IRUÑEA. Amaia Izko Aramendia admite que son días “de nervios”. La ahora concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Iruñea y abogada en activo desde los 23 años se ha visto en muchas ocasiones en la Audiencia Nacional para defender a sus clientes. Por ejemplo, por citar una de las últimas, fue parte de la defensa de varios jóvenes de Altsasu durante el juicio que revisará el Supremo el próximo día 18. Pero a partir de mañana se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, junto con las otras 46 personas involucradas en el macrojuicio 11/13. Le preocupa, claro, su situación: le piden 11 de años de cárcel, con toda la derivada profesional y familiar que ello conlleva. Pero también que el juicio pueda ser un malísimo punto de partida, si hay condenas, para resolver una cuestión todavía pendiente: la de la situación de los presos de ETA en las cárceles, muchos de ellos todavía dispersados a miles de kilómetros y en los grados más duros del sistema penitenciario.

“A lo largo de estos días me han dicho que este es el último juicio de la doctrina del todo es ETA. Pero yo lo que creo es que es el primer juicio de la era sin ETA, que es lo preocupante”, reflexiona al otro lado del teléfono, mientras ultima en su despacho los preparativos de la vista que comienza mañana en Madrid. Izko considera desolador que el juicio se vaya a celebrar como si ETA no hubiese cesado en su actividad hace ocho años. “Este es un procedimiento que salta después, por eso no se puede relacionar con una estrategia de ETA, no hay prueba alguna de relación con ETA”, defiende. “Todo son generalidades, y lo que se ha intentado es criminalizar la actividad política del colectivo, la social, la médica, la jurídica, la familiar, la económica... algo que creo que tiene que ser legítimo”.

Sin embargo, el juicio sigue adelante y aunque sería lo mejor, para ellos y para el cambio de escenario tras décadas de violencia, pensar en un panorama de 47 absoluciones “en un tribunal como la Audiencia Nacional, donde todo está mediatizado”, es poco realista. Más teniendo en cuenta que la situación de muchos de los encausados lleva casi siete años estancada. Sin embargo, la voluntad es la de agotar todas las posibilidades en la defensa de que su actividad para nada tenía que ver con una estrategia de ETA, y sí con una voluntad de aportar a la resolución del conflicto cuando ya el escenario era muy diferente a todos los anteriores. “Ojalá esto no sea un palo en la rueda, un juicio más con el que se obstaculice un proceso que todavía está por resolverse”, desea.