Si bien en teoría las comisiones parlamentarias, al menos en el Parlamento Vasco que son las que conozco, están destinadas a facilitar el trabajo, fomentar el debate y sobre todo a facilitar la búsqueda de consensos, lo cierto es que, a día de hoy, salvo rarísimas excepciones provocadas por errores o inesperadas ausencias, se puede adelantar el resultado de casi todas las votaciones del Parlamento Vasco, el Congreso de los Diputados e incluso las Juntas Generales de cualquiera de nuestros territorios antes de iniciarse la sesión. Es más, tal y como tenemos articulados nuestros sistemas parlamentarios, resulta imposible imaginarse un escenario en el que como consecuencia de un debate algún grupo o representante individual cambie de opinión.
El debate es previo, nos dirán, el sentido del voto se determina cuando en los grupos se reúnen sus señorías a estudiar los temas y proponer enmiendas (que con anterioridad al pleno son aceptadas o no). El debate, al fin y a la postre, no deja de ser una suerte de explicación de voto.
Es por ello que el enésimo intento del Parlamento Vasco por aprobar una reforma del Estatuto de Autonomía a través de la constitución una “comisión de expertos” tenía pocos visos de ser exitoso.
Y así ha sido, claro. Un año largo de trabajo después nos encontramos, otra vez, en el mismo punto de siempre, esto es, atascados en el derecho a decidir. O, dicho de otra manera, exactamente en el mismo sitio donde estábamos antes de que los y la experta empezaran a trabajar. No en vano, a veces, suele comentarse de modo jocoso, pero no con poca razón, que si en un cámara de representación se quiere posponer un debate lo mejor que se puede hacer es constituir una comisión y si es especial, ya ni te cuento.
Quiero creer que fruto de las sesiones de esta comisión habrá amplísimos espacios para el consenso en otras cuestiones menos “políticas” y más técnicas, pero ya sea porque es lo que más interés mediático genera, ya sea por la influencia del proceso catalán, lo cierto es que da la sensación de que todo el trabajo de estas cinco personas se limita a un párrafo donde se describe el grado de dependencia política para con el Estado español. Y aquí, volvemos a los planteamientos ya conocidos. Así pues, ¿de qué ha servido todo ese trabajo? ¿Hemos de resignarnos a que acabe otra legislatura sin abordar un debate, no ya del derecho a decidir, sino de la imprescindible reforma estatutaria, porque hay quien entiende que la convivencia solo se garantiza si se obvian determinadas discusiones, o peor, se dan por resueltas?
Por más que a algunos les pese, un Estatuto de Autonomía, además de ser un texto político, es un texto jurídico donde cada Comunidad Autónoma define su ámbito competencial con respecto al Estado. Esto es, algo vivo y que, por tanto, requiere de constante revisión y actualización.
Volvemos pues a un callejón sin salida con un texto obsoleto y cuya modificación vuelve a depender no ya de los partidos vascos sino, ahora mismo, de ponerse de acuerdo con el PP de Pablo Casado o en su defecto con el Vox de Santiago Abascal.
Tal y como suelen ser las cosas en Euskadi, no parece que esta cuestión vaya a generar problemas para mantener los acuerdos de gobierno en las instituciones vascas o españolas, e incluso, este año, aprobar los Presupuestos para afrontar así un plácido final de legislatura. Pero sí debería de servir al menos para que catalanes y catalanas no se llamen a engaño por el uso de sinónimos de lo más variopinto para garantizar una investidura que, se mire por donde se mire, no servirá para afrontar un debate con la valentía y la altura de miras (o como les gusta decir en Madrid, la visión de Estado) necesaria. Es cierto que nadie quiere ir a unas terceras elecciones, pero tampoco parece recomendable cerrar un acuerdo en falso por haberse querido creer que lo que no es posible en Euskadi (con un clima de absoluto entendimiento con el PSOE), lo iba a ser en Barcelona.
