El genocidio de los rohinyás, a juicio por primera vez en La Haya

Suu Kyi no intervino en el juicio, pero escuchó atentamente las alegaciones de los abogados de Gambia, un pequeño Estado africano de algo más de dos millones de habitantes que ha contado con el respaldo de los 57 países de la Organización para la Cooperación Islámica para presentar la denuncia.

“Todos los genocidios ocurridos en la historia han tenido sus propias causas, con su contexto político único, pero esto no sucede de la noche a la mañana, sino que está precedido de una historia de desconfianza y propaganda que deshumaniza a los otros”, declaró al comienzo de la vista oral el titular de Justicia de Gambia, Abubacarr Tambadou.

El ministro gambiano agregó: “Cuando deshumanizamos al otro, nos deshumanizamos a nosotros mismos como seres humanos”, y señaló que los actos de genocidio solo pueden ocurrir “cuando existe indiferencia en la comunidad internacional”. “Otro genocidio está sucediendo ante nosotros, pero no hemos hecho nada para pararlo”, y “lo único que pide Gambia es que se le diga a Myanmar que detenga estos asesinatos sin sentido, estos actos de barbarie que siguen escandalizando nuestra conciencia colectiva”, remarcó Tambadou. Suu Kyi tuvo que escuchar, en boca de los abogados de Gambia, los duros testimonios de víctimas rohinyás, como el de una madre cuyo hijo fue golpeado por militares birmanos hasta la muerte o el de una mujer embarazada que fue violada repetidamente.

Entre las medidas cautelares solicitadas por Gambia están que Birmania “tome todas las medidas a su alcance para prevenir todos los actos que constituyan o contribuyan al delito de genocidio”, se dice en el pliego de la denuncia. Eso incluiría que se eviten crímenes como “ejecuciones extrajudiciales o abusos físicos, violaciones u otras formas de violencia sexual, quemas de casas o pueblos, y la destrucción de tierras y ganado”, entre otros.

convención de ginebra Gambia se ha basado en la Convención de Ginebra para plantear el caso y sus abogados presentaron informes elaborados por la ONU, que ha documentado la violencia sufrida por unos 700.000 rohinyás que huyeron de Birmania a Bangladés desde octubre de 2016. El éxodo de esta minoría musulmana se debió a una campaña militar del ejército de Birmania, pero ese país ha defendido que actuó contra grupos insurgentes que supuestamente atacaron puestos policiales y fronterizos.

El amparo de Suu Kyi a los militares a pesar de sus supuestos crímenes es total, aseguraron los abogados de Gambia, que mostraron un cartel desplegado recientemente en Birmania para anunciar el comienzo del juicio. En él se ve a la premio Nobel de la Paz con miembros del Ejército y del Gobierno bajo el lema Estamos todos juntos, mientras se ve de fondo el Palacio de la Paz de La Haya, sede de la CIJ. Ese apoyo explícito demostraría que Suu Kyi no tiene intención de tomar medidas para evitar los abusos de los militares contra los rohinyás, según los abogados de Gambia.

Mientras se celebraba la vista oral, entre 100 y 150 personas se manifestaron frente a la CIJ con pancartas en favor de los rohinyás y fotos de Suu Kyi con la palabra “¡Vergüenza!” escrita sobre ella. Una contramanifestación de un grupo menor, compuesto por unas diez personas, desplegó un cartel con otra imagen de la líder birmana en la que se decía: “Te queremos, estamos contigo”.

La jornada de ayer martes se reservó para la acusación de Gambia y está previsto que Suu Kyi, que obvió las preguntas de los periodistas a su llegada y salida de la CIJ, presente hoy la defensa de Birmania. Su presencia en La Haya se explica en clave interna, pues cuenta con el apoyo de una buena parte de la población de Birmania, que considera a los rohinyás como inmigrantes ilegales que deben irse a Bangladés pese a haber vivido en el país durante siglos.

Los magistrados anunciarán en las próximas semanas o meses si aceptan total o parcialmente las medidas cautelares solicitadas por Gambia, ya que el juicio por el fondo del asunto podría alargarse durante los próximos años.