BILBAO - La Fiscalía ha solicitado a la jueza de instrucción número 13 de Barcelona que impute también un delito de organización criminal a 28 de los 30 procesados por los preparativos del 1-O, sobre los que hasta ahora pesaban los de desobediencia, prevaricación, revelación de secretos, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Entre ellos se hallan altos cargos del Govern, empresarios que facilitaron el material del referéndum, así como la cúpula de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el director de TV3, Vicent Sanchis, y el de Catalunya Ràdio, Saúl Gordillo, a quienes se acusa de dar difusión a la convocatoria. El ministerio público envió un recurso para impugnar parte del auto de procesamiento que dictó la jueza para que se añada a todas estas personas el delito de organización criminal, que puede acarrear penas de cuatro a ocho años de prisión.
A juicio del fiscal, “existió un plan común y cada una de las personas dentro de sus respectivas competencias o ámbitos de actuación contribuyeron de manera decisiva a la consecución de la celebración del referéndum”. Considera que formaban una estructura jerárquica puesto que el proceso fue impulsado por el president de la Generalitat, que hubo pluralidad y reparto de papeles y que todos ellos estuvieron conjurados para acometer un “objetivo delictivo” que era la celebración del referéndum y que pretendía tener “permanencia en el tiempo”.
La reacción de Carles Puigdemont, por entonces jefe del Govern, no se hizo esperar. “¡Qué despropósito! ¡Qué manera de criminalizar la libertad de expresión y de información!”, señaló.
