BILBAO. El PNV pide a Bruselas que se pronuncie sobre las indemnizaciones a pagar a las víctimas del GAL y del Batallón Vasco Español (BVE), después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya desestimado la demanda de los familiares de seis supuestos miembros de ETA asesinados por grupos terroristas parapoliciales. Los demandantes habían recurrido ante la corte de Estrasburgo la decisión del Estado español de denegarles indemnizaciones como víctimas de terrorismo.
La eurodiputada jeltzale Izaskun Bilbao presentó ayer una iniciativa para denunciar ante las autoridades comunitarias “la indefensión” que supone para los damnificados por el GAL o el BVE la negativa a indemnizarles. Tras recordar que la norma aplicada para negarla “estaba pensada para evitar reconocer a víctimas fruto de enfrentamientos entre organizaciones criminales”, agregó que “cuando los victimarios formaban parte de organizaciones terroristas financiadas o amparadas por los poderes públicos, la perspectiva cambia por completo”.
Con su petición, la eurodiputada jeltzale pretende “la defensa del Estado de Derecho y buscando verdad justicia y reparación”, después de comprobar que el TEDH “no entra en el fondo del asunto” sobre la petición de seis víctimas de los GAL, ni analiza el origen y contenido de la disposición europea que se utilizó para denegar las indemnizaciones.
En este sentido, recuerda que “el artículo 8 del Convenio que inspira todas las regulaciones para indemnizar a víctimas de delitos violentos dice que se podrá reducir o suprimir la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que perpetra delitos violentos”. Sin embargo, subraya que esta previsión se introdujo “para impedir que miembros de organizaciones criminales pudiesen acogerse a una indemnización como víctimas de delitos ocurridos en enfrentamientos entre ellas”.
“Cualquiera entiende que es un contrasentido que el familiar de un miembro de la banda de Al Capone sea indemnizado con recursos públicos por un atentado cometido por la banda de Bugs Moran, pero aplicar esa previsión cuando una de las organizaciones implicadas, en este caso el GAL, estaba amparada y financiada por determinadas autoridades públicas, me parece totalmente improcedente”, añade.
En su opinión, “se ha querido judicializar” esta decisión poniendo en manos de la Audiencia Nacional “una decisión sobre el valor de los informes policiales que incriminaban a las víctimas como miembros de ETA”. “Si algo está claro es que ese procedimiento judicial no se ha desarrollado con todas las garantías pues las personas afectadas fueron asesinadas y no tuvieron oportunidad de defenderse de las acusaciones”, explica.
La corte europea no admitió a trámite la demanda de familiares de víctimas del GAL y el BVE, a los que el Gobierno español ha denegado parte de las indemnizaciones por entender que eran militantes de ETA, y a los que reclamaban que se les aplicara la presunción de inocencia. No obstante, el tribunal no se pronunció sobre las compensaciones económicas. El dictamen afirmaba que “no toma una posición sobre el derecho de los solicitantes a la compensación.
