Bilbao - La semana pasada la actualidad quiso que la campaña electoral coincidiera con el conocimiento de una sucesión de recursos judiciales a instancias del delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, contra una serie de consultas a celebrar en diversos municipios vascos al objeto de constatar la opinión ciudadana sobre asuntos variados. Desde la desanexión de Itsaso de Ezkio a la opinión de los vecinos de Basauri sobre un proyecto urbanístico local y hasta la prevista en Donostia sobre la celebración de festejos taurinos en la capital guipuzcoana.
Y la coincidencia es fruto de la actualidad y no de la casualidad porque ha sido una de las constantes de la legislatura que concluye en Euskadi -íntimamente vinculada a la que, aunque acabada, sigue prolongándose por mor del fracaso político en España- la reiterada y sistemática estrategia de intervención de la Delegación del Gobierno en la CAV por vía de recursos contencioso-administrativos.
Esta vocación de conflictividad se puede situar fácilmente tanto en el tiempo como en el ámbito de sus objetivos con sólo repasar las sucesivas memorias de actividad de la propia Abogacía del Estado.
El momento es la llegada del Partido Popular al Gobierno español a finales de 2011 y los elementos objeto de esta estrategia son el reforzamiento de la identidad española a través de la presencia de sus símbolos en las instituciones vascas -bandera y lengua- y la defensa del relato del PP sobre el terrorismo -con el argumento de la apología o el escarnio a las víctimas- frente a actos políticos o reivindicativos relacionados con la situación de los presos de ETA.
A ello se une un tercero, comentado más arriba, con un menor número de casos pero con otro denominador común: impedir la celebración de consultas municipales con independencia de la temática o el alcance de las mismas; se trata de asentar el principio de que ninguna institución, salvo el Gobierno del Estado, puede consultar a los ciudadanos.
Empezó con la consulta de desanexión del barrio donostiarra de Igeldo y llega incluso a recurrir la de Itsaso, que no obstante seguirá adelante pues ya ha anunciado la Diputación Foral de Gipuzkoa que es ella la promotora y no el municipio, que ha sido destinatario del recurso.
Recursos sistemáticos
No es baladí la dimensión de esta estrategia. Basta compararla con el período anterior a la entrada de Carlos Urquijo al frente de la Delegación del Gobierno, a principios de 2012, que ha contado con la fundamental cooperación de la abogada jefe del Estado en la CAV, Macarena Olona, fiel escudera de sus iniciativas.
El delegado del Gobierno es un veterano conocido de la política vasca con una larga trayectoria en el Partido Popular; Olona llegó a Euskadi en noviembre anterior y fue elevada a la dirección de la delegación en la CAV por la controvertida Abogada General del Estado, Marta Silva de Lapuerta, elegida por el gobierno de Rajoy , hija de ministro franquista y sobrina del extesorero del PP incluido en el sumario de la supuesta caja B del partido, Álvaro Lapuerta.
A falta de datos oficiales de la última memoria de la Abogacía del Estado, correspondiente a 2015, suma en los tres años anteriores (2012-2014) hasta 780 recursos contencioso-administrativos de los que se jacta el último informe remitido desde la sucursal vasca como aportación a la Memoria de la Abogacía.
Los ejes de la actuación de la Abogacía del Estado a instancias de Urquijo en materia de recursos no difieren en exceso de los que tradicionalmente han practicado sus predecesores, pero su incremento es exponencial.
En materia de símbolos, el pulso sostenido en el tiempo por un buen número de ayuntamientos vascos en su negativa a exhibir la bandera española en sus fachadas o por la colocación de otras no oficiales -esteladas o republicanas- se traduce, según la memoria de 2014 en un total de 223 recursos contra ayuntamientos de los tres territorios. En el año 2011, justo antes de la llegada de Urquijo al cargo y de que empezara a fluir el tándem político-jurídico con Olona, los recursos por esta materia fueron 32. Y se da la curiosa circunstancia de que es en Euskadi , a instancias de Urquijo, donde se produjo la primera sentencia condenatoria de un Tribunal Contencioso Administrativo por la exhibición de la bandera independentista catalana.
Al lado de este conflicto de evidente raíz identitaria, está el del euskera, al que desde la Delegación se le aplica un criterio similar en lugar de cultural. Urquijo ha hecho de la persecución de las comunicaciones monolingües otro casus belli. Además de la Diputación de Gipuzkoa cerca de un centenar de ayuntamientos han sido requeridos o denunciados por manejar comunicaciones internas, convocatorias públicas o remitir información a terceros (entre ellos a la propia Delegación) en euskera y no en castellano. Solo en el año 2014 se presentaron por estos conceptos hasta 61 recursos a la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la CAV.
El relato después de ETA
El otro motivo de recurso clásico por parte de los delegados del gobierno han sido las iniciativas que particulares o instituciones -fundamentalmente ayuntamientos- que reivindicaran el acercamiento de los presos de ETA, la recepción de sus miembros excarcelados o la dotación de ayudas económicas al traslado de los familiares a prisiones alejadas de Euskadi. Fueron 55 los recursos presentados en un año (2014) en este capítulo y 87 durante el reciente de control de la Delegación del Gobierno por parte del PP. En las dos legislaturas españolas anteriores, bajo mandato socialista y con otro equipo jurídico al frente de la Abogacía del Estado, solo se produjeron once.
Otro aspecto que suma decenas de recursos en este ámbito es el referido a las convocatorias de concentraciones a favor de los presos políticos y de ETA o en demanda de su acercamiento. La relación exponencial en función de los titulares de la Delegación del Gobierno y la Abogacía salta también a la vista: 109 en el período del tándem Urquijo-Olona frente a 8 en la legislatura anterior.
Tras esta actitud subyace una interpretación de la realidad de Euskadi cuyo sesgo político dejaba ver en julio pasado, la abogada jefe de la CAV, Macarena Olona, durante su intervención en un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial. En él, Olona lamentaba que la Audiencia Nacional ya no aprecie delito de enaltecimiento del terrorismo en las convocatorias de estos actos, con antelación a su celebración. Algo que ella sí considera que debe perseguirse preventivamente y, destacaba la sensibilidad a ese respecto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV (la misma a la que ha recurrido cerca de un millar de veces en estos años) y llegaba a calificarla de “guardiana de la memoria”.
Ese sesgo político se aplica incluso a las iniciativas del Gobierno vasco sobre convivencia y resarcimiento de víctimas de las diferentes violencias y que ya se ha traducido en el recurso presentado contra el decreto de declaración y reparación de víctimas de la violencia entre 1960 y 1978. Recurso para el que espera hallar en la citada sala del TSJPV la misma sensibilidad que dice haber encontrado y aplaude en materia de presunto enaltecimiento.
Olona ponía marco ideológico a esa traba al resarcimiento de víctimas cuando sostuvo que adoptará todas las medidas para impedir que las víctimas de ETA sean equiparadas a las de “supuestos abusos” policiales. En el marco de esa reflexión, la prioridad descrita por Olona tenía una naturaleza descrita en términos más propios quizá de un cargo político que de un miembro de la carrera judicial: “el caballo de batalla ahora no es tanto si debe haber acercamiento de presos o no sino exigir con contundencia, incluso saliendo a la calle si es menester, la fijación de un relato veraz para evitar una dignificación de las acciones de ETA y de los verdugos en lugar de la de las auténticas víctimas”.
