Washington - El Gobierno de EE.UU. sancionó ayer a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela por la detención y muerte del militar Rafael Acosta Arévalo, cuyo caso ha provocado la indignación de buena parte de la comunidad internacional.

“El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fue injustificada e inaceptable”, afirmó el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, en un comunicado. Mnuchin reiteró que “el Departamento del Tesoro está comprometido con poner fin al trato inhumano que el antiguo régimen de Maduro da a los opositores políticos, civiles inocentes y miembros del Ejército, en un esfuerzo por suprimir la disidencia”.

El Gobierno del presidente Donald Trump suele referirse al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, como “expresidente” y, además, denomina a su Ejecutivo “antiguo régimen” porque considera que el jefe de Estado legítimo de Venezuela es el líder opositor Juan Guaidó, que ha sido reconocido como tal por 54 naciones.

Como resultado de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro quedan congeladas todas las propiedades que la Dgcim pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y se le prohíbe hacer transacciones financieras con cualquier persona que se encuentre en EE.UU.

El 29 de junio, el Gobierno de Maduro confirmó la muerte de Acosta Arévalo, quien se encontraba bajo custodia de los funcionarios de la Dgcim y había sido arrestado ocho días antes por su supuesta participación en un plan para derrocar al presidente. Según su defensa y portavoces de la oposición, Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando se presentó ante un tribunal militar, no podía mantenerse en pie o hablar.

Dos militares de la Guardia Nacional Bolivariana han sido detenidos por su supuesta responsabilidad esa muerte. Sin embargo, el Departamento del Tesoro consideró ayer que los arrestos son insuficientes y consideró que el fallecimiento de Acosta Arévalo en circunstancias poco claras es “solo la muestra más reciente de brutalidad perpetrada por una agencia notoria por sus métodos violentos”.

Informe de la ONU La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció recientemente que los servicios de inteligencia de Venezuela -la Dgcim y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)- han sido responsables de “detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores políticos y de sus familiares”. Esas acusaciones fueron recogidas en el informe que Bachelet presentó el 4 de julio tras visitar Venezuela en junio y en el que denunciaba graves crímenes de Estado como la comisión de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019. Después de que se confirmara la muerte del militar venezolano, el Gobierno de EE.UU. ya responsabilizó del suceso a Maduro y sus “asesores cubanos”. - Efe