Bilbao - Nueva vuelta de tuerca en la pugna judicial que dirimirá si el expresident Carles Puigdemont, junto a sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, pueden presentarse en las listas para las elecciones europeas del 26 de mayo. Un juzgado de Madrid resolvió ayer elevar el caso al Tribunal Supremo, cuya Sala Cuarta de lo Contencioso se reúne hoy a las 12.00 horas para dilucidar si es competente para juzgar la demanda o devuelve el asunto al escalón judicial inferior.

La pelota cae de esta forma en el tejado Supremo. El Alto Tribunal deberá decidir inicialmente si se hace cargo del caso y, si así lo hiciera, determinar si Puigdemont, Ponsatí y Comín son finalmente candidatos a las elecciones europeas. De esta forma, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, junto con los 9 y 21 -en el que los tres políticos presentaron sus recursos-, se quita de en medio una patata caliente. Lo hace bajo los argumentos de que el Supremo es el organismo judicial propicio que debe evitar las posibles resoluciones contradictorias que pudieran darse y de que la exclusión de las listas electorales plantea cuestiones que afectan a la inelegibilidad de los candidatos.

Puigdemont ofreció ayer una rueda de prensa pocos minutos antes de que se diera a conocer la decisión, en la que advirtió de que ninguna maniobra judicial los excluirá de su candidaturas. “No nos apartarán de la campaña, ni nos apartarán de la política”, sostuvo. “Espero el compromiso con el respeto a las decisiones de los ciudadanos y al Estado de derecho, estoy convencido de que el Estado español no cruzará esa línea roja”, señaló. Asimismo, criticó con firmeza la actuación de la JEC porque cree que ha sido una decisión para “privar de su derecho a los votantes”. También dejó claro que agotarán todas las vías judiciales para superar el veto, incluido intentar plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si los tribunales españoles no les da la razón. “Vamos a ir hasta el final”, se reafirmó, tras considerar que el hecho de que el Ministerio Fiscal dijera este pasado viernes que puede ser candidato a las elecciones europeas demuestra que este órgano “no ha podido resistir la vergüenza” de lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales.

“Sistema opaco” En cuanto a Gonzalo Boye, que además de número uno “de facto” por JxCat ejerce la defensa de Puigdemont, consideró que el hecho de que el juzgado de Madrid eleve el caso al Supremo es prueba de que el sistema judicial español es “confuso, difuso y opaco” y defendió que el plazo que fija la ley para que se pronuncie la Justicia sobre la candidatura expiraba ayer a las 20.00 horas. El letrado defendió que la “decisión será final cuando nos dé la razón”, porque aseveró que solo los afectados que han presentado el recurso podrán recurrir la decisión, no así los denunciantes -PP y Ciudadanos-. “Si hay una decisión en contra, iremos al Tribunal Constitucional”, zanjó. - DEIA