La UE, bajo presión para que se investigue su política migratoria

En las 245 páginas del escrito, construido con testimonios y documentos internos de la Unión, los juristas describen una política premeditada para contener los flujos migratorios en el Mediterráneo a sabiendas del riesgo que esta implicaba para la vida de los migrantes.

Dos de los abogados que han participado en la elaboración del informe -Juan Branco y Omer Shatz- han viajaron ayer al Parlamento Europeo en Bruselas para plantear, la de mano de Izquierda Unitaria (GUE), su queja ante el inmovilismo de la Corte, que un mes después de la acusación sigue sin abrir una investigación.

Horas después de conocerse la entrega del documento, la CE reaccionó relacionando las muertes con una serie de errores. Para Juan Branco, Bruselas admitía así su implicación a pesar de alegar que no fuera intencional. “No entendemos por qué la fiscalía no ha abierto inmediatamente una investigación”, denuncia, alegando que “se trata de uno de los casos más graves que la fiscalía ha tenido que tratar en la historia”.

Los abogados calculan que entre enero de 2014 y julio de 2017, al menos 14.500 migrantes se ahogaron en el Mediterráneo y entre 2016 y 2018, más de 40.000 personas fueron interceptadas y trasladadas a la fuerza a centros de detención en Libia. Para Branco y Shatz no tiene sentido que en otros casos la Corte haya intervenido de manera inmediata y no lo haga en este, en el que “es muy fácil investigar porque todos los archivos se encuentran en París, Bruselas, Roma y Berlín”.

En referencia a la cadena de responsabilidades, los abogados han insistido en que La Haya “no puede complacerse con ir contra el actor más frágil”. El escrito diferencia entre tres niveles de responsabilidad: los políticos -entre los que se encuentran líderes de la UE y de los Estados miembros-, los burocráticos y administrativos -que han formulado las políticas migratorias- y los ejecutantes, principalmente los actores libios.

“La credibilidad de la Corte depende de su capacidad de extender sus investigaciones no solamente a los ejecutantes de políticas que fueron impulsadas por otros actores potentes, sino a esos actores potentes y a los que elaboran las políticas”, señaló Branco. Su compañero Shatz, indicó que esta división de responsabilidades “no es un fenómeno nuevo en derecho penal”, al contrario, la separación entre el ejecutante y el instigador a la hora de dirimir las culpas forma parte “la estructura típica” con la que opera la CPI.

Otro argumento para abrir investigación, según los abogados, es el hecho de que las políticas “criminales” comunitarias sigan en curso, al contrario que en muchos casos investigados por La Haya, que solo pueden estudiarse a posteriori. Además, los juristas señalan el papel que puede jugar la Corte para “defender a los más vulnerables y a los que tienen menor voz para reivindicar sus derechos”, como forma de ganar legitimidad para la propia institución.

Los abogados también muestran su rechazo a las políticas de puerto cerrado llevadas a cabo por algunos Estados miembros y denuncian la criminalización del trabajo que sufren las ONG de ayuda humanitaria en el Mediterráneo. Otro foco de denuncia está en los campos de detención en Libia, donde los migrantes son internados pese a las violaciones de derechos humanos que se producen en su interior. Para Branco y Shatz, la UE está mostrando un “doble rasero” al pedir que se evacúen a los migrantes de estos centros ante el estallido de la guerra, mientras sigue enviando a Libia a las personas que llegan a suelo europeo por el mar.

Sobre las penas que esperan conseguir si prospera la investigación, los abogados pasan el balón a la Corte. “Nosotros damos las pruebas, pero no somos la fiscalía”, apuntó Shatz. “No esperamos condenas, solo que se abra una investigación y que se determine cuál es el grado de intencionalidad”, explican.