- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, sostuvo que la igualdad de género es "fundamental" para todos los objetivos de desarrollo sostenible y zanjó que "los derechos de la mujer son derechos humanos".
Asimismo, Guterres subrayó durante su discurso inaugural de la sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que la desigualdad entre géneros y la discriminación contra las mujeres y las niñas todavía constituyen una "enorme injusticia mundial".
En este sentido, criticó que "las leyes que protegen a las mujeres de actos violentos han retrocedido en algunos países", mientras que "otros reducen su espacio comunitario" y "otros aplican políticas económicas y de inmigración que discriminan indirectamente a las mujeres".
Por otra parte, recordó que "el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva está lejos de ser universal". "Debemos hacer retroceder la involución", consideró el secretario general de la ONU.
Durante la reunión, los estados miembros también adoptaron una declaración política en la que se comprometen a incrementar la adopción de medidas que apliquen en su totalidad la Declaración de Pekín sobre la igualdad de género, acordada en 1995.
En este contexto, Guterres, que subrayó que "ningún país del mundo puede afirmar que ha logrado la igualdad de género", recalcó que la Declaración de Pekín solo se ha materializado "parcialmente", ya que los avances que proponía se han "estancado", o incluso, "revertido" en algunas áreas.
Así, detalló que "uno de los legados" del proceso de Pekín fue la creación de movimientos, dando voz a los reclamos de diversos grupos de mujeres de todo el mundo para conseguir un cambio.
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se reúne durante dos semanas en marzo, pero este 64º período de sesiones se ha comprimido a un único día por la preocupación sobre la propagación del coronavirus.
Las reclamaciones feministas en latinoamérica han seguido después del 8-M y enfilan ahora hacia el ámbito político para lograr medidas concretas contra la violencia machista y a favor de la igualdad y la legalización del aborto. Los Gobiernos de Uruguay, El Salvador y Bolivia tratan ya de paliar estos problemas sociales con guías y planes de contingencia.
