MADRID. La firma del documento, que se ha celebrado en la sala Constitucional, una de las más solemnes y que está presidida por los retratos de los siete "padres" de la Carta Magna, ha contado con la presencia de los equipos negociadores de PSOE y Ciudadanos, encabezados por sus respectivos portavoces, Antonio Hernando y Juan Carlos Girauta.
El extenso documento del acuerdo, que Sánchez y Rivera van a detallar en una comparecencia de prensa, recoge el programa de ese nuevo ejecutivo, en el que destaca una reforma de la Constitución, una reforma fiscal y laboral, una defensa cerrada de la unidad de España y un rechazo frontal a la consulta en Catalunya.
CORRUPCIÓN
El PSOE y Ciudadanos se han comprometido a no incorporar a sus listas electorales a personas investigadas --figura actual para denominar a los imputados-- por delitos de corrupción y a cesar a los que, desde la firma de este documento, pasen a esa situación judicial y la Fiscalía lo mantenga.
Así consta en el pacto de compromiso contra la corrupción que han cerrado ambos partidos en el marco de su acuerdo para un gobierno progresista y reformista que han firmado este miércoles el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
En este acuerdo, los dos partidos se comprometen a trabajar para poner en marcha "medidas urgentes de carácter preventivo, de control y sanción" que, entre otras cosas, garanticen que se proceda al cese de altos cargos "cuando se les abra juicio oral por algún delito doloso". Además, quieren que se suspenda a concejales y parlamentarios a los que se abra jucio oral por las mismas razones.
Pero, al margen de esto, Ciudadanos y el PSOE han llegado a un "pacto complementario" en materia de lucha contra la corrupción que pone un listón más exigente.
Así, se comprometen a no incorporar a las listas electorales ni proceder al nombramiento de altos cargos, a partir de la fecha, de personas con la condición de investigadas a iniciativa del Ministerio Fiscal por delitos relacionados con la corrupción que
impliquen enriquecimiento para el afectado.
De la misma manera, se comprometen a "cesar a los altos cargos y pedir el acta a los cargos electos que, a partir de la fecha de este acuerdo, pasen a situación de investigados mantenida por el Ministerio Fiscal por delitos relacionados con la corrupción.
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y GASTO SOCIAL
PSOE y Ciudadanos se comprometen "de forma inequívoca" con la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal en su acuerdo para la investidura del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, pero también afirman que no aplicarán "ningún recorte de gasto social" en esta legislatura.
El documento, que recoge Europa Press, parte del reconocimiento de que España tiene "un problema de déficit de las administraciones públicas" y de que el nuevo Gobierno estará "comprometido de forma inequívoca" con la estabilidad presupuestaria.
Sin embargo, creen que "la consolidación de las cuentas públicas "no se puede hacer a costa de reducir aún más" el nivel de bienestar, sino que debe pasar por la renegociación de los objetivos de déficit con la Unión Europea para pactar una senda que dependerá de "la situación real de las finanzas públicas heredada" del actual Ejecutivo, dado que aún no se conoce el cierre del déficit de 2015, y que en cualquier caso debe llevar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad (3%) a 2017, y no a finales de este ejercicio como está previsto.
"BLINDAR" LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES
Además, tanto socialistas como 'ciudadanos' abogan por "blindar" los derechos sociales que recoge la Constitución "elevándolos a derechos fundamentales y garantizando una financiación pública suficiente".
Algo que, en la práctica, pasa por modificar el artículo 135 de la Constitución, que fue reformado en el verano de 2010 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con el acuerdo del PP para consagrar la estabilidad presupuestaria y dar prioridad al pago de la deuda sobre cualquier otra consideración.
El acuerdo rubricado este miércoles por los líderes de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, recoge su compromiso de determinar el "alcance de la estabilidad social del Estado" a la que se refiere dicho artículo de la Constitución como "criterio que justifica la superación de los límites de déficit y deuda pública, y sus implicaciones en la garantía de dotación presupuestaria para los grandes servicios públicos".
En sus programas electorales, el PSOE apostaba por reformar este artículo en línea con lo que finalmente se ha incluido en el acuerdo, mientras que Ciudadanos únicamente reconocía "compartir" el precepto del equilibrio estructural de las cuentas públicas y señalaba que su cumplimiento es compatible con sus propuestas de lucha contra el paro y mejora de las finanzas públicas.
GASTO MAS EFICIENTE Y MAS RECAUDACION FISCAL
En estrecha relación con el nivel de déficit público, el documento se refiere a los cambios que se deben aplicar sobre el gasto público y los ingresos tributarios.
En concreto, se aboga por "mejorar la eficiencia" en el gasto eliminando duplicidades y revisando de forma "integral e independiente" el gasto de las administraciones mediante una 'spending review', potenciando la evaluación de los programas de gasto público que realiza la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas (AEVAL) y asegurando la "total independencia" de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Por el lado de los ingresos, Ciudadanos ha hecho prevalecer su condición 'sine qua non' de que cualquier reforma tributaria debe elevar la recaudación pero "sin subir los impuestos a la clase media trabajadora", y para ello habrá de pasar por ejes generales como "desplazar parte del peso" de la carga hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos, mejorar la eficiencia, simplificar el sistema y combatir "decididamente" el fraude.
Sin embargo, el documento no aporta muchos más detalles sobre cómo se articulará esta reforma fiscal, ya que sólo se señala que se constituirá una Comisión de Expertos cuyas recomendaciones deberán estar listas para que la reforma "integral" del sistema pueda entrar en vigor en 2017.
NO SE SUBIRAN LOS TIPOS DE IRPF
Como concreciones, PSOE y Ciudadanos sólo señalan que se reducirá la tributación de las rentas del trabajo a través del IRPF "cuando la situación presupuestaria lo permita" y, mientras tanto, no se subirán los tipos, y que se acercarán los tipos efectivos de Sociedades a los nominales.
Además, la formación naranja acepta estudiar un Impuesto extraordinario sobre las Grandes Fortunas "para ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario", y armonizar Sucesiones y Donaciones y Patrimonio --que gestionan las comunidades autónomas-- estableciendo una horquilla de bases y tipos mínimos y máximos para todo el país.
Reducir el IVA cultural al 10%, promover el mantenimiento del IVA del libro en el 4% e impulsar en la UE su equiparación para el libro electrónico, y sustituir el Impuesto de Matriculación por uno sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx).
LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Finalmente, el documento aboga por impulsar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal y, para ello, PSOE y Ciudadanos se comprometen a crear aprobar un Estatuto de la Agencia Tributaria, aumentar sus medios, instituir una Oficina Nacional de Control Fiscal de Grandes Fortunas en este organismo y devolverle el control tributario sobre las SICAV.
Además, proponen limitar los pagos en efectivo en las transacciones financieras a los 1.000 euros --actualmente son 2.500 euros--, garantizar el derecho de los consumidores a poder pagar con tarjeta cualquier bien o servicio de más de 25 euros, revisar el régimen de estimación objetiva y reformar el delito fiscal para "endurecer las penas y alargar los periodos de prescripción".
Finalmente, el documento incluye la eliminación de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVS), revisar la lista de paraísos fiscales, exigir a las entidades financieras que informen sobre las operaciones de sus clientes con ese tipo de países, endurecer las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o el fraude, reforzar el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y exigir que quienes se acogieron a la 'amnistía fiscal' de 2012 paguen los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno les "perdonó ilegalmente" al aplicarles finalmente un tipo del 3% en lugar del 10% previsto.
