Miles de personas se congregaron ayer en el centro de Túnez para protestar contra la decisión del presidente de la República, Kaïes Said, de suspender el Parlamento, cesar el Gobierno, recortar las libertades y arrogarse poderes excepcionales en un movimiento de oposición contra “el golpe de Estado” que no cesa de crecer desde hace dos meses.
Convocados por la plataforma Ciudadanos contra el golpe, integrada por políticos y líderes de la sociedad civil provenientes de diversos ámbitos ideológicos, los congregados se reunieron en torno al edificio de la Asamblea Popular pese a los esfuerzos de las unidades antidisturbios de la Policía por obstaculizar el acceso y reprimir por la fuerza la marcha.
Pequeños incidentes y enfrentamientos, que dieron lugar a detenciones, estallaron en diversas partes del recorrido, en particular en la barrera levantada en torno a la Cámara de Comercio. “Estamos aquí para exigir que el Parlamento abra de nuevo sus puertas. No queremos una nueva dictadura, y esto lo es”, explicó Heba Hamidan, que se acercó a la marcha con su marido y una de sus hijas.
A su lado, gritos de “Fuera Kaïes Said”, “Libertad, Libertad” y “Todos contra el estado policial” se pronunciaban en una marcha que congregaba a simpatizantes de los partidos más diversos, desde los conservadores de tendencia islamista Ennahda, primera fuerza en el parlamento, populistas, salafistas e izquierdistas.
La marcha se celebró pese a que el pasado día 8 la Policía tunecina ya impidió una reunión de la plataforma en la que ésta pretendía presentar su programa e instar a la ciudadanía a adherirse a la protesta.
Según explicó entonces Jaouher Ben M’barek, uno de sus impulsores, varios agentes se personaron en el local donde se iba a celebrar el acto, exigieron al dueño una serie de documentos y le impidieron abrir las puertas debido a supuestos errores burocráticos. Sin embargo, minutos después, la plataforma ofreció una rueda prensa en la calle y anunció su deseo de constituirse en un organización dedicada a supervisar el movimiento de oposición al presidente de la República, y las decisiones autoritarias adoptadas el 25 de julio, que la oposición considera “un golpe de estado encubierto”.
