Un Supremo dividido escucha argumentos contra el veto al aborto en Texas

Se han escuchado los argumentos tanto del Gobierno Biden como de las organizaciones que se oponen a la norma aprobada en septiembre

01.11.2021 | 18:03
Manifestantes antiabortistas a las puertas de la Corte

El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó hoy los argumentos del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, y de clínicas abortivas sobre la presunta inconstitucionalidad de la ley en Texas que prácticamente prohíbe el aborto en este estado.

A lo largo de tres horas, el abogado de una coalición de organizaciones y clínicas que ofrecen servicios abortivos, y el Ejecutivo federal desgranaron sus argumentos en dos casos separados contra la norma.

Actualmente la máxima instancia judicial del país tiene una mayoría conservadora, pero se encuentra dividida respecto a esta legislación, que veta el aborto a partir de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas.

De acuerdo a las preguntas que hicieron y según la impresión generalizada en medios de comunicación nacionales, la mayoría de los nueve jueces parece inclinada a permitir que las clínicas sigan adelante en su afán de plantar cara a la ley en los tribunales, no así la Administración de Biden.

La legislación de Texas, estado controlado por los republicanos, entró en vigor en septiembre y ni siquiera contempla excepciones en casos de incesto o violación.

SU APLICACIÓN EN MANOS DE PARTICULARES

Uno de sus aspectos más polémicos es que deja en manos de particulares, y no de funcionarios estatales, como suele ser habitual, su aplicación, ya que cualquier persona puede presentar demandas civiles contra cualquiera que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición.

Asimismo, anima a presentar denuncias al ofrecer una compensación de hasta 10.000 dólares a los demandante si ganan el juicio, lo que fue calificado hoy tanto por el Gobierno de Biden como por las clínicas como un "botín" para implementar una ley, que tiene "un efecto paralizante" de los abortos.

Ese mecanismo hace más complicado llevar la norma ante los tribunales, lo que, para el Ejecutivo federal y los grupos proaborto vulnera la igualdad de los ciudadanos ante la ley y hace que la medida sea inconstitucional.

En septiembre, el Supremo dejó que la legislación entrara en vigor en una decisión muy dividida, con el apoyo de cinco jueces frente a cuatro.

Sin embargo, las cuestiones planteadas hoy por dos de los magistrados que en septiembre se opusieron a bloquear la norma, los conservadores Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett -ambos nominados por el presidente Donald Trump (2017-2021)- podrían indicar que están a favor de que las organizaciones proaborto sigan adelante con su caso.

El abogado Marc Hearron, que representa a las clínicas y otras organizaciones que defienden el derecho a abortar en el estado de Texas, argumentó hoy ante el Tribunal Supremo de EE.UU. que es "anticonstitucional" la ley que prácticamente prohíbe allí esa intervención.

El alto tribunal, de mayoría conservadora, no tendrá que decidir sobre la legalidad o no del aborto, o de esa ley, sino sobre el mecanismo empleado para aplicarla y si el Ejecutivo federal tienen derecho a demandar la norma ante el Supremo.

Por ese motivo, Hearron indicó que con la entrada en vigor de la ley, conocida como SB8, el Congreso de Texas, controlado por los republicanos, "no solo prohibió de forma deliberada el ejercicio de un derecho constitucional reconocido por esta corte, sino que ha hecho todo lo posible para evadir una protección judicial efectiva de ese derecho".

El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EE.UU. en 1973 gracias al fallo del Supremo en el caso "Roe contra Wade", en el que reconoció que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación.

El letrado del Centro para los Derechos Reproductivos subrayó que "esto es excepcional, no tiene precedentes", ya que, agregó, con ese mecanismo Texas "ha convertido el sistema de justicia estatal en una herramienta que puede ser empleada para abolir los derechos constitucionales".

En ese sentido, Hearron advirtió de que esta ley puede proporcionar "una hoja de ruta" a otros estados para acabar con otros derechos reconocidos en la Carta Magna del país.

Debido al "efecto escalofriante" de esta ley, el abogado solicitó al Supremo que emita una orden que evite que los secretarios de juzgados en Texas comiencen a aceptar denuncias contra infractores de la ley.

Buena parte de la sesión estuvo dedicada a estudiar si aquí es pertinente aplicar "Ex parte Young", un caso de 1908 por el que el Supremo reconoció el derecho a presentar demandas en cortes federales contra decisiones de funcionarios estatales, cuando el estado ha actuado contra normas federales y la Constitución.

El abogado Judd Stone, que representa al estado de Texas, dijo en su intervención ante el Supremo que "se supone que los jueces estatales aplican la ley federal de manera fiel".

Y sostuvo que si una persona presenta una denuncia ante un juzgado en aplicación de la ley texana es porque puede sufrir "un daño moral o psicológico extremo" tras saber que una amiga ha decidido abortar.

EL GOBIERNO DE BIDEN DESTACA LA EXCEPCIONALIDAD DE LA LEY ANTIABORTO

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subrayó este lunes ante el Tribunal Supremo la excepcionalidad de la ley que prácticamente prohíbe el aborto en Texas para justificar su decisión de demandar a ese estado por esta norma, que considera "inconstitucional".

La procuradora general del Ejecutivo, Elizabeth Prelogar, explicó ante la máxima instancia judicial del país que "la situación tiene una urgencia adicional, porque lo que Texas ha hecho ha sido tomar un precedente constitucional establecido por esta corte y ha legislado en un claro desafío a ese precedente".

Prelogar se refería al fallo de 1973 del Tribunal Supremo en el caso "Roe contra Wade" por el que el aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EE.UU.

En el caso presentado por el Gobierno de Biden, el Supremo tiene que dirimir si el Ejecutivo federal tiene derecho a demandar a Texas por su veto al aborto.

Prelogar sostuvo que el Gobierno puede denunciar, porque "nunca ha habido una ley exactamente como esta, ningún estado ha buscado nunca desafiar la supremacía de una ley federal ni mantener a las cortes fuera de la ecuación al mismo tiempo". "En la historia de EE.UU., ningún estado ha cometido nunca lo que Texas ha hecho", dijo Prelogar en otro momento de su intervención.

La procuradora general afirmó que Texas ha diseñado la ley en "un intento deliberado de evitar que las cortes federales hagan nada contra una violación constitucional, ningún estado ha elaborado y aplicado un plan como este".

Tras la intervención de Prelogar fue el turno del representante de Texas, el procurador general estatal, Judd Stone, quien aseguró que el Ejecutivo federal "no es un denunciante adecuado", ya que va en contra del principio tradicional de igualdad.

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