El salario mínimo a nivel federal es de 7,25 dólares por hora, lo cual representa unos 1.200 dólares al mes para una persona que trabaja ocho horas al día, cinco días a la semana: unos 14.500 dólares al año. Esto supone vivir justo por encima del umbral de pobreza, que en 2021 se sitúa en 12.880 dólares anuales. Si esta persona tiene dependientes, cae muy por debajo del nivel de pobreza que está en 17.500 dólares para unidades familiares.

Pero más allá de las regulaciones federales, el salario mínimo es una realidad poliédrica en la república. Cada estado regula a su modo los salarios mínimos y algunas ciudades han marcado mínimos por encima de los salarios medios de sus estados. El salario mínimo más alto del país son los 15 dólares de Washington DC.

California tiene el salario mínimo estatal más alto, 14 dólares la hora para las empresas que emplean a 26 o más personas. En la mayoría de los estados menos del 5% de los trabajadores pagados por hora ganan el salario mínimo, 29 de los 50 tienen un salario mínimo superior a mínimo federal y 45 ciudades tienen un salario mínimo superior al de su estado.

Más pobreza en el sur

No obstante, como otro dato de la geografía de la desigualdad, la mayor proporción de trabajadores con salario mínimo se encuentran en estados del Sur, fundamentalmente en Carolina del Sur, Louisiana y Mississippi. Según Oficina de Estadísticas Laborales, unos 392.000 trabajadores vivían del salario mínimo en 2019 y 1,2 millones de trabajadores recibieron un salario por debajo del mínimo federal, lo cual representa el 1,9% de los 82,3 millones de trabajadores pagados por hora.

Pero casi todos los trabajadores del país ganan menos del mínimo de 15 dólares la hora.

Muchos estados y ciudades han aumentado recientemente sus salarios mínimos y, a nivel federal, ha pasado del “dólar la hora” de 1960 a los “7,25 dólares la hora” de 2009. No obstante, si tenemos en cuenta la inflación, se necesitarían 9 dólares por hora en 2021 para tener la misma capacidad adquisitiva que aquella que proporcionaban los 7,25 dólares de 2009. Desde esta perspectiva, el salario mínimo federal se ha reducido. Si convertimos estos dólares en horas de trabajo, en 2009 17 horas de trabajo permitían a una persona con el sueldo mínimo alimentar a una familia de cuatro miembros mientras que hoy serían necesarias 20 horas. Si en 2009 necesitaba trabajar 116 horas para pagar el alquiler, hoy necesitaría 151 horas y, si en 2009 necesitaba 431 horas de trabajo para pagar un seguro médico, hoy necesitaría dedicarle 716 horas de su jornada laboral.

Pensando en todo esto, Biden tuvo la idea “radical” de incluir la subida del mínimo salarial en el paquete de emergencia de 1,9 billones de dólares. Pero la asesora oficial del Senado (Senate parlamentarian) Liz MacDonough ha declarado que esto no es posible ya que, en su opinión, aumentar las condiciones salariales de los trabajadores no tiene nada que ver con una medida de ayuda frente a la pandemia. Tal como señala Noah en su espacio Let’s Get Fiscal, es como si Abraham Lincoln hubiese dicho en Gettysburg que la república se sustenta en un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, “siempre que a Liz le parezca bien”. A fin de cuentas, una persona que no ha sido elegida está determinando y limitando la voluntad de dos cámaras legislativas. Y Trump y otros republicanos tan naranjas como él se complacen al ver que Biden no puede hacer nada, a pesar de contar con la mayoría absoluta en ambas cámaras. Y es que no hacer nada siempre beneficia al arco más conservador.

Muchos de nosotros no entendemos a Liz. La pandemia ha perjudicado especialmente a los trabajadores con salarios más bajos. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, en enero de 2020 había un total de 5,7 millones de desempleados y hoy son 10,1 millones, entre ellos más de dos millones de mujeres. También por colores, las tasas de pobreza y desempleo afectan sobre todo a las poblaciones afroamericana (9,2%) y latina (8,6%) antes que a la incolora (5,7%). En suma, el esfuerzo por aumentar el salario mínimo forma parte de la lucha contra la desigualdad, pero para algunos sigue siendo una “idea radical”.

Desde el Partido Republicano se argumenta que un aumento del salario mínimo destruiría más de 1,5 millones de puestos de trabajo porque obligaría a las pequeñas empresas, muy afectadas por la pandemia, a despedir a sus empleados, particularmente en las zonas más deprimidas. Ignoran sin embargo el impacto que el aumento salarial ha tenido en el pasado. La primera de estas medidas fue la ley de normas laborales justas de 1938, una parte del New Deal que ha sobrevivido a su tiempo. El presidente Franklin D. Roosevelt explicó en su discurso sobre el estado de la Unión de 1938 que, cuando millones de trabajadores reciben “un salario tan bajo que tienen poco poder adquisitivo” no pueden “comprar” por lo que era necesario aumentar los salarios para aumentar el consumo, incentivando así a las empresas a contratar más trabajadores. Y funcionó. Más aún, la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad apolítica, ha predicho que el aumento salarial supondría un flujo de capital de 333.000 millones de dólares si se aplica a los 17 millones de trabajadores cuyo salario es igual o inferior al mínimo. Además, casi un millón de personas serían rescatadas de los umbrales de pobreza y el gobierno gastaría menos en programas de asistencia alimentaria.

Salario mínimo de 15 dólares

Bernie Sanders ha declarado que “un salario mínimo de 15 dólares no es una idea radical… Lo que es radical es que millones de ciudadanos se vean obligados a trabajar a cambio de una propina mientras 650 multimillonarios se hacen 1 billón de dólares más ricos durante una pandemia mundial”. Según Sanders, una gran parte de los estados aumentan automáticamente los salarios mínimos según la inflación por lo que se debería hacer lo mismo a nivel federal, esto es, aumentar el mínimo de forma progresiva, en uno o 1,50 dólares cada año, hasta alcanzar los 15 dólares por hora en 2025. Posteriormente, el Departamento de Trabajo regularía anualmente el aumento según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Pero Liz ha decidido no hacer nada, obligando al Senado a no hacer nada y condenando a millones de personas a vivir bajo los umbrales de pobreza. Y tras un largo y costoso año de proceso electoral nos hacemos dos preguntas, ¿por qué es tan complicado no hacer nada? y, ¿cuál es el costo de no hacer nada?