IRUÑEa - La sentencia sobre el decreto del euskera ha caído como una bomba en la política navarra. El alcance de la resolución judicial y las imprevisibles derivadas sobre el día a día de la administración foral -en especial lo que pueda pasar con los opositores desde 2017- abrió ayer varias brechas: entre la derecha y las fuerzas progresistas; pero también entre los propios socios de Gobierno, con el PSN aplaudiendo la sentencia y Geroa Bai, Podemos e I-E rechazándola de plano por considerarla un despropósito. Con ese panorama, se entiende que el Ejecutivo optase por un apagón informativo que le permitiese ganar tiempo y estudiar a fondo la sentencia, para evitar meteduras y precipitaciones que puedan afectar a un recurso de casación ante el Supremo que todavía no se sabe si se va a activar, ni qué derivadas puede abrir. Javier Remírez, vicepresidente del Gobierno y titular de Interior, Función Pública, Igualdad y Presidencia, prefirió guardar un cauteloso silencio cuando fue preguntado nada más salir de la mesa de la Función Pública.

Geroa Bai considera la sentencia una “mala noticia” y lamenta que en ella se sostenga “que el conocimiento de cualquier lengua extranjera tiene más valor que el conocimiento de una lengua propia de Navarra. Declaró que “es irracional que el euskera no puntúe como otras lenguas” y que esa ley “limita los derechos de los ciudadanos y deja el euskera a un lado”.

En la misma línea, EH Bildu denunció “firmemente” la sentencia del TSJN, una resolución que, en su opinión, “supone una nueva negación y opresión de los derechos lingüísticos de los y las navarras euskaldunes”.

Podemos tampoco comparte la sentencia. Para su portavoz en la Comisión de Relaciones Ciudadanas, Ainhoa Aznárez, “es ridículo que se puedan valorar idiomas como el inglés y el alemán y se excluya una de las mayores riquezas de nuestro patrimonio cultural”.

El dirigente del PSN, Ramón Alzórriz, afirmó que la sentencia corrobora la postura de su partido, que entendía el decreto foral del euskera como “discriminatorio y contrario a la realidad sociolingüística”. Por su parte, Navarra Suma (NA+) considera que el Gobierno foral debe “cumplir de inmediato” la sentencia sobre el euskera en la Administración foral, una resolución que acoge con “satisfacción” y que analiza como un “varapalo” a la política lingüística del anterior Ejecutivo Foral. - DEIA