los presos rechacen a la banda terrorista para ser acercados a cárceles en el País Vasco porque ETA ejerció una violencia política, y si el acercamiento está orientado a la reinserción, el mínimo exigible para un condenado por terrorismo es el repudio tajante a la organización a la que perteneció y bajo cuyas siglas ejerció el terrorismo". Para el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, es "indispensable" que el Estado "establezca mediante esta exigencia un suelo ético basado en el rechazo a la violencia". Por ello, Ordóñez reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "no permita que el nacionalismo vasco marque la hoja de ruta en materia de política penitenciaria" porque el Gobierno vasco "trabaja a favor de los intereses de ETA".
Por su parte, el nuevo portavoz parlamentario del PP, Carmelo Barrio, acusó al Gobierno vasco de "convertirse en intermediario" de EH Bildu al pedir que se acerque a presos de ETA. Lamentó que, tras la constitución del nuevo Gobierno español, el PNV se haya "convertido en el negociador" con el Ejecutivo de las cuestiones de política penitenciaria respecto a los presos de ETA.
Apuesta del foro social En este contexto, el Foro Social Permanente cree que se dan las condiciones para dar pasos "decididos" hacia un cambio en la política penitenciaria por los Gobiernos, pero también por parte de los presos y organizaciones de la sociedad civil, y establecer "una vía vasca" que contenga un itinerario de reinserción "claro y con garantías". A juicio del portavoz del Foro, Agus Hernán, es hora de encarar esta cuestión. "Personas que defendieron la dispersión por razones políticas ahora se oponen con rotundidad porque hoy en día no tiene sentido", señaló.
