bilbao - Pedro Sánchez despejará hoy, pasado el mediodía, la gran interrogante que tiene en vilo a la ciudadanía del Estado español. A las diez de la mañana el presidente del Gobierno español hará una declaración institucional para anunciar si decide seguir adelante aunque no haya aprobado los Presupuestos o adelantar las elecciones generales, y en este caso la fecha elegida para convocarlas. Todos los ministros asumen el adelanto de los comicios pero mantienen sus agendas de trabajo y sus planes de reformas comprometidos. Entre ellos destacan el proyecto de ley educativa que, de aprobarse, sustituiría a la denominada Ley Wert o la exhumación de los restos de Franco.

Nadie salvo Sánchez conoce la decisión, lo que dispara las conjeturas y especulaciones. La opción más citada es la del 28 de abril, aunque también se ha filtrado la del 14 de ese mismo mes y la del 26 de mayo, haciéndolas coincidir con las municipales, las europeas y las forales (en el caso de la CAV y Nafarroa) y las autonómicas (en todas las comunidades salvo en la CAV, Catalunya, Galicia y Andalucía). PP y Ciudadanos se decantan por el superdomingo electoral, una opción que no gusta nada al PNV porque, al abrir cinco urnas (una para las municipales, otra para las forales, una tercera para las europeas y dos para Congreso y Senado) el barullo para el elector puede ser importante, desnaturaliza cada una de las votaciones y, por último, ofrece ventaja propagandística a los partidos de ámbito estatal frente a los territoriales y locales.

En el PSOE hay división de opiniones sobre la conveniencia de separar las convocatorias electorales. Desde Ferraz y Moncloa todos han cerrado filas en torno a Sánchez y no se pronuncian, pero algunos dirigentes territoriales y municipales han dejado entrever su posición favorable a una doble convocatoria, una para las generales y la del 26-M para el resto. Además algunos barones territoriales socialistas temen que la marca Sánchez juegue en su contra y habrían reclamado que las autonómicas no coincidan con las elecciones al Congreso y el Senado.

En cualquier caso, todos están ya en clave electoral y tienen claros los dos mensajes sobre los que pivotarán la campaña: por un lado, se han quitado la mochila de la sumisión al independentismo catalán una vez que los partidos soberanistas han dejado caer en el Congreso las cuentas de Sánchez; y, por otro, la amenaza de la alianza de la derecha entre PP, Ciudadanos y Vox que desalojó a la socialista Susana Díaz de la presidencia del Gobierno andaluz y que tomó carta de naturaleza en la fotografía del pasado domingo en la manifestación de la plaza Colón. Confían en este factor para movilizar el voto progresista, más aún en un momento en el que Podemos cotiza a la baja en las encuestas.

El Consejo de Ministros extraordinario de hoy va a ser clave para el futuro de este gobierno ya que Sánchez escuchará las opiniones de sus ministras y ministros sobre el adelanto electoral. Tras ese cónclave el presidente comunicará su decisión y posteriormente los ministros volverán a reunirse para tratar los temas ordinarios. Sobre la mesa estará la orden de exhumación de los restos de Franco, una de las promesas estrella de este Ejecutivo y que por problemas técnicos y jurídicos ha ido retrasándose desde agosto hasta la fecha. También la aprobación del proyecto de ley educativa con el que se pretende derogar la Lomce.

La exhumación del dictador puede seguir adelante aunque se disuelvan las Cortes. No así la reforma educativa, que necesita de la tramitación parlamentaria. De la fecha que elija para los comicios dependerá si este y otros proyectos legislativos pueden salir adelante o se quedan en la papelera junto con el resto de promesas de Sánchez durante estos ocho meses desde que llegó a Moncloa. En este contexto es donde cobraría fuerza la opción de no convocar elecciones antes de verano con la posibilidad de hacerlo en otoño. Esta opción prácticamente no ha sido pronunciada ni en Ferraz ni en Moncloa ni en los cuarteles generales del PSOE, pero permitiría a Sánchez poder desarrollar algunos de sus proyectos estrella con los que poder presentar una tarjeta de presentación de más enjundia de cara a una posterior convocatoria a finales de año.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que el Gobierno piensa seguir adelante con medidas que considera imprescindible tomar. Aunque admitió que es “complicado” gobernar vía real decreto, no descartó utilizar esta figura para aprobar alguna de las medidas en las que trabajaba el Gobierno. “Daremos soporte a los departamentos ministeriales para que puedan desarrollar los flecos de las políticas que en este momento estaban culminando su tramitación o aquellas cuestiones que sean de urgente necesidad”, precisó la ministra.

Según explicó Montero, el Gobierno tiene “un margen pequeño de cambiar de capítulo o de prioridades” algunas partidas contempladas en las cuentas de 2018 -están prorrogadas-, pero admitió que eso “no se puede comparar con tener Presupuestos con los que un Gobierno se siente cómodo”.

También la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, habló ayer como si nada fuera a ocurrir hoy y anunció que mantendrá su agenda y prevé presentar para junio el plan de Gobierno Abierto.