EL procés y sus derivadas volverán a centrar la actividad judicial de 2020, año en el que Josep Lluís Trapero será juzgado por su actuación al mando de los Mossos el 1-O, mientras en el Tribunal Supremo (TS) lidiarán con el frente abierto por la Justicia europea al reconocer la inmunidad a Oriol Junqueras. El TS afronta ahora la papeleta de decidir sobre el futuro no solo del líder de ERC, sino también de Carles Puigdemont y Toni Comín, con asientos al menos provisionales en el Parlamento Europeo y con órdenes de detención vigentes. Pero dado que hay vida más allá del proceso soberanista, este tribunal seguirá revisando sentencias, incluida la del caso Palau y, sobre todo, la que motivó la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa: el caso Gürtel.
Los primeros movimientos llegarán en plena resaca navideña cuando, a inicios de año, el Supremo anuncie qué hace con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció que Junqueras gozaba de inmunidad cuando fue elegido eurodiputado. Aunque nada dijo sobre la condena que pesa sobre el dirigente republicano, debe decidir cómo afecta la sentencia a la causa en un nuevo giro de guión habitual ya en el procés. A la espera de saber quizás hoy cuál es el criterio de la Abogacía del Estado y las consecuencias que deriven en las negociaciones para la investidura, la Fiscalía y Vox piden ejecutar su inhabilitación, y la defensa, anular la condena.
La otra derivada está en Puigdemont y su exconseller Tomi Comín, exiliados en Bélgica y que lograron escaño. Saber si se sentarán en el banquillo es el gran interrogante, máxime cuando la Eurocámara les ha abierto las puertas para reconocer su inmunidad. La decisión desde Luxemburgo abre un horizonte complejo para entregar al expresident, que enreda más el lío de las euroórdenes en el que el Supremo lleva metido desde el principio. La Fiscalía quiere que el Parlamento levante su inmunidad, mientras que Puigdemont quiere que se anule su orden de entrega. El juez Pablo Llarena decidirá en las próximas semanas.
el futuro de los presos Pendientes de que el Departamento de Justicia, en manos de ERC, ratifique o enmiende el segundo grado propuesto por los técnicos, la gestión penitenciaria de los líderes independentistas amenaza con fondear en los tribunales y envenenar las relaciones entre los socios de Govern. Cuando la conselleria establezca la clasificación definitiva -tiene de plazo hasta febrero-, el Supremo tendrá la última palabra si alguien recurre el grado. La opción de un segundo grado flexibilizado mediante permisos y artículos del reglamento como el 100.2 de Oriol Pujol o el 117 de Iñaki Urdangarin permitiría esquivar el control del Supremo: los recursos se agotarían en la Audiencia de Barcelona.
Con un desenlace condicionado por la condena por sedición del Supremo, la Audiencia Nacional abordará desde el 20 de enero la vertiente policial del procés: el juicio al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. Se sentará en el banquillo junto a la intendenta Teresa Laplana, el exdirector Pere Soler y el exsecretario general de Interior César Puig, para responder sobre el papel del Cuerpo. Más de un centenar de testigos como Junqueras, Joaquim Forn o Jordi Sànchez desfilarán en un juicio donde el fiscal mantiene su acusación por rebelión, aunque es de esperar que acabe por la senda de la sedición. Una vez el TS resuelva los incidentes de nulidad contra la sentencia, la pelota se trasladará al tejado del Constitucional, que acumula una pila de recursos del procés, a los que se sumarán los que los acusados presenten contra su condena. Y ya sin unanimidad entre los magistrados, lo que las defensas aprovecharán en sus recursos a Europa.
Asimismo, el Supremo revisará el recurso de Quim Torra contra su condena a año y medio de inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral al no retirar los lazos amarillos de edificios públicos en periodo preelectoral. Ello amaga con derivar en otra batalla en el Supremo: aunque la inhabilitación no es de aplicación inmediata, al no ser firme, PP y C's piden a la Junta que le retire su credencial de diputado autonómico, lo que forzaría su cese como president.
También se sabrá si otra dirigente de JxCat entra por al Supremo para declarar, aunque esta vez no tiene nada que ver con el proceso independentista. Es el caso de la portavoz en el Congreso, Laura Borràs, a quien ha abierto una causa por presuntas irregularidades en la adjudicación a un amigo de 18 contratos por 259.863 euros cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes entre 2013 y 2017.
Queda pendiente el juicio por desobediencia a los compañeros de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusados de permitir que el 6 y 7 de septiembre de 2017 salieran las llamadas "leyes de desconexión". Falta saber qué pasa con Joan Josep Nuet -diputado de ERC- una vez que el TSJC propuso escindir la causa para que le juzgase el Supremo. Además, una treintena de ex altos cargos del Govern y empresarios aguardan juicio por participar en la logística del referéndum. A su vez, los cinco síndicos electorales para la supervisión del 1-O serán juzgados en abril por usurpación de funciones y desobediencia.
La Audiencia Nacional, además de seguir indagando en casos como Púnica, Lezo, el 3% o los entresijos de la interminable causa del excomisario José Villarejo, continuará con la investigación por terrorismo a los CDR, si bien solo dos de los nueve encarcelados siguen en prisión al desmoronarse el relato de las acusaciones.
