Ginebra - La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió ayer diálogo entre el Gobierno de Chile y la sociedad civil para “calmar la situación” después de varios días de violencia y disturbios en los que han muerto al menos once personas y cerca de 50 resultaron heridas. “Exhorto al Gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación e intentar abordar los agravios de la población en interés de la nación”, destacó la expresidenta chilena en un comunicado. “Es esencial que todos los actos que han provocado lesiones y muerte, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, sean sometidos a investigaciones independientes, imparciales y transparentes”, añadió la alta comisionada. Bachelet urgió a las distintas partes a “evitar la polarización de palabra o de hechos” y dijo sentirse “preocupada y triste de ver la violencia, la destrucción, los muertos y los lesionados en Chile en los últimos cinco días”. Subrayó que “cualquier aplicación del estado de emergencia debe ser excepcional y en base a la ley” y mencionó que se han recibido informaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad y del Ejército, o de que a algunos detenidos se les habría denegado acceso a abogados.
La alta comisionada subrayó que tras la violencia desatada, que se ha saldado con la detención de más de 1.900 personas, “el uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación, y se corre el riesgo de generar miedo”.
como en tiempos de Pinochet Los helicópteros militares sobrevolando las calles desiertas de Santiago durante el toque de queda y las Fuerzas Armadas resguardando los supermercados son estampas de estos días en Chile que evocan a los chilenos los años más oscuros de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La militarización de Chile para combatir los disturbios y saqueos que se registran en varias ciudades desde el viernes pasado, y que han causado once muertos, son un déjà vu de tiempos que parecían olvidados en un país que se consideraba un remanso de paz dentro de la agitada América Latina.
El alza del precio del boleto del metro de Santiago fue la mecha que prendió el fuego de un estallido de violencia, con incendios, saqueos y disturbios que llevaron al Gobierno a dejar en manos de los militares el orden público en las principales ciudades del país.
La situación se agudizó con el decreto de toque de queda nocturno, una medida inédita en Chile desde la recuperación de la democracia. Esta restricción dejó barrios de la capital desiertos y en completo silencio, una calma que solo interrumpía el ruido de los helicópteros militares y policiales y las sirenas de los camiones de bomberos que se desplazaban para atender alguna emergencia.
La mesura de la actuación policial ha sido duramente cuestionada por organismos pro derechos humanos, que denuncian un uso desmedido de la fuerza en las detenciones, torturas y vejaciones a menores de edad.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) constató el caso de un niño herido de bala en el hígado y el riñón, una niña con un perdigón en la pierna y seis personas con lesiones oculares, todas ellas, sostuvo, provocadas por agentes de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas. En las redes sociales se han difundido varios vídeos que reflejan la violencia policial. En uno de ellos aparecen dos policías pateando una persona, a la que le dan diez segundos para que huya corriendo y luego le disparan por la espalda. - Efe
