“El proceso penal es hostil para las mujeres”

Cuando simbolizamos la Justicia todos vemos una figura togada con los ojos tapados y con una balanza cuyo fiel solo lo marcan los actos; es la idea de ecuanimidad y equidad como máxima aspiración de Justicia a la que aspiramos con esta representación, pero en la realidad cotidiana esta impartición imparcial ecuánime y equitativa de justicia tiene un sesgo en contra de las mujeres que algunas personas tildan de patriarcal. “El caso de las Manadas ha despertado este punto de atención e incluso de alarma entre los profesionales que perciben que entre la ciudadanía se ha generado gran perplejidad cuando a una violación flagrante se la tiende a motejar tan solo de mero abuso, sin quitar importancia al hecho del abuso, que ya de por sí es denigrante”, sostiene Garbiñe Biurrun, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. “Las sentencias de Navarra o Manresa han espabilado a la sociedad, al tiempo que la han indignado”, recalca Biurrun, para quien la Justicia, al igual que la sociedad, es patriarcal.

La terminología En el ámbito judicial europeo/mediterráneo en el que nos movemos la ley tiende a ser interpretada mucho más literalmente que en el mundo anglosajón, donde la aplicación particular de cada magistrado tiene una relevancia mucho mayor. Así que en nuestro contexto social más cercano se plantea como imprescindible ajustar estrictamente la terminología a los hechos para que no puedan existir interpretaciones tan disonantes entre magistrados en el proceso penal. Para la abogada Juana Balmaseda, exvicedecana del Colegio de la Abogacía de Bizkaia y representante en el protocolo interinstitucional de la Abogacía en Emakunde, es evidente que la justicia penal y de familia tiene todavía una herencia patriarcal innegable, “porque pese a la Constitución, de la que derivan las Leyes de Igualdad, deja claro que no puede haber conductas discriminatorias, lo cierto es que existen en todas las áreas del Derecho: en el penal y civil. Es mucho más fácil cambiar las legislaciones que las mentalidades; por ello salen resoluciones judiciales resultantes de actitudes machistas, porque la sociedad lo es y la judicatura es un reflejo de la misma”, añade Balmaseda.

interpretación Es aquí precisamente donde más coinciden nuestras interlocutoras: la interpretación tan dispar a que puede dar lugar el mismo hecho. Así que, en primer término, estas expertas proponen un código mucho más preciso, a la par que abogan por todo un cúmulo de actuaciones informativas y formativas para todos/as los profesionales de la judicatura, porque la violencia existe contra todos y no solo contra las mujeres, pero es claro que sí hay una violencia notoriamente específica contra las mujeres por el hecho de serlo. “Y esto no es debido tan solo al género como algunos grupos quieren presentar, sino a la desigualdad de base de las mujeres patente en todos los ámbitos sociales (dificultad para el acceso al trabajo, discriminación salarial, menor formación, estereotipos de cuidadoras o limpiadoras, más dedicación a tareas domésticas, menor presencia en lo público?)”, indica Miren Ortubay, doctora en Derecho Penal, profesora en la Universidad del País Vasco y especialista en violencia sexista.

Para la criminóloga, “el proceso penal es lo más patriarcal de toda la justicia, donde mejor se aprecian los prejuicios que siempre han estado ahí contra las mujeres; sesgos muy profundos”, explica. “Lo que se está haciendo es una justicia sexista en contra de las mujeres; para juzgar de una forma neutra, los operadores jurídicos tienen que tener como condiciones de base la desigualdad existente. Ahora empiezan a verse sentencias del Tribunal Supremo en las que aplican perspectivas de género y lo único que hacen es adjudicar más penas; esto es creer que con más dureza para las agresiones habrá más protección para las mujeres y no es verdad. No creo que la principal petición de las mujeres sean más penas, eso se está reivindicando desde otras instancias empeñadas en gobernar con el castigo en vez de atender a las causas de los problemas; se manipula la demanda de las mujeres”, dice

desigualdad En esta misma línea, la abogada de familia, Salomé Ayo, considera que la violencia es la punta del iceberg de un problema de fondo: el sexismo de la sociedad y la mayor desigualdad que siguen sufriendo las mujeres. “La violencia es lo que se ve, pero el principal problema que existe y vivimos en todos los ambientes es la desigualdad”, explica en plena coincidencia con el resto de las interlocutoras. Aunque piensa que es muy positiva la existencia de muchas mujeres en la Judicatura, reconoce que no es sinónimo de que desaparezcan los prejuicios “que siguen existiendo contra las mujeres. Nos encontramos con jueces muy machistas que continúan poniendo en tela de juicio las denuncias de las mujeres; un sistema penal que no está pensado para la violencia contra las mujeres, por lo que se cuestiona con facilidad la verosimilitud de la denuncia de las mujeres”, se lamenta Ayo.

Precisamente, la penalista Ortubay, al igual que Ayo, recalca que lo que las mujeres pedimos de la Justicia es que “no se nos trate como lo hace la sociedad patriarcal. Una sociedad que siempre sospecha que las mujeres exageramos, mentimos. Y así nos están tratando los jueces”, apostilla, al tiempo que reconoce que la formación para todos los operadores jurídicos es básica. “Hay que educar en lo que significa el sistema sexista en el que vivimos con sus estereotipos de género”.

Para Esther De Miguel Ramos, abogada de Turno de Oficio de Violencia de Género de Bilbao, “la formación es clave, ya que cada día que trabajo se producen de media dos casos; los niveles de violencia son altísimos”, indica muy consciente, al igual que el resto de sus compañeras, de que la Justicia es machista. “Se va avanzando y cada vez hay más hombres que se conciencian; creo que también tiene que ver con la edad. A los letrados mayores les cuesta ver a las mujeres en igualdad; los jóvenes contribuirán con una buena formación en perspectiva de género a que no se produzcan sentencias que nos indignen a toda la ciudadanía”, recalca.

En las mujeres Desigualdades sociales que con harta frecuencia coinciden de manera más concomitante y con mayor intensidad en las mujeres, que de este modo ven ligado su género con dichas desigualdades. La consecuencia evidente es que el proceso penal, sea para la causa judicial que sea, ya empieza ahí a ser diferente y más hostil para ellas. “Por esto mismo, la impartición de justicia que no tome en consideración estas desigualdades de base va a ser menos justa para mujeres que para hombres. No tanto porque haya una discriminación de género como punto de partida en el proceso penal, sino porque este proceso partirá de una situación de desigualdad”, subraya Balmaseda, para quien algunos aspectos del Código Penal chirrían. “Se hacen divisiones entre abusos y agresiones sexuales; los legisladores debieran de variar tanto la expresión legal como la interpretación judicial; la ciudadanía no entiende que el delito contra una joven drogada a la que varios individuos han penetrado sea tipificado como abuso y no como agresión sexual. Usar la palabra abuso es quitarle la carga de gravedad que tiene; el lenguaje es muy importante para reconocer lo que significa la dignidad de las mujeres y las personas”.

Salomé Ayo resume el pensamiento de las cinco: “en pleno siglo XXI somos herederos/as de toda una historia muy patriarcal y de una tradición jurídica donde durante el franquismo se ponía en tela de juicio la honestidad de las mujeres. El Código del 95 reconoció que no se podía poner el foco en la honestidad, sino en el derecho a la libertad de la mujer que se ha vulnerado. Ahora hay que insistir en el consentimiento de las mujeres en las relaciones sexuales. Todo lo que no sea así es delito”.