BILBAO. El Gobierno vasco se ha vuelto a encontrar con la pinza de la oposición en el primer pleno parlamentario después de las elecciones generales del domingo. Aunque la relación entre el PP y la izquierda abertzale parecía haber quedado tocada con los momentos de tensión vividos entre sus candidatos en Araba, con insultos incluidos, y con EH Bildu dejando sin escaño a Javier Maroto en el Congreso de los Diputados, esa aparente tensión y su intención de aparecer como fuerzas antagónicas no ha sido óbice para que ambos grupos y Elkarrekin Podemos se hayan unido otra vez en el Parlamento Vasco para aprobar una medida que es una auténtica papeleta para el lehendakari Urkullu. El PP logró el respaldo de los dos grupos de izquierdas para que se admita a trámite una iniciativa para recuperar y devolver con carácter retroactivo desde enero de 2012 las primas por jubilación anticipada que se concedían a los docentes vascos de la enseñanza pública no universitaria, y lo ha hecho además con una proposición de ley, que es vinculante y que, por tanto, quiere obligar a Urkullu a ponerla en marcha. Pero la propuesta es ambigua y en su texto habla en general de recuperar las primas para todos los funcionarios vascos, de manera que afecta en realidad a 70.000 personas. Y no solo se trata de recuperarlas a futuro, sino de pagarlas con carácter retroactivo. El Gobierno vasco calcula que supondría un desembolso inasumible de unos 275 millones de euros.
La propuesta aún debe culminar su tramitación y someterse a enmiendas, pero todo queda en manos de esa mayoría que tienen PP, Bildu y Podemos, de manera que pueden acelerar los plazos y provocar que Urkullu tenga que desembolsar esas cantidades antes de que acabe la legislatura el año que viene. En los últimos meses, el gabinete de Urkullu ya tuvo que decretar la prórroga presupuestaria y vio cómo dimitía su consejero de Salud, Jon Darpón, por la ofensiva de la oposición. Sin embargo, este martes había confiado públicamente en que la oposición vaya cambiando de actitud ante la aplastante victoria del PNV en las generales, seguido de los socialistas vascos, los dos partidos que sustentan su acción de gobierno. Las miradas se dirigían sobre todo al PP, que ha sufrido un batacazo al quedarse sin representación vasca en el Congreso y quiere girar hacia la moderación.
No obstante, ayer no renunció a defender esta proposición de ley, que además se registró en términos muy duros porque es vinculante. También es muy controvertida porque su redacción es equívoca y obvia que el asunto aún está judicializado. Por un lado, el PP habla de devolver las primas solo a los profesores, pero en el texto habla de los funcionarios en general. Además, aunque es cierto que ha habido sentencias en varios juzgados que respaldan casos concretos (hubo una recientemente, a finales del año pasado, en Gasteiz, que avala a los docentes), el asunto está recurrido en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que solo se ha pronunciado en casación sobre áreas concretas como la Er-tzaintza.
La polémica
Este entuerto se remonta precisamente al llamado gobierno del cambio que lideró el socialista Patxi López con el apoyo del PP. López revocó las primas a finales de 2011, con su legislatura a punto de concluir, al aprobar un plan para cuadrar las cuentas a costa de los funcionarios en plena crisis económica. Este asunto provocó algunas fricciones entre los socios porque no fue debidamente comunicado a los populares ni hubo una negociación, pero el PP asumió el recorte para no provocar un agujero en las cuentas, aunque ahora no tiene reparos en promover un descuadre con el argumento de que la situación económica es mejor y hay que revertir los ajustes. El fin de las primas se ha ido consignando en los distintos Presupuestos vascos desde entonces, muchos de ellos con el apoyo del PP. Esta patata caliente ha quedado ahora en manos de Urkullu y el consejero Erkoreka. Los funcionarios con primas podrían percibir cantidades que en algunos casos superan los 50.000 euros. Se buscaba incentivar el relevo.
En mayo de 2018, el Parlamento ya aprobó una proposición no de ley, no vinculante, para levantar la suspensión de este cobro. También en ese caso se unieron PP, Bildu y Podemos. El PP redobla ahora la ofensiva con el argumento de que han pasado varios ejercicios con “incrementos recaudatorios muy superiores a los previstos” y hay que “revertir los recortes, especialmente en materia educativa”. Sin embargo, en el articulado de la ley, habla de la función pública en general. El Gobierno vasco se opuso en su momento a tramitar esta iniciativa con los argumentos ya citados, y recalcando que no es “realista” y que puede comprometer otras medidas para los funcionarios como la equiparación de permisos de paternidad y maternidad. El PP no dice de dónde hay que recortar para compensar las primas. Desde el Gobierno vasco, además, aseguran que los funcionarios se han jubilado con el 100% de la prestación.
Marcaje político
La proposición llevaba semanas tramitándose desde antes de las elecciones, y tanto el Gobierno vasco como el PNV contaban con que fuera admitida. Por ello, no quieren extraer conclusiones ni interpretar que sea un anticipo de lo que espera a Urkullu en lo que queda de legislatura. Las municipales y forales del día 26 serán determinantes, así como la posterior tramitación de los Presupuestos autonómicos en diciembre, que servirán de termómetro para evaluar las relaciones. El problema que se le presenta ahora al Gobierno vasco es fundamentalmente económico porque, si se aprueba esta proposición, supondrá un desembolso de 275 millones sobre unas Cuentas que rondan los 11.000, pero donde muchas cantidades están comprometidas. Para valorar las implicaciones políticas y el deseo de castigar al lehendakari habrá que esperar a las Cuentas o a plenos como el de hoy, donde Alfonso Alonso preguntará por el cumplimiento del calendario de reformas. El tono que emplee puede medir la salud de la relación.
La iniciativa de las primas fue admitida a trámite con el voto en contra de PNV y PSE. Integrantes de Adoztuz, que agrupa a 2.000 docentes, siguieron el debate desde la tribuna de invitados y pidieron una tramitación rápida. Desde el PP, defendieron que hay dinero. Bildu dijo que el Gobierno vasco no tiene argumentos para impedir el pago más allá de su “debilidad y su falta de voluntad”, y Podemos se dirigió al PSE para que recupere el pago. El PNV, por su parte, echó en cara a los partidos de la oposición que, pese a presentarse como opciones antagónicas, hayan apartado sus disputas electorales para desgastar al Gobierno vasco. “En campaña parecen enemigos irreconciliables, pero la realidad nos dice que en el Parlamento Vasco se unen todas las semanas”, lanzó. El PSE, por boca de Pastor, no quiso enfrentarse a los funcionarios y apostó por abrir una negociación.
