Gobierno vasco

La reparación de los abusos policiales arrancará en menos de veinte días

Lakua abrirá el plazo de solicitudes antes del pleno de política general

09.02.2020 | 13:51
Jonan Fernández, acompañado por la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando

Lakua abrirá el plazo de solicitudes antes del pleno de política general el 20 de septiembre

bilbao - En menos de veinte días, el Gobierno vasco abrirá el plazo para que las víctimas de abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999 hagan llegar sus solicitudes con el objetivo de pedir un reconocimiento y, si acaso, una reparación económica en los supuestos previstos. Fuentes de Lehendakaritza avanzan a DEIA que la intención del secretario de Convivencia, Jonan Fernández, es abrir el plazo de inscripciones antes del pleno de política general del Parlamento Vasco, que tendrá lugar el 20 de septiembre. La apertura de este procedimiento es un hito para las víctimas de abusos policiales sufridos ya en periodo democrático, que se han visto sometidas a un olvido histórico y ahora acarician por fin el momento del reconocimiento institucional tras una tramitación con muchos vaivenes y con la amenaza judicial. Una vez abierto el periodo de solicitudes, será la comisión de valoración formada por varios expertos la que decida sobre las demandas tras un análisis en el que participarán expertos en materia jurídica, forenses y especialistas en derechos humanos. Entre ellos se encuentra el reputado forense Paco Etxeberria.

El lehendakari inició a finales de julio el procedimiento para elaborar el decreto que desarrolla la ley de abusos. En una resolución publicada a mediados de agosto en el Boletín Oficial del País Vasco, Fernández abrió el periodo de alegaciones al decreto, que culminará el 11 de septiembre. Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que de momento no ha llegado ninguna alegación, pero se da por hecho que entrarán varias en el buzón de Fernández apurando el plazo para hacerlo. Podrían llegar desde colectivos de víctimas o incluso policiales. Sin embargo, estas alegaciones no frenarían el proceso. Es potestad del Ejecutivo vasco decidir si las acepta o no, y puede hacerlo, incluso, de manera parcial. Por ello, el plazo para que las víctimas pidan reparación se abrirá antes del pleno de política general haya o no alegaciones. Esa es la firme intención de Fernández y, si todo marcha según lo previsto, así se hará.

el procedimiento Aunque la intención inicial era adelantar el proceso al pasado mes de junio, este periódico ya informó de que el Gobierno vasco se ha topado con los plazos administrativos y la burocracia y, en lugar de forzar la máquina, se ha decantado por la seguridad jurídica y llevará al mes de septiembre la apertura del plazo para que las víctimas presenten solicitudes. La tramitación del decreto, eso sí, se ha adelantado al mes de agosto, antes de lo previsto. Lo que en ningún caso se ha hecho ha sido abrir el plazo de solicitudes de las víctimas en agosto, en pleno periodo vacacional, donde hubiera pasado muy inadvertido para los afectados, como informó este medio.

No se prevé que este procedimiento se enfrente a grandes contratiempos. El mayor obstáculo ha quedado ya superado: el Tribunal Constitucional ha archivado el recurso del expresidente español, Mariano Rajoy, tras el acuerdo que alcanzaron el Gobierno vasco y el socialista Pedro Sánchez para reforzar algunos aspectos de la ley y dejar claro que este procedimiento no pretende suplantar la labor de los tribunales, establecer culpables o emular un proceso penal. Lo que se pretende es ofrecer una reparación administrativa para las víctimas. Además, se respetará la protección de datos de las fuerzas de seguridad. Esos cambios se aprobaron este año en el Parlamento Vasco.

Algunos sindicatos policiales siguen plantando batalla porque creen, a pesar de todo lo anterior, que se pretende un descrédito generalizado de su labor, pero los tribunales han rechazado que se personen en un proceso contra esta ley. PP y Ciudadanos han recurrido la ley ante el Constitucional, pero solo el Gobierno español tiene potestad para suspenderla automáticamente con el mero hecho de recurrirla mientras se decide sobre el fondo del asunto. En el caso de PP y C's, para cuando llegara una sentencia, la reparación ya estaría completa.

expertos La comisión la forman Monika Hernando, directora de Derechos Humanos; tres personas nombradas por el Parlamento (Paco Etxeberria, Juana Balmaseda y Eloína Mayo), tres por Jonan Fernández (Jon Mirena Landa, Sabino Ormazabal y Luis Salas) y expertos del Instituto Vasco de Medicina Legal (Benito Morentín, David del Valle y Mariam Elizegui). No existen cifras cerradas, aunque un informe de Etxeberria habla de unos 4.000 casos entre 1960 y 2014. Se podrán pedir indemnizaciones por fallecimiento e invalidez permanente, una casuística donde entran los jóvenes Lasa y Zabala, asesinados por los GAL, y Gladys del Estal, muerta en una protesta antinuclear. Este proceso es la segunda parte de la reparación que inició Patxi López, que cubrió los casos registrados entre 1960 y 1978.

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