bilbao - El juez Llarena cursó ayer una orden europea internacional de detención y entrega contra el expresident Carles Puigdemont, residente en Bélgica, por los delitos de sedición y malversación.
Horas después de que el Tribunal Supremo notificase la condena, el juez instructor de la causa activó el mecanismo para solicitar la entrega del expresident, al que el tribunal alemán de Schleswig-Holstein rechazó extraditar por rebelión, admitiendo solo la malversación.
El juez ha tomado esta decisión a petición de la Fiscalía, que remitió un escrito al magistrado el pasado jueves ante la inminencia de la sentencia. Así, Llarena solicita “la busca y captura e ingreso en prisión” de Puigdemont mediante una orden estatal, europea e internacional de detención y entrega contra él, que nunca se ha llegado a sentar en el banquillo al huir en octubre de 2017.
En el auto, comunicado a los órganos rectores del Parlament, Llarena deja sin efecto la suspensión como diputados que decretó contra Puigdemont y Comín, también en Bélgica, sustentada en que estaban procesados en firme por rebelión, calificación rebajada ahora a sedición.
El juez argumenta su nueva petición en las penas impuestas por el Supremo, que pueden conllevar a su juicio que los “prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea”. “Los indicios racionales de criminalidad” que pesaban contra Puigdemont en la instrucción “no solo persisten, sino que cuentan con una sentencia que opera como refuerzo respecto del pronóstico de responsabilidad del fugado”, dice.
Recuerda Llarena que en la Unión Europea rige “el principio de confianza” en el funcionamiento de los tribunales de otros países y se cuenta con un procedimiento judicial simplificado “que facilita la entrega de los presuntos delincuentes que se establezcan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que cometieron el delito”.
puigdemont da la cara Tras la resolución Puigdemont instó a una “respuesta sonora y masiva” de “rechazo, dignidad y firmeza” en las elecciones del 10 de noviembre, sin “violencia” y de “forma democrática”. “En un Estado que condena a disidentes pacíficos, la democracia está encarcelada”, manifestó, para seguido afirmar que las penas “confirman la estrategia de represión y venganza”. “Poner urnas nunca será un acto delictivo”, sentenció.
Por su parte, el abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, aseguró que su cliente se presentará ante la Justicia belga cuando se le convoque. “No se esconderá” y colaborará con las autoridades, apuntó. Si bien, dijo que en caso de que “Puigdemont fuese enviado a España, tendría un juicio que no respeta los derechos de defensa”. - Agencias
