Es ilegal. El Alto Tribunal de Escocia dictaminó ayer que la suspensión del Parlamento británico hecha por el primer ministro, Boris Johnson, así lo era y se pronunció a favor de un grupo de políticos de todos los partidos que desafiaron la decisión del primer ministro, mientras la oposición pedía la vuelta a la normalidad en Westminster.
La decisión se hizo pública horas después de que comenzase la actual suspensión de cinco semanas del Parlamento londinense el martes, un proceso conocido como prórroga y que se extenderá hasta el próximo 14 de octubre, cuando se celebre el tradicional discurso de la Reina.
En total, un grupo que agrupa a más de 75 parlamentarios y favorables a que Reino Unido siga en el bloque común, encabezados por la parlamentaria del SNP Joanna Cherry, son quienes están detrás de este desafío legal.
Los jueces escoceses fueron unánimes a la hora de señalar que Johnson quiere con este movimiento “obstaculizar el Parlamento”, subrayando que su petición a la Reina Isabel II de Inglaterra fue ilegal, por lo que el cierre debía ser declarado nulo y sin efecto. “Las circunstancias en las que se produjo el consejo del Primer Ministro a la Reina y el contenido de los documentos demuestran que esa fue la razón verdadera de la suspensión”, especifica el texto.
De haber ocurrido esto, el exministro conservador, Dominic Grieve, que fue expulsado del partido la semana pasada por el primer ministro tras votar en contra de un Brexit duro, tiene claro que Johnson debe renunciar, ya que se encuentra en medio de “una posición insostenible”.
Para los jueces está claro que el primer ministro tory está intentando evitar que el Parlamento haga rendir cuentas al gobierno antes del Brexit, previsto para el 31 de octubre. Una decisión con la que se anula un fallo anterior del tribunal, que había dicho la semana pasada que el sucesor de Theresa May no había violado la ley.
Desde la oposición, el partido laborista, los liberaldemócratas y el Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) pidieron que el Parlamento recupere la actividad de inmediato tras la citada sentencia judicial, pero Downing Street respondió diciendo que esto no sucederá hasta que se sepa la decisión de la Corte Suprema de Londres, que tratará una apelación con urgencia el próximo martes, ya que existen sentencias contradictorias en los tribunales ingleses y escoceses.
Además, en la oficina del primer ministro también intentaron distanciarse de los informes que citan a fuentes del Número 10 apuntando a que los jueces escoceses tienen prejuicios políticos, por estar en un territorio que rechaza mayoritariamente el Brexit, e insistieron en que el primer ministro tiene un “respeto absoluto” por la independencia del poder judicial.
Johnson ha insistido por activa y por pasiva en que es una práctica totalmente normal para un nuevo gobierno prorrogar el Parlamento, y que era “absurdo” sugerir que estaba intentando socavar la democracia. A falta de responder a las preguntas de los parlamentarios en Westminster, el primer ministro sí que respondió en redes sociales a las de la ciudadanía, donde negó liderar un “régimen autoritario”.
consecuencias de un brexit duro Al final de la jornada de ayer, el propio gobierno de Boris Johnson hizo público, a regañadientes y tras ser obligado por el Parlamento, el documento confidencial que reconoce que habrá falta de alimentos frescos y subidas de precios en caso de un Brexit abrupto, siendo los grupos de ingresos bajos los que se verán desproporcionadamente más afectados.
El documento de cinco páginas de la conocida como Operación Yellowhammer reconoce que podrá haber posibles desórdenes públicos y falta de combustible en algunas zonas del país, pero también apunta a que en Gibraltar podría haber colas de más de cuatro horas para entrar y salir del peñón durante meses, demoras que durarían tres meses en los cruces de canales, así como aumentos “significativos” de los precios de la electricidad y el impacto negativo en los medicamentos.
En total, contiene un total de 20 “supuestos razonables de planificación del peor de los casos”, entre los que destaca las protestas en todo el Reino Unido, que pueden absorber cantidades significativas de recursos policiales. Sin embargo, un párrafo ha sido redactado debido a “sensibilidad comercial”. Esta operación fue destapada por la periodista del Sunday Times, Rosamund Urwin, quien recibió filtrados los documentos originales en agosto y quien ayer señaló que pocas cosas han cambiado de los que ella recibió.
Para la oposición laborista, definen como “completamente irresponsable” que el Gobierno haya tratado de ignorar estas severas advertencias y exigieron la publicación de mensajes privados entre los principales asesores de Downing Street sobre la suspensión de cinco semanas del parlamento, pero el gobierno lo rechazó, tildándolo de “inapropiada”.
