BILBAO. Casi todo marchó según lo previsto en la sesión celebrada ayer en el Parlamento Vasco. Los socios de Gobierno, PNV y PSE, contaron con la abstención de Podemos y Equo para tumbar las enmiendas a la totalidad que habían presentado PP y EH Bildu contra los Presupuestos vascos, y de esa forma se garantizaron que el proyecto continúe su tramitación con el horizonte final de que quede aprobado en un nuevo pleno el día 27. Entraba dentro de lo previsto que la izquierda abertzale volviera a recriminar a Podemos este acuerdo, y ayer lo volvió a hacer, pero la intervención que mayor impacto causó entre los parlamentarios fue la del PP. En su intento de recrudecer su oposición contra el PNV, dejó con los ojos abiertos de par en par a más de un integrante de la Cámara al recuperar el discurso más duro sobre las ayudas sociales donde, sin sostener sus afirmaciones en datos o informes, llegó a decir en base a vivencias personales que conoce a muchos “jetas” que cobran la renta de garantía de ingresos o que, incluso, trabajan y cobran su sueldo en negro y lo complementan con esta ayuda pública hasta alcanzar los “2.000 euros”. Su intervención, que incluyó otras afirmaciones similares sobre más medidas del pacto, provocó que su discurso fuera tildado de “mentiroso y xenófobo”.
La intervención de Antón Damborenea dejó ver que el PP sigue con la espina clavada por la participación del PNV en el desalojo de Mariano Rajoy, y quiere cobrar la factura a los jeltzales una vez más. Después de que Alfonso Alonso regalara la semana pasada al lehendakari el libro de las memorias de Rajoy a modo de indirecta, el PP dejó patente que el Gobierno vasco no puede esperar nada de su bancada en lo que queda de legislatura. En paralelo, el PP estatal mantiene una línea de oposición frontal al posible Gobierno español de Pedro Sánchez y Podemos apoyado en los nacionalistas vascos y catalanes. La línea de Pablo Casado se dejó sentir en el discurso del PP, pero también estuvo presente el mantra del exalcalde Maroto sobre las ayudas sociales y el supuesto abuso por parte de los inmigrantes, y se imitó el estilo de la portavoz en el Congreso, lo que le valió a Damborenea ser calificado por el PNV como “Cayetano Álvarez de Toledo”. Fuentes de Lehendakaritza asumen que el PP va a ser el partido “más duro con diferencia” hasta las elecciones de 2020 o más allá.
Damborenea acusó al Gobierno vasco de “incumplir todos los acuerdos”. Según dijo, no hay ni rastro de las partidas plurianuales que se pactaron con el PP en los dos primeros Presupuestos (“no hay nada sobre las líneas del metro, y las ayudas para familias con hijos se desviaron a otras partidas”), y tampoco sería cierto que la reforma de los impuestos debía esperar hasta el año 2020. En ese momento, el lehendakari se levantó de su escaño y se fue, y Damborenea interpretó que “no le gustan” las afirmaciones del PP, aunque en realidad se ausentó por otros compromisos. Damborenea dijo que “ha renunciado a que venga el AVE”; y que las partidas para el fondo Finkatuz con el objetivo de mantener el arraigo de las empresas vascas se podría llamar, en realidad, “trinkatuz, porque es un nuevo chiringuito”. Sobre la renta de garantía de ingresos, dijo que “es más rentable trabajar en negro y cobrar la RGI, y acabar ganando 2.000 euros”. Sobre los inmigrantes, volvió a señalarlos con el dedo al asegurar en tono sarcástico que todo el mundo sabe que “los extranjeros son los que mayor formación tienen y mejor sueldo cobran”, lo que le valió la respulsa de otros partidos. Fue entonces cuando matizó que también hay “jetas autóctonos” que cobran esa ayuda.
El PP se quedó solo en ese extremo del cuadrilátero. El jeltzale Mikel Arruabarrena le reprochó la “sarta de mentiras”. Dijo que plantear una rebaja radical en los impuestos no es atractivo, y que el propio PP se da cuenta de ello y no se atreve a concretar los recortes que habría que efectuar para compensar la caída de los ingresos, y por ello menciona en su propuesta, según citó, los recortes en “gastos de tóner de impresora, reuniones y convenciones, prensa o protocolo”. “Demagogia”, zanjó. La socialista Susana Corcuera le reprochó que el PP “todavía chapotea en las lágrimas de la moción de censura de Rajoy”. “No pueden disfrazar de enmienda a la totalidad su frustración por haber perdido el poder y no recuperarlo en las dos elecciones siguientes”, argumentó. Y contraatacó: “Lo que es jeta es cobrar sobresueldos”, en alusión a los sobres en negro de los papeles de Bárcenas, extesorero del PP.
Críticas
El consejero Pedro Azpiazu abrió el pleno defendiendo sus Cuentas, que recogen un incremento del 4% en la RGI tras el pacto con Podemos, y una rebaja del 10% en las tarifas de las haurreskolak. Dentro de Elkarrekin Podemos, se desmarcó del pacto Ezker Anitza, una de las tres patas de la coalición, que ayer justificó que ni las Cuentas han cambiado, ni tampoco lo ha hecho su partido. EH Bildu, por su parte, trató de desgastar a Podemos por este acuerdo, y dijo que se ha colocado un “disfraz morado, verde y rojo” al proyecto. Morado, porque no es tan ambicioso en materia de igualdad. Verde, porque incluye partidas sobre el TAV y, a su juicio, se llegan a retrasar incluso los compromisos contemplados en la Ley de Sostenibilidad para las admistraciones públicas. “Es un pase forral: se pasan por el forro la Ley de Sostenibilidad”, dijo Iker Casanova, en un juego de palabras con el pase foral. Sobre el disfraz rojo, no vio suficiente la asignación en la RGI y vio excusas para no elevar el salario mínimo.
Azpiazu había recriminado a la coalición que su propuesta fuera “un trampantojo para pedir cuestiones que se saben imposibles y desgastar al gobierno”. Desde Podemos, Julen Bollain defendió que el proyecto pone las políticas en buena senda.
